El Ministro de Justicia y Ariel Lijo viajaron juntos a París para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional en medio de la investigación por el patrimonio de Manuel Adorni, una causa que justamente está en manos del magistrado.
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se llevó al juez federal Ariel Lijo a París para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde Argentina debe rendir cuentas sobre su desempeño en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La inclusión de Lijo en el viaje, que arrancó este lunes, no es menor. Se trata del magistrado a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recientemente admitió que no declaró 500 mil dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Esa omisión, según advierten en los tribunales de Comodoro Py, configura por sí sola el delito de omisión maliciosa, que puede acarrear inhabilitación perpetua. El jefe de Gabinete de Javier Milei estaría buscando que la causa gire en torno a ese eje para evitar ser juzgado por enriquecimiento ilícito.
En cuanto a Mahiques, vale mencionar que no es un ministro sin historia: tanto él como su padre, el camarista Carlos Mahiques, figuran entre los participantes del viaje a Lago Escondido de octubre de 2022, cuando un grupo de jueces, fiscales, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se reunió en la mansión del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia.
El escándalo incluyó la filtración de chats donde los involucrados debatían cómo construir una versión alternativa de los hechos. Juan Bautista Mahiques negó públicamente haber participado, aunque su nombre constaba en el listado oficial del vuelo.
A ese historial se suma la discusión en curso por los pliegos judiciales: el Ejecutivo busca cubrir decenas de vacantes en la Justicia Federal, y varios de los nombres en juego tienen vínculos directos con los protagonistas de este viaje.
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El viaje de Mahiques y Lijo a París
La delegación argentina que llegó este lunes a la capital francesa está encabezada por Mahiques y Lijo, y también integra Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y ex secretario de Lijo.
Rodríguez Ponte es uno de los candidatos mencionados para ocupar el juzgado federal vacante de Lomas de Zamora, precisamente uno de los pliegos pendientes en el Congreso.
Desde el oficialismo aseguraron que Lijo no fue convocado por el Gobierno argentino sino por el propio GAFI, en su carácter de juez federal con causas de corrupción activas. También precisaron que los integrantes viajaron por separado. En total, la delegación suma alrededor de 18 personas de distintas áreas del Estado.
Lo cierto es que el juez tiene una relación llamativa con el oficialismo, ya que fue uno de los dos candidatos que el presidente intentó nombrar en la Corte Suprema de Justicia de forma intempestiva y por decreto el año pasado. La iniciativa no prosperó, pero dejó clara la opinión de Casa Rosada sobre el magistrado.
El plenario se desarrolla en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se extenderá hasta el viernes, cuando su presidenta ofrecerá una conferencia de prensa virtual. Los delegados exponen y debaten de forma confidencial, sin acceso de la prensa.
En cuanto al GAFI, vale mencionar que fue creado en 1989 por los países del G7 con el objetivo de coordinar la lucha contra el lavado de activos. Al año siguiente publicó sus 40 recomendaciones, que se convirtieron en la principal referencia internacional para combatir los delitos económicos y financieros. Hoy reúne a representantes de más de 200 jurisdicciones.
Argentina fue sometida a una evaluación integral a fines de 2024 y esta semana debe presentar los avances registrados desde entonces.
El diagnóstico del organismo no es favorable: el GAFI señaló que el país debe fortalecer sus investigaciones por lavado vinculado a la corrupción y a los servicios financieros informales, aumentar las confiscaciones y mejorar el desempeño en causas sobre el mercado inmobiliario.
En materia de condenas, el número es considerado “modesto”: solo 91 personas fueron condenadas por lavado de dinero. En cuanto al financiamiento del terrorismo, el organismo reconoció que Argentina cuenta con un marco normativo adecuado, pero advirtió sobre la falta de fiscales especializados y la escasez de condenas.
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La situación judicial de Adorni
Casualmente, el gobierno se vio involucrado en casusas por lavado y corrupción en más de una oportunidad. La que más avanzó de ellas fue la vinculada a las coimas en ANDIS, por la que fue procesado Diego Spagnuolo, extitular del organismo.
El año pasado también se produjeron avances en la investigación por el patrimonio de José Luis Expert. El exdiputado quedó en el ojo de la tormenta por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico y lavado, Fred Machado.
El caso que acaparó la discusión pública más recientemente fue el de Adorni. En los tribunales crece la convicción de que el funcionario de Milei no podrá justificar el origen de su patrimonio.
El jefe de Gabinete presentó una declaración jurada elaborada por contadores y supervisada por su abogado, pero desde el ámbito judicial la consideran insuficiente. Ahora deberá respaldar cada afirmación con documentación concreta.
Parte central de su explicación gira en torno a las criptomonedas: según su propio relato, él y su esposa invirtieron 200.000 dólares (descritos como ahorros acumulados “de toda la vida, en negro”) y obtuvieron una ganancia de 300.000 dólares entre 2014 y 2018. Para acreditar esas operaciones deberá aportar incluso las claves de acceso a las billeteras virtuales.
El problema es que al reconocer públicamente que no incluyó esos fondos en sus declaraciones juradas, Adorni quedó expuesto a una acusación adicional: el delito de omisión maliciosa, previsto en el artículo 268(3) del Código Penal.
Este establece penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua para quienes, obligados por ley, omitan maliciosamente presentar su declaración patrimonial. En Comodoro Py interpretan que Adorni podría estar apostando a que lo juzguen por este delito antes que por enriquecimiento ilícito, cuya pena es considerablemente más grave.
El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación de bienes que, según pudo reconstruirse, ya supera las 150 páginas. Ese documento es la instancia previa a un eventual llamado a indagatoria, que solo se activará si Adorni no logra demostrar el origen de su crecimiento patrimonial.
En paralelo, Pollicita solicitó a la agencia recaudatoria ARCA que remita de forma urgente las declaraciones juradas del funcionario y su esposa correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.
