Javier Milei y Juan Bautista Mahiques firmaron un decreto para flexibilizar los requisitos para designar jueces de la Corte Suprema, en medio del escándalo patrimonial de Manuel Adorni. El libertario ya había intentado poner 2 jueces por decreto el año pasado.
Tras el fracaso del intento de Javier Milei de incorporar dos jueces a la Corte Suprema sin el respaldo parlamentario necesario, el presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron un decreto que elimina los principales mecanismos de participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados del máximo tribunal.
Fuentes de la Casa Rosada adelantaron que la norma se publicaría en el Boletín Oficial en los próximos días.
¿Qué implica el decreto de Milei y Mahiques?
Milei y Mahiques ya firmaron el instrumento legal que modifica de raíz el decreto 222/03, dictado en 2003 por Néstor Kirchner y conocido como de “autolimitación presidencial“.
Esa norma establecía un mecanismo que obligaba al Poder Ejecutivo a publicar el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos tanto en el Boletín Oficial como en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días, y habilitaba un período de 15 días para que ciudadanos, ONG y colegios profesionales presentaran impugnaciones.
El nuevo decreto elimina esa instancia de participación civil por completo. Suprime los tres artículos que garantizaban la intervención de organizaciones de la sociedad, la academia y la prensa en el proceso, y también elimina la obligación de publicar las postulaciones en medios gráficos.
En su reemplazo, incorpora la difusión de las candidaturas en la página oficial del Ministerio de Justicia y acorta los plazos generales del trámite.
Además, el decreto elimina las recomendaciones que el decreto de Kirchner incluía para que el Ejecutivo contemplara la diversidad de género, la especialidad y la procedencia regional de los candidatos al momento de realizar las propuestas.
Si bien el propio gobierno ya había ignorado esas pautas al postular al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte, la eliminación formal de esa recomendación consolida una práctica que ya venía siendo habitual.
En materia patrimonial, la norma establece un régimen uniforme de información: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá un plazo fijo para informar la situación fiscal de los candidatos, y los postulantes deberán presentar sus declaraciones juradas de bienes en un plazo de cinco días, según lo previsto en la Ley de Ética Pública.
Desde la Casa Rosada, el argumento oficial para justificar los cambios fue la necesidad de eliminar lo que definieron como una “duplicación de instancias administrativas” entre el Ministerio de Justicia y el Senado, donde los candidatos igualmente deben atravesar audiencias públicas, recibir impugnaciones y obtener el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes.
Sostienen que la participación ciudadana queda garantizada en esa etapa parlamentaria. Como suele ocurrir con iniciativas de este tipo, el gobierno eligió el término “modernizar” para describir una medida que, en los hechos, concentra en el Ejecutivo la capacidad de designar jueces de la Corte con menos escrutinio externo y en plazos más cortos.
El anuncio puso de inmediato en alerta a las organizaciones dedicadas a la transparencia y la lucha anticorrupción.
Aunque la mayoría de ellas prefirió esperar a conocer el texto completo del decreto antes de pronunciarse públicamente, la preocupación fue inmediata ante la eliminación de herramientas que históricamente habían funcionado como contrapesos al poder presidencial en uno de los procesos más sensibles del sistema judicial.
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El decreto llega en el marco de una aceleración más amplia del gobierno para cubrir vacantes en la Justicia Nacional y Federal. El Ejecutivo ya envió al Senado cien pliegos de candidatos a jueces y fiscales que habían pasado el examen en el Consejo de la Magistratura. De ese total, 74 obtuvieron el acuerdo del Senado y aguardan la firma presidencial para asumir sus cargos.
El escenario también tiene como telón de fondo el escándalo por la declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, que enfrenta una causa judicial que podría agravarse ahora que confesó el delito de evasión de impuestos para salvarse de ser procesado por enriquecimiento ilícito.
El antecedente fallido y la nueva apuesta
El decreto llega después de uno de los episodios más controvertidos del gobierno en materia judicial. En 2025, Milei intentó designar por decreto a Lijo y a García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema, apelando a la figura del acuerdo en receso del Congreso.
La maniobra generó un rechazo transversal y el gobierno debió dar marcha atrás: ninguno de los dos candidatos logró quedarse en el cargo (Lijo ni siquiera asumió). La Corte, que la ley prevé que esté integrada por cinco jueces, hoy funciona con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El propio Milei había señalado en reiteradas oportunidades su preferencia por esperar hasta después de 2027 para cubrir las dos vacantes, convencido de que un buen resultado electoral le permitiría contar con el respaldo suficiente en el Senado para imponer sus candidatos sin necesidad de negociar con la oposición.
Sin embargo, el ministro Mahiques considera que el momento político ya es favorable para avanzar: el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, para renovar su acuerdo como juez de la Cámara de Casación, obtuvo 58 votos en el Senado, una cifra superior a los dos tercios necesarios para aprobar un juez de la Corte.
Además, el martes de la semana pasada, Milei recibió en la Quinta de Olivos al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. El encuentro, al que no asistieron ni Karina Milei ni el propio Mahiques, habría servido para que Lorenzetti convenciera al presidente de acelerar la integración del tribunal.
Según la información disponible, el magistrado le acercó dos nombres concretos: el camarista de la Casación Penal Mariano Borinsky y la jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, Karina Perilli, ambos con vínculos cercanos al propio Lorenzetti.
La movida resulta llamativa por varios motivos. En primer lugar, porque los candidatos que habría sugerido Lorenzetti no tienen una afinidad particular con el presidente, lo que implica que Milei estaría avalando postulaciones que fortalecerían la posición del magistrado dentro del propio tribunal.
En segundo lugar, porque la estrategia no incluye al peronismo, que cuenta con los votos necesarios en el Senado para facilitar o bloquear cualquier designación. Resta definir quienes serán finalmente los candidatos de Milei y qué nivel de acuerdo consiga con las demás bancadas.
Otros sectores del ámbito judicial impulsan el nombre de la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y figura cercana al presidente de la Corte, Rosatti. Su postulación suma otra variable a un escenario complejo para el Poder Ejecutivo.
