La Justicia de Estados Unidos condenó a Fred Machado a seis años de prisión por los delitos de fraude y lavado de activos. En paralelo, la Justicia argentina investiga los vínculos del empresario con José Luis Espert, quien ya fue procesado por un contrato millonario para una asesoría que no realizó.
El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado fue sentenciado este martes a seis años de prisión por la justicia federal de Texas. Los delitos son conspiración para lavar activos y fraude electrónico. La pena fue dictada por el juez Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había pactado con la Fiscalía.
La sentencia fija dos penas de 72 meses, una por cada delito, que deberán cumplirse en forma simultánea. No se suman, por lo que el total es de seis años. Una vez cumplida la pena, Machado deberá pasar tres años en libertad supervisada. El magistrado también le impuso una multa y una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo.
Quedó pendiente la definición sobre cuánto deberá restituir a las víctimas. Ese punto se discutirá en una audiencia fijada para el 17 de febrero de 2027, al mediodía, en el tribunal federal de Sherman, Texas.
El entorno de Machado sostiene que podría recuperar la libertad “pronto”. Sus allegados buscan que se le compute el tiempo de detención en la Argentina, que ronda los cuatro años y medio. De aceptarse ese planteo, le restarían cumplir cerca de un año y medio de condena. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia en una cárcel estadounidense.
El juez también rechazó planteos de la defensa y avaló el pedido de los fiscales de dejar sin efecto decenas de cargos y ampliaciones de la acusación original. Cabe recordar que Machado logró esquivar la acusación por narcotráfico, pese a que su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, sí fue condenada por este cargo.
Condenaron a Machado por fraude y lavado en EEUU: Una de las pruebas complica a Espert
Los negocios de Fred Machado
Machado fue arrestado en la Argentina en abril de 2021 y permaneció detenido en el país hasta su extradición a Estados Unidos, en noviembre de 2025. La acusación original, formulada en 2020, incluía un cargo por narcotráfico internacional, que preveía una pena mínima obligatoria de diez años.
Al principio, el empresario se declaró inocente y estaba dispuesto a ir a juicio por jurados. Sin embargo, el 13 de mayo de 2026 cambió su estrategia: admitió su responsabilidad por los delitos económicos. A cambio, la Fiscalía retiró la imputación por narcotráfico.
La causa reconstruyó un esquema para captar inversiones mediante supuestas compraventas de aviones. Según la investigación, Machado operaba desde Florida a través de sociedades como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, junto con otras firmas que participaban en las transacciones.
Se ofrecían aeronaves que no estaban disponibles para la venta o que pertenecían a terceros. La justicia estadounidense llegó a hablar de un “Esquema Ponzi”. El acuerdo con la Fiscalía menciona tres casos concretos.
El primero, del 28 de febrero de 2019, involucraba un avión de All Nippon Airways. El segundo, del 27 de diciembre de 2019, se refería a una aeronave de una empresa privada ubicada en China.
El tercero ocurrió el 12 de noviembre de 2020 y tuvo como eje un avión de Air India que no estaba a la venta. Se firmó un contrato por un depósito reembolsable de 5 millones de dólares, de los cuales 550.000 dólares fueron transferidos a cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.
Espert se negó a declarar en la causa que lo investiga por lavado de activos
El vínculo con José Luis Espert
Machado financió y facilitó aviones para la campaña presidencial de 2019 de José Luis Espert. Además, en enero de 2020, el entonces diputado recibió una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada al empresario.
El movimiento figura en la documentación judicial estadounidense y se relaciona con la aeronave de matrícula N28FM, que Machado usaba en sus viajes a la Argentina. Inicialmente, el libertario negó la relación con el empresario, pero a medida que surgieron las pruebas, debió admitir que tenía un vínculo y declinar su candidatura en 2025.
Espert sostuvo que el dinero era un anticipo por una consultoría de un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala, que supuestamente no se concretó por la pandemia de Covid-19. Reconoció que Machado le facilitó aviones para recorridas políticas y para la presentación de su libro, aunque afirmó que desconocía sus antecedentes delictivos.
La causa argentina tramita en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con investigación del fiscal Fernando Domínguez. Se inició por una denuncia del diputado Juan Grabois, presentada antes de las últimas elecciones legislativas.
En octubre pasado, Mirabelli procesó a Espert por presunto lavado de activos. Consideró que había elementos suficientes en relación con los 200.000 dólares recibidos de una firma vinculada a Machado. Le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país.
El juez también procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos. A la sociedad familiar Varianza SA le fijó un embargo de 500 millones. Espert apeló el procesamiento y negó haber cometido un delito.
