Desesperado por sumar dólares, Luis Caputo anunció una nueva baja de retenciones para beneficiar al campo el mismo día en el que el Gobierno de Javier Milei presentó a través del Consejo de Mayo sus reformas para profundizar el ajuste sobre los argentinos.
Mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre áreas sensibles del Estado como salud y educación, le quita retenciones al campo, renunciando a parte de la recaudación ante la urgencia de conseguir dólares para pagar los próximos vencimientos de deuda de enero, que alcanzan los 2.700 millones de dólares en bonos con fecha del 9 de ese mes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el sector agropecuario. La soja pasará del 26% al 24% de alícuota, los subproductos de soja del 24,5% al 22,5%, el trigo y la cebada del 9,5% al 7,5%, el maíz y el sorgo del 9,5% al 8,5% y el girasol del 5,5% al 4,5%.
Se trata de la segunda rebaja en lo que va del año, después de que en septiembre el Gobierno dispusiera una suspensión total de las retenciones durante tres días para que el campo liquidara 7.000 millones de dólares. Esta reiteración de medidas de urgencia desenmascara la incapacidad del Gobierno de acumular reservas genuinas incluso después de las elecciones.
La liquidación por granos y cereales cayó en picada durante octubre y noviembre, precisamente porque la eliminación temporal de septiembre vació el stock remanente. Las cerealeras exportaron en octubre un 56% menos que en el mismo mes de 2024 y un 84% menos que en septiembre, mientras que en noviembre la liquidación fue un 32% menos que en octubre.
Lo cierto es que varios analistas ya habían advertido que la intempestiva reducción de las retenciones serviría para que ingresaran divisas en el corto plazo, pero terminaría causando problemas en los meses posteriores.
“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, destacó Caputo, quien afirmó que eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei.
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Una pérdida fiscal millonaria en medio del ajuste
Más allá de la urgencia por conseguir divisas, la medida implica renunciar a cientos de millones de dólares en recaudación del Estado, recursos que financian servicios como salud y educación. Las estimaciones del impacto fiscal oscilan entre 500 y 700 millones de dólares para 2026.
El economista Ramiro Costa, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, calculó que “el alivio fiscal asociado a esta nueva baja de los derechos de exportación ronda los u$s 600 millones para el sector productivo y la cadena en su conjunto”.
El CEO de Romano Group, Alfredo Romano, estimó un impacto “cercano a los u$s 580 millones, con soja y subproductos aportando el 59% del total”. La consultora LCG proyectó el costo en u$s 700 millones en 2026, equivalente a 0,1% del PBI.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la combinación de la baja de retenciones y la reducción de contribuciones patronales implican un costo fiscal total de u$s 4.031 millones, equivalente a 0,65% del PBI. Según ese análisis:
“Sólo la baja de retenciones reporta un costo cercano a u$s 500 millones, casi el doble del presupuesto anual del Ministerio de Salud en 2026“.
Un cálculo basado en las exportaciones de soja y derivados de enero a octubre de este año (que alcanzaron los 16.156 millones de dólares) indica que la baja de dos puntos porcentuales implicará una pérdida de casi 400 millones de dólares solo en esta oleaginosa, sin contar el impacto en otros granos y cereales.
Esta cifra de varios cientos de millones de dólares en beneficios para el campo evidencia cuál es la prioridad de un Gobierno que se resiste a aceptar una pérdida fiscal similar a la hora de establecer políticas a sectores castigados como jubilados, discapacitados, científicos o docentes.
Pese a que el oficialismo presenta la medida como un alivio para mejorar la competitividad, actores del sector reconocen que su efecto en la liquidación será marginal.
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“Indudablemente es una excelente noticia por lo inesperado, pero no va a influir en la liquidación porque es poco” el porcentaje de baja en la alícuota, advirtió José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria (FAA).
“La época de cosecha gruesa ya pasó. Ahora se está levantando el trigo, que sí va a aprovechar la mejora, pero no tiene grandes valores y no va a mover tanto la balanza de entrada de dólares”, agregó Volando.
Fuentes del sector indicaron que en el campo ya estaban advirtiendo al Gobierno que con el actual valor del dólar liquidarían solo lo necesario para cubrir costos.
El experto Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores, explicó que “las ventas de soja venían muy lentas, el precio está planchado en aproximadamente 500.000 pesos por tonelada”, y reconoció que la medida busca “empujar un poquito los precios” para que el productor venda.
Los números de la industria contradicen a Caputo
“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos“, cerró su mensaje el ministro de Economía. Sin embargo, los datos de la industria argentina (ya castigada por los tarifazos y la apertura importadora) contradicen estas afirmaciones.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el sector privado perdió 138.573 puestos de trabajo registrados, de los cuales 42.406 correspondieron directamente a la industria manufacturera. En el mismo período cerraron 1.974 empresas industriales y 1.790 firmas de la construcción.
Según un relevamiento de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), el 75% de los sindicatos indicó que la situación general del último trimestre empeoró respecto al anterior. Las ventas retrocedieron en 58,3% de los casos y la producción cayó para 62,5% de los gremios consultados.
Las exportaciones se redujeron en un 62,5%, duplicando la caída registrada meses atrás. Ninguna de las medidas impulsadas por el gobierno para favorecer el campo logró revertir el impacto del industricidio al que condenó al sector manufacturero.
El informe detectó más adelantos de vacaciones (54,1%), retiros voluntarios (50%) y jubilaciones anticipadas (41,7%), además de recortes de horas extras y aumento de suspensiones. Los despidos también crecieron: el 58,3% de las organizaciones señaló un incremento durante el último trimestre.
En cuanto a las negociaciones salariales, el 33,3% de los acuerdos quedan por debajo de la inflación y el 60% apenas logra empatarla. Solo el 4% logra aumentos reales.
Las perspectivas tampoco son alentadoras: el 86,4% de los sindicatos industriales prevé que la situación económica del próximo trimestre será peor. Ninguno espera una mejora. Mientras el Gobierno prioriza el alivio fiscal para el campo, la industria nacional enfrenta uno de sus momentos más críticos.
