Whirlpool se sumó a la lista de empresas que decidieron cerrar sus fábricas en el país por el desplome de ventas y aumento indiscriminado de las importaciones que provocaron las políticas de Javier Milei, una decisión que dejó a 220 trabajadores en la calle.
Whirlpool anunció esta semana el cierre definitivo de su planta de lavarropas ubicada en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar, dejando sin empleo a 220 trabajadores. La fábrica había sido inaugurada en octubre de 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, quien incluso participó personalmente del acto.
Apenas tres años después, con Javier Milei en la Casa Rosada, la planta cierra sus puertas ante la caída del consumo interno y el avance de las importaciones. Paradójicamente, fue la administración libertaria que hizo de la inversión privada una de sus banderas de campaña la responsable de crear las condiciones para el cierre masivo de fábricas.
Si bien la Provincia de Buenos Aires se lleva la peor parte de las políticas del Gobierno Nacional, la lista de empresas que cierran sus puertas aumenta día a día en todo el país. Desde Tierra del Fuego hasta Santa Fe y San Luis, el panorama industrial muestra un deterioro sostenido que impacta en miles de familias argentinas.
Whirlpool y el fin de un proyecto millonario
La decisión de Whirlpool fue comunicada el miércoles por la mañana sin previo aviso a los empleados. La multinacional estadounidense argumentó que el modelo productivo no logró alcanzar los niveles de eficiencia necesarios en un contexto de consumo debilitado y un incremento marcado de las importaciones.
La empresa confirmó que se trata de una “reconfiguración estructural” de su operación en Argentina, pasando de una actividad industrial a una meramente comercial. La planta de 30.000 metros cuadrados había demandado una inversión de USD 52 millones y fue diseñada para producir 300.000 lavarropas anuales, con el 70% destinado a exportación.
En su mejor momento, el establecimiento llegó a emplear a más de 450 personas entre puestos directos e indirectos, y la compañía había adquirido incluso un terreno lindero para futuras expansiones. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy diferente a las proyecciones iniciales.
Lejos de las 300.000 unidades anuales previstas, la fábrica estaba produciendo apenas 150.000 lavarropas, mientras que las exportaciones se ubicaban 20 puntos porcentuales por debajo de lo planificado. En las últimas semanas, la producción había caído a 400 unidades diarias, cuando un año atrás alcanzaba entre 500 y 600 equipos.
Los despidos abarcaron tanto al personal de producción como a sectores vinculados con la operatoria de la planta, incluyendo áreas de ingeniería y control de calidad. Desde mayo de 2024, la filial había iniciado una reconfiguración interna que incluyó la eliminación de un turno de producción y la reducción de 60 puestos de trabajo.
Whirlpool mantendrá en el país su estructura comercial y de distribución, donde continuarán empleadas entre 100 y 120 personas. Ahora todos los productos serán importados, principalmente desde Brasil y China. El destino de la planta de Pilar aún no ha sido definido.
“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido administración y recursos humanos; cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, relató Ignacio Cabezas, empleado de la planta y delegado de la UOM, en declaraciones a medios locales.
Según explicó Cabezas, los empleados permanecieron reunidos en la playa de estacionamiento sin intención de retirarse hasta recibir respuestas concretas. “Hasta ayer veníamos produciendo normal, y hoy de golpe fue el cierre”, contó otro de los operarios afectados.
La explicación que recibieron del directorio fue una caída abrupta en las ventas y la pérdida de competitividad frente a productos importados, en parte por la política cambiaria del Gobierno Nacional, pero principalmente por la apertura indiscriminada de las importaciones.
Cabezas detalló que un lavarropas Whirlpool de siete kilos se vendía entre $800.000 y $1.000.000, mientras que “una marca china puede conseguirse a mitad de precio”, lo que habría desplazado la demanda hacia productos de origen asiático.
Desde la empresa admitieron que la apertura de importaciones fue uno de los factores determinantes. “Nos dijeron que es más barato traer el producto de afuera y venderlo, que no quieren fabricar más en la Argentina. De palabra aseguraron que se van a pagar las indemnizaciones, pero no firmamos nada”, añadió uno de los trabajadores.
La Unión Obrera Metalúrgica comenzó inmediatamente las negociaciones con la empresa para definir el esquema de salida, que incluiría la indemnización completa más un plus. El gremio también planteó la posibilidad de reasignar parte del personal despedido para tareas de despacho de productos en stock, aunque la compañía aún no dio una respuesta concreta a este planteo.
Cierre de empresas y pérdida de empleo
El cierre de Whirlpool se inscribe en un panorama laboral mucho más amplio y preocupante. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas retrocedió en 276.624 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, desde que Javier Milei asumió la presidencia.
El empleo formal cayó 2,81% en ese período, lo que equivale a más de 432 puestos menos por día, pasando de 9.857.173 a 9.580.549 trabajadores. Los datos fueron relevados por el CEPA a partir de información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El sector más afectado en términos absolutos fue “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con una reducción de 86.982 trabajadores en los veintiún meses de gobierno libertario.
Esta caída refleja los recortes que la administración realizó en todas las áreas del Estado con despidos, cierres de ministerios, secretarías, direcciones, programas y retiros voluntarios.
Le siguieron “Construcción” con 76.292 puestos perdidos; “Servicios de transporte y almacenamiento”, con 59.838; e “Industria manufacturera”, con 55.941 empleos eliminados.
En términos relativos, Construcción fue el sector más golpeado, con una caída del 16% en su dotación de personal. Luego aparecen Servicios de transporte y almacenamiento (-11,2%) y Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-7,1%).
La crisis también se reflejó en la cantidad de empleadores: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el número de empresas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica 19.164 firmas menos, casi 30 cierres diarios.
El sector más perjudicado fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 4.685 empleadores. También mostraron retrocesos importantes Comercio (-3.510), Servicios inmobiliarios (-2.952), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.053), Industria manufacturera (-1.974) y Construcción (-1.790).
Las empresas de hasta 500 empleados fueron las más afectadas: concentran el 99,63% de los cierres, equivalentes a 19.094 firmas. En cambio, las compañías de más de 500 trabajadores explican solo el 0,37% (70 casos).
Al desagregar la pérdida de puestos por tamaño de empresa, el informe revela que el ajuste se concentró en las firmas más grandes: las compañías con más de 500 empleados explican el 68,15% del total de puestos eliminados, equivalentes a 188.525 bajas. En términos porcentuales, el empleo en grandes firmas se retrajo 3,94%, pasando de 4.782.973 a 4.594.448 trabajadores.
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La crisis industrial se expande por todo el país
Aunque la Provincia de Buenos Aires concentra una parte significativa de los cierres industriales, el fenómeno se replica en diferentes puntos del territorio nacional. En San Luis, la autopartista multinacional Dana anunció el cierre definitivo de su fábrica en Naschel.
Dana es una empresa líder mundial especializada en la fabricación de piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos. El cierre definitivo fue comunicado a medio centenar de empleados un lunes por la noche mediante mensajes de WhatsApp, y la decisión habría sido tomada desde la casa matriz ubicada en Estados Unidos.
“Es lamentable. La verdad que nos sorprendió tanto a los trabajadores como a nosotros como organización. No esperábamos esto. De hecho, la semana anterior habíamos tenido una reunión donde nos comentaban que la producción de la planta estaba, si bien no estaba en un pico, pero estaba estable para la dotación de personal que tenía, y se estaban programando las vacaciones”, indicó Víctor Gómez, secretario adjunto de la UOM de Villa Mercedes.
El cierre de la planta generará además la interrupción de al menos 40 puestos indirectos vinculados a proveedores y servicios de la región. La empresa garantizó el pago del 100% de la indemnización correspondiente prevista por ley.
En Santa Fe, la metalúrgica Cramaco (en realidad DBT, nombre adoptado tras un cambio de dueños en 1999) anunció que frena su producción y despedirá a 35 obreros, lo que representa cerca del 90% de su grilla de empleados. La empresa, ubicada en Sastre, está dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos, y ahora se dedicará a importar productos.
Cramaco se asoció en 2003 con la multinacional española Himoinsa, consolidándose como líder del mercado local con una participación del 85% y exportaciones a América, Europa y Asia. La lista de despedidos incluye a personas con décadas de dedicación, incluyendo personal con 40, 37 y 28 años de antigüedad.
“De los 57 trabajadores, ayer (por el martes) fuimos despedidos 35. De ese total, 33 integran en el sector de producción y los dos restantes son administrativos. Quedan solo 22 empleados pero nadie de producción. Esto refleja la intención de la empresa”, sostuvo Jorge Herrador, delegado de la UOM en la firma, con más de 25 años de antigüedad en la fábrica.
En la planta santafecina se fabricaban íntegramente los alternadores, que ahora pasarán a importarse. “Ahora se venderá la importación; no se va a producir más nada acá”, confirmó un allegado a la empresa. La firma no cerrará, sino que operará como un depósito y centro de ensamblaje, con solo dos o tres empleados de logística.
La reducción es un nuevo golpe para Sastre, una ciudad de alrededor de 6.000 habitantes donde la planta de DBT era uno de los principales motores económicos. La planta llegó a tener, en septiembre de 2024, un stock de 120 grupos electrógenos, mientras las ventas mensuales apenas alcanzaban entre 10 y 12 unidades.
En Tierra del Fuego, a menos de un mes de la visita de campaña del presidente Javier Milei a las instalaciones de Newsan, la principal empresa electrónica de la provincia, la compañía despidió a 150 trabajadores, entre efectivos y contratados. La decisión generó un fuerte impacto en Ushuaia.
Los telegramas de despido comenzaron a llegar de manera escalonada, incluso a personas con más de 10 y hasta 14 años de antigüedad. En varios casos, las notificaciones se emitieron sin causa y mientras los trabajadores estaban de vacaciones o con licencia médica. “Nos echaron sin aviso previo. Fue para todos por igual”, contaron desde el sector.
Paradójicamente, el 25 de septiembre Milei recorrió la planta junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos fueguinos de La Libertad Avanza. Durante esa jornada, el mandatario había destacado el “potencial del régimen de promoción industrial” y prometido “reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional”.
Newsan, fundada en 1991 y con sede en Ushuaia, es uno de los principales grupos industriales del país. Produce televisores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos para marcas como Philco, Noblex, Sanyo, Atma y Siam, además de exportar productos pesqueros bajo su división Newsan Food.
Emplea a más de 7.000 personas en sus plantas fueguinas, aunque en los últimos años viene aplicando ajustes periódicos ante la reducción de los beneficios del régimen industrial y las dificultades del mercado interno.
