La Justicia le permitió a Leonardo Scatturice adquirir OCA y reestructurar su deuda, incluidos $80.000 millones que la empresa adeuda a ARCA. El empresario ya había comprado Flybondi, tiene varios contratos con el Gobierno de Javier Milei y entre sus clientes está, casualmente, el organismo recaudador.
Leonardo Scatturice logró incorporar el correo privado OCA a su grupo de empresas después de que la Justicia comercial habilitara un esquema de refinanciamiento favorable para la deuda de $100.000 millones que mantiene la compañía, de los cuales $80.000 millones corresponden a obligaciones con la ARCA.
Se trata del empresario argentino radicado en Estados Unidos que, junto al estadounidense Barry Bennett, funcionan como puentes entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Scatturice, en particular, proviene del mundo de la inteligencia y es un empresario cercano a Santiago Caputo, asesor presidencial y coordinador de la SIDE.
La operación adquiere relevancia adicional porque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero es simultáneamente acreedora de OCA y cliente comercial de OCP Tech, una de las firmas del grupo Scatturice que ha obtenido contratos millonarios con distintos organismos del Estado durante la gestión de Javier Milei.
La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por las juezas Matilde Ballerini y Guadalupe Vázquez, revocó una decisión de primera instancia y autorizó el concurso preventivo de OCA-Log. La resolución permitió incluir la deuda fiscal dentro del proceso concursal, argumentando la necesidad de preservar la continuidad empresarial y los empleos.
Según la documentación judicial, OCA declaró activos por $77.000 millones frente a pasivos por $100.000 millones. Previamente, el juez Guillermo Pesaresi, del Juzgado Comercial N° 22, había rechazado la apertura del concurso. En su análisis, Pesaresi sostuvo que OCA era una empresa operativamente viable sin estado de cesación de pagos.
El magistrado evaluó los estados contables de los últimos tres ejercicios y determinó que la facturación neta de la compañía, descontados impuestos, costos laborales y gastos operativos, arrojaba una ganancia aproximada de $23.720 millones anuales, equivalente a cerca de $2000 millones mensuales. También cuestionó la información presentada por la empresa.
Marcelo Spanghero, docente universitario en Derecho Concursal y Comercial y director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón, explicó que la ley de Concursos y Quiebras contempla la confesión de cesación de pagos como válida en procesos de quiebra, pero no de manera expresa para concursos preventivos.
Señaló que, según el análisis del juez de primera instancia, la empresa había priorizado determinados pagos y reparto de ganancias mientras acumulaba deuda fiscal, y que el concurso preventivo habilita mecanismos de refinanciación impositiva con plazos extensos y tasas más bajas que las vigentes para contribuyentes no concursados.
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Con OCA, crece el imperio de Scatturice
Scatturice adquirió OCA a Claudio Altemar Jesús Espinoza, quien había iniciado el proceso concursal previo y conservó una participación minoritaria tras la operación. La empresa cuenta con aproximadamente 5500 empleados y perdió contratos relevantes dentro del mercado logístico en los últimos años.
Durante décadas, OCA fue el principal correo privado del país, pero cedió terreno frente a competidores que consolidaron posiciones en distintos segmentos. Andreani se expandió en la logística de medicamentos, Urbano Express obtuvo contratos vinculados al PAMI, y OCASA consolidó acuerdos con Mercado Libre.
En 2017, Mercado Libre rescindió su vínculo con OCA y reorganizó su esquema logístico, combinando servicios del Correo Argentino, operadores privados y distribución propia de última milla.
Dos días después de concretarse la compra de OCA Log por parte de Scatturice, se produjo el recambio en la conducción de ARCA. Juan Pazo dejó el cargo y fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, funcionario de carrera del organismo.
Vázquez mantiene una relación personal con Scatturice y vínculos con referentes del entorno presidencial, entre ellos el asesor Santiago Caputo. En paralelo, empresas del grupo Scatturice prestan servicios a distintos organismos del Estado nacional.
La adquisición de OCA se realizó a través del fondo COC Global Enterprise. Dentro de esa estructura figura Tactic Global, empresa que fue contratada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para brindar asesoramiento estratégico sobre el sistema político y regulatorio de Estados Unidos.
OCP Tech, otra firma del grupo, tiene como clientes a ARCA, la Procuración General de la Corte Suprema, la Secretaría de Educación y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otros organismos.
Según comunicados oficiales, el nuevo controlante de OCA proyecta integrar sus operaciones logísticas con Flybondi y el resto de sus empresas, con el objetivo de ampliar su presencia regional. De hecho, la compra de Flybondi tuvo lugar el año pasado.
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Santiago Caputo y sus lazos con los lobbistas
En diciembre de 2025, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, presentó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py contra Santiago Caputo, Scatturice, el lobbista estadounidense Barry Bennett y Sergio Neiffert, exjefe de la SIDE.
La presentación judicial describe un entramado de contratos, vínculos personales y actuaciones públicas que articularían una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y uso ilegal de organismos de inteligencia bajo la órbita de Caputo. La denuncia recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
El punto de partida del caso es un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2025 entre la SIDE y la consultora estadounidense Tactic Global, perteneciente a Scatturice y que tiene entre sus socios a Bennett, quien se presenta como cercano a Donald Trump.
Según los registros del Departamento de Estado de Florida citados en la presentación, la consultora fue creada apenas dos meses antes de la firma del acuerdo con el organismo de inteligencia argentino.
La denuncia sostiene que, bajo el control político de Caputo, el organismo habría contratado servicios que no se vinculan con la seguridad nacional ni con la inteligencia estratégica, sino con tareas de lobby político y empresarial.
El acuerdo con Tactic Global es presentado como la base de un esquema de “embajadas paralelas” que habría habilitado canales informales de comunicación entre las presidencias de Argentina y Estados Unidos, al margen de los circuitos institucionales de Cancillería.
La presentación afirma que Bennett habría realizado acciones destinadas a influir sobre la opinión pública y sobre legisladores nacionales para favorecer reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
La denuncia menciona también que Scatturice habría obtenido al menos 21 contratos con el Estado nacional, incluyendo licitaciones de montos elevados en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Educación, a través de OCP Tech.
También se señala que Vázquez, el actual titular de ARCA, habría sido recomendado por Scatturice para el cargo en un organismo que se encuentra bajo la órbita política de Caputo.
Talerico invocó artículos del Código Penal argentino vinculados a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, así como la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.
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El escándalo del avión privado de Scatturice
A mediados de 2025, Scatturice ya había sido centro de controversia cuando se confirmó que Aduana no controló el equipaje de un avión privado de su propiedad que llegó desde Miami.
El 26 de febrero de 2025, un avión Bombardier Global 5000 con matrícula estadounidense N18RU aterrizó en Aeroparque procedente de Miami. A bordo viajaba únicamente Laura Belén Arrieta, una argentina de 32 años que trabaja para OCP TECH y que se desempeñó como directiva de CPAC Argentina.
Las cámaras de seguridad de Aeroparque captaron la secuencia completa del arribo y registraron cómo se descargaron diez valijas del avión. Las imágenes muestran que la tripulación trasladó los bultos hasta el área de control aduanero, donde se produce el hecho irregular investigado por la Justicia.
En las filmaciones se observa cómo Arrieta se acerca a una oficial de Aduana y le muestra su teléfono celular. La funcionaria le facilitó el paso sin revisar su equipaje, evitando los escáneres y controles de rutina que sí aplicaron a otros pasajeros que arribaron en el mismo momento.
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, presentaron un dictamen de 47 páginas que considera “acreditado” que las valijas no fueron controladas. El documento incluye análisis de material fílmico y testimonios que evidencian múltiples irregularidades. El dictamen señala que:
“Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo ‘semáforo’ destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje”.
Los fiscales destacaron el contraste con otros pasajeros: “Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 horas-, comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner“.
