Javier Milei amplió por decreto las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia, que ahora podrá aprehender personas y cuyas actividades pasarán a estar “encubiertas”, profundizando la opacidad dentro del organismo.
A través del DNU 941/2025, el gobierno de Javier Milei reformuló de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional y le otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluyendo la capacidad de detener personas y de requerir apoyo de las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia interior.
El decreto fue publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, en pleno receso parlamentario, y también establece que todas las actividades del organismo tendrán carácter encubierto, lo que dificultará cualquier investigación sobre el accionar del organismo.
Desde la oposición, legisladores y dirigentes advirtieron sobre los riesgos de concentrar tanto poder en el área de inteligencia, que conduce Cristian Auguadra pero que coordina el asesor presidencial Santiago Caputo, y rechazaron que la modificación no haya sido debatida en el Congreso.
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Los cambios en el sistema de inteligencia
Todas las actividades serán “encubiertas”
Uno de los aspectos más alarmantes del decreto es que establece carácter encubierto para todas las actividades realizadas en el ámbito de la inteligencia nacional “en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Esta categorización reemplaza la anterior clasificación de “secreto” que se utilizaba durante el gobierno de Mauricio Macri y aumenta el nivel de opacidad sobre las operaciones del organismo.
La reforma también habilita la ejecución de tareas de inteligencia ante la “fuga de información clasificada”, una disposición que genera preocupación por su posible uso contra periodistas, especialmente después de las filtraciones del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había generado denuncias judiciales por presunto espionaje sobre diversos colectivos.
Facultad para detener personas
El artículo 19 del DNU establece que los organismos de inteligencia pueden proporcionar su propia seguridad y protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, quedando habilitados a “repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo“.
Más específicamente, la norma indica que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas”, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.
Esta facultad representa una ruptura con lo establecido en la Ley 25.520, que había vedado expresamente estas atribuciones a los agentes de inteligencia. La situación se vuelve más alarmante si se tiene en cuenta que las actividades del organismo serán de carácter “encubierto”.
Participación de las Fuerzas Armadas en inteligencia interior
La reforma habilita formalmente a que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías. Esta disposición rompe con los consensos establecidos tras el regreso de la democracia, que buscaron separar las funciones de inteligencia civil de las militares.
Además, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto, cuyo comandante en jefe es el presidente de la Nación, lo que implica un vaciamiento del poder del Ministerio de Defensa como estructura civil.
El DNU especifica que este apoyo se realizará “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”, pero no establece límites claros sobre el alcance de esta colaboración. Los límites se vuelven aún más difusos si se tiene en cuenta que por primera vez desde la vuelta a la democracia el Ministerio de Defensa está conducido por personal militar.
Reestructuración del sistema
El decreto introduce cambios en la arquitectura del sistema de inteligencia. La SIDE pasa a ser el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), con facultades ampliadas para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia -incluidos los reservados- y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos dependientes.
Se crearon dos nuevas comunidades: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integrará a todos los organismos del sistema bajo conducción de la SIDE, y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que aportarán información relevante para el análisis estratégico.
Entre estos últimos figuran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Dirección General de Aduanas, entre otros.
Cambios de denominación y funciones
La Agencia de Seguridad Nacional pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), reorientándose exclusivamente a la contrainteligencia para detectar y analizar “espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera”, evitando superposiciones con la Policía Federal Argentina.
La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), enfocada exclusivamente en la producción de inteligencia en el dominio digital. Todas las cuestiones de ciberseguridad quedarán bajo la órbita de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, donde se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).
La División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia (IGI), con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos y la eficacia operativa del sistema.
El decreto establece que todos los ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia, con la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad bajo responsabilidad de sus titulares.
La SIDE podrá exigir información a todas las agencias del Estado, ampliando significativamente su alcance sobre la administración pública de modo que tareas de espionaje contra cualquier funcionario del Estado podrán presentarse como labores de “contrainteligencia”.
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La oposición denuncia que se creó una “policía secreta”
Una reforma, entre gallos y medianoche
El diputado socialista Esteban Paulón afirmó que el Congreso tiene “la obligación moral y legal de rechazar este DNU”, al que definió como “un duro golpe para nuestra democracia”. Paulón sostuvo que “la inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie” y advirtió que:
“El DNU define como ‘riesgos’ a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El ‘Estado Policial’ en su máxima expresión”.
El dirigente radical Ricardo Alfonsín expresó su preocupación por la vía elegida: “Entre gallos y medianoche, ¡Milei modifica la ley de inteligencia! Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia”. Alfonsín señaló que se trata de un tema que debería ser debatido y consensuado.
El exdiputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau planteó que el alcance del decreto implica, en los hechos, “el dictado de una nueva ley de inteligencia” y denunció que viola “expresamente” la Constitución Nacional.
“Pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”, dijo, y también caracterizó la reforma como “la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”.
LA DEGRADACION DEMOCRÁTICA AVANZA
Es oficios el DNU 941/25 que modifica cerca de 40 artículos de la ley de Inteligencia.
El Estado en modo CONTRAESPIONAJE total, Ciberpatrullaje, violación de garantías constitucionales y opacidad en los métodos y fuentes para obtener… pic.twitter.com/Sc2qpSVsRh— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 2, 2026
El diputado peronista Jorge Taiana analizó que “básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.
Taiana denunció que el Gobierno busca “convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad” y advirtió que “se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur” de Estados Unidos.
Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi, también exinterventor de la AFI, identificó cinco puntos especialmente graves:
- La posibilidad de detener sin orden judicial
- Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad podrán hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera
- Los militares negociarán el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE
- Se eliminará la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa
- Se habilitará la contrainteligencia que investigará las fugas de información, una maniobra para perseguir al periodismo
Rossi también destacó que la eliminación de la DNIEM “hace que el Ministro de Defensa se quede sin inteligencia propia. Le quitan poder al ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas”.
El exfuncionario concluyó: “Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley“.
En relación al DNU del 31/12/2025 que amplía y reordena las áreas de inteligencia, Mi impresión es que:
1) básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer.
2) la consecuencia será un Estado…
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) January 1, 2026
Preocupación por los controles
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reclamó que Martín Menem y Victoria Villarruel regularicen la situación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) y designen a sus miembros, que serán los encargados de controlar lo que suceda en la SIDE con los cambios.
Ferraro escribió en redes sociales que se trata de una “Gestapo para todos y todas“. Además, comentó que “si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”.
“Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”, completó.
Christian Castillo, diputado bonaerense del FIT, reclamó la anulación del DNU por parte del Congreso, en un mensaje republicado por el diputado nacional Nicolás del Caño. Según explicó, “implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial”.
Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro…
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 2, 2026
Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que la reforma es “muy regresiva y peligrosa”. El organismo viene cuestionando en el fuero contencioso administrativo el DNU 614 que resucitó a la SIDE en julio de 2024, y en ese expediente la gestión libertaria ya había solicitado que todo el trámite fuera reservado.
Litvachky cuestionó que “durante los últimos dos años la administración haya reformado por DNU con anterioridad el sistema de inteligencia y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad sin que esto fuera discutido por el Congreso”.
“No se sabe qué tipo de control quiere ejercer la CBI frente a la SIDE, mientras que el Poder Judicial se muestra esquivo a ejercer ese contralor. La Corte Suprema, por su parte, no da mensaje alguno sobre la posibilidad de legislar a través de DNU”, agregó.
Por lo pronto, el DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento.
El Poder Ejecutivo debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26.122. Paulón explicó que el proyecto podría ser rechazado “después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras” y anunció que presentará un proyecto para derogar el decreto.
El 2 de diciembre Milei había designado a Cristian Auguadra a cargo de la SIDE, tras la salida de Sergio Neiffert. Sin embargo, el organismo es comandado en los hechos por Santiago Caputo, por lo que la designación de Auguadra, un hombre de gran confianza en su círculo y de estrecha relación con su padre Claudio Caputo, no fue casual.
