Javier Milei asumió que el Presupuesto 2026 no contará con un capítulo clave para profundizar el ajuste y, en medio de tensiones con sus propios aliados, optó por aceptar el proyecto aprobado en diputados para evitar complicaciones con las negociaciones de la reforma laboral.
En medio de las especulaciones sobre qué medidas tomará La Libertad Avanza luego del revés sufrido con el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei adelantó que no vetará el proyecto con media sanción y ratificó su compromiso con el déficit cero.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si el gobierno encontrará otras vías para ignorar los lineamientos presupuestarios, tal como ya lo hizo con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, que insiste en ignorar pese a haber sido sancionadas e insistidas por el Congreso.
En una entrevista con La Nación+, Milei destacó la sanción de la ley de leyes y adelantó que -pese a que la oposición volteó el Capítulo XI, parte instrumental del ajuste- no vetará el proyecto. Al respecto, comentó:
“Tenemos que destacar que hemos podido sancionar el presupuesto. El presupuesto que tiene media sanción está construido sobre la base del déficit cero. El superávit primario va a cubrir el pago de intereses o más”.
“Tenemos presupuesto, vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin subir impuestos”, insistió el mandatario, que además calificó el déficit fiscal como “inmoral” porque se financia mediante impuestos, emisión monetaria y deuda (que calificó como “impuestos futuros”).
Más allá de que se trata del latiguillo usual de Milei y sus funcionarios, resulta irónico que el mandatario cuestione la toma de deuda cuando el principal responsable del endeudamiento que arrastra el país sea su Ministro de Economía: Luis Caputo.
Cabe recordar que, al inicio de su gestión, el libertario también restituyó la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, no renovó la exención del IVA para los sectores de menores ingresos y aumentó los impuestos a los combustibles.
Más allá del plano económico, Milei se refirió a las tensiones que generaron las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) con el PRO, que quedó afuera del reparto de cargos y optó por judicializar los nombramientos.
Negó haber traicionado al expresidente Mauricio Macri y rechazó las versiones sobre acuerdos con el peronismo: “No hicimos ningún pacto con Massa o el kirchnerismo como dijo parte del peronismo. Cristina terminó presa en este gobierno“, enfatizó.
Esta última declaración resulta particularmente llamativa, ya que el mandatario intenta atribuirse una facultad exclusiva del Poder Judicial. En un sistema republicano con división de poderes, es la Justicia quien decide sobre las penas y condenas, no el Poder Ejecutivo.
El oficialismo aprobó el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario
El final de la novela por el Capítulo XI
Tras el golpe sufrido en Diputados durante la madrugada del jueves, donde la oposición logró rechazar el Capítulo XI del proyecto con 123 votos contra 117, el oficialismo parece haber asumido que no podrá revertir la situación en el Senado.
Ese capítulo contenía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos normas que el gobierno había intentado eliminar sin éxito en múltiples ocasiones durante 2025. Patricia Bullrich, la nueva líder del oficialismo en el Senado, intentó reabrir la discusión en una reunión virtual con jefes de bloque dialoguistas celebrada el domingo.
Sin embargo, encontró una negativa casi unánime. “No hay forma de que aceptemos esos cambios, Patricia. Además, abrir el Presupuesto a modificaciones tampoco le conviene al Gobierno porque le va abrir la puerta al kirchnerismo para que le quiera hacer más modificaciones“, fue la respuesta que recibió de los aliados.
Participaron del encuentro los presidentes de los bloques radical, Eduardo Vischi; de PRO, Martín Goerling; de Provincias Unidas, Carlos Espínola; y los provinciales Edith Terenzi, Natalia Gadano (Santa Cruz), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y Beatriz Ávila (Tucumán, del bloque Independencia).
Así, las expectativas del gobierno se encontraron con la negativa de sus propios aliados, pese a que inmediatamente después de la media sanción en Diputados, comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de que Milei vetara el proyecto completo.
Según diversas fuentes oficiales, fue el ministro de Economía Luis Caputo quien impulsó la inclusión del polémico Capítulo XI en el último momento, convencido de que sería una señal positiva para los mercados. “Ahora retrocedió y tenemos que emparchar el agujero de alguna manera“, confió una fuente de la Casa Rosada.
La controversia generó una intensa interna en el oficialismo. Inicialmente se habló de vetar el Presupuesto si era sancionado sin el Capítulo XI, luego de modificarlo en el Senado, y finalmente el gobierno optó por resignar esos artículos y avanzar con el texto tal como salió de Diputados.
La administración libertaria se demoró 72 horas en definir los pasos a seguir, mientras los distintos sectores se echaban la culpa mutuamente por la derrota.
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El equilibrio del oficialismo en el Senado
Con la sesión convocada para el viernes 26 al mediodía, el gobierno acelera el cierre de acuerdos en el Senado para sancionar el Presupuesto sin modificaciones y evitar que deba regresar a Diputados. El escenario aparece allanado para la aprobación en general, aunque el conteo de votos sigue siendo ajustado.
El oficialismo parte de una base de 20 bancas propias. Actualmente cuenta con 19, pero espera sumar una más con la jura de Enzo Fullone, quien ocupará la banca que la rionegrina Lorena Villaverde no logró asumir tras el rechazo de su diploma por su vinculación con una causa por tráfico de cocaína en Estados Unidos. LLA necesita al menos 17 voluntades adicionales.
El bloque peronista reúne a 21 senadores conducidos por José Mayans, que ya anticiparon un rechazo en bloque al proyecto. Por eso, el gobierno apunta a una treintena de legisladores dialoguistas y provinciales para sellar la mayoría necesaria.
Entre los apoyos prácticamente asegurados aparece Luis Juez, quien abandonó el PRO para conformar un monobloque y moverse en sintonía con el oficialismo. También se descuenta el respaldo de la tucumana Beatriz Ávila y de la salteña Flavia Royón, alineadas con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.
La Unión Cívica Radical, con una bancada de 10 senadores, firmó el dictamen luego de que se garantizara la exclusión del polémico Capítulo XI. “La única forma de que salga hoy va a ser como vino de Diputados”, había advertido el jefe del bloque, el correntino Eduardo Vischi, una condición que terminó imponiéndose.
Sin embargo, los radicales mantienen reparos sobre el artículo 30, que deroga disposiciones clave de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional.
El PRO, reducido a un bloque de apenas tres senadores, firmó el dictamen en disidencia parcial por la falta de un artículo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, reclamo impulsado por Jorge Macri. Aun así, en la bancada amarilla descuentan que no bloquearán la sanción del Presupuesto, bajo el argumento de garantizar gobernabilidad y previsibilidad.
Los gobernadores vuelven a jugar un rol central. En el oficialismo cuentan con el respaldo de la neuquina Julieta Corroza, cercana a Rolando Figueroa, y confían en que los dos senadores misioneros acompañarán el proyecto como lo hicieron en la Cámara baja. También aparece como clave el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores de distintas provincias.
El acuerdo político sellado con Gustavo Sáenz incluyó la designación de la salteña Pamela Calletti como auditora de la Auditoría General de la Nación, aprobada de madrugada y leída como un gesto directo del Ejecutivo hacia los gobernadores aliados para procurarse los votos de sus provincias.
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La reforma laboral como prioridad
El nuevo objetivo del oficialismo sería aprobar rápidamente el Presupuesto tal como está para no obstaculizar las negociaciones con otro proyecto sensible para el gobierno: la reforma laboral.
Esta pieza clave de la agenda oficialista ingresó por el Senado y obtuvo dictamen de mayoría, pero con los golpes recientes sobre el Presupuesto, Bullrich tuvo que redefinir los plazos.
El objetivo inicial apuntaba a llevar el dictamen al recinto un día después de Navidad. Sin embargo, la exministra de Seguridad consiguió el dictamen gracias a la promesa de llevarlo al recinto del Senado recién el 10 de febrero.
La decisión de ganar tiempo fue producto de la necesidad. Bullrich pudo advertir que hay más críticas de las esperadas sobre el proyecto laboral. El gobierno considera que puede conseguir una sanción de la reforma si hay una ley de Presupuesto sancionada por el Congreso, de ahí la urgencia por cerrar primero esta discusión.
Los gobernadores dialoguistas, macristas y radicales le avisaron en la Cámara alta que no iban a votar la reforma laboral sin antes sacar el Presupuesto. “Todo junto iba a joder”, apuntó un legislador cercano a Bullrich.
La postergación del tratamiento de reforma laboral para febrero anticipa que habrá una ampliación de las extraordinarias, pero con la pulseada del Presupuesto en el medio, cualquier titubeo en los plazos será leído como otro retroceso para el Ejecutivo.
Si el Presupuesto se aprueba en el Senado sin modificaciones, quedará sancionado definitivamente. Si el oficialismo intenta reintroducir el Capítulo XI durante la votación en el recinto, el proyecto deberá volver a Diputados. La fecha tentativa sería abrir el recinto el lunes 29 o martes 30 de diciembre.
Sin embargo, las fuentes oficiales reconocen que si el capítulo vuelve a caer, sancionarán el proyecto como está. Hay una idea en el gobierno de que ante los ojos del mercado y del FMI, es preferible un Presupuesto insatisfactorio que un no-Presupuesto. Incluso el JP Morgan envió mensajes a la Casa Rosada en esa línea y el riesgo país bajó de los 560 puntos.
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La relación con el PRO en crisis
Sea como fuere, el gobierno aún debe recomponer sus lazos con el PRO. La tensión no solo se originó por dejar a la bancada amarilla afuera del reparto de cargos en la AGN, sino que además la eliminación del Capítulo XI del Presupuesto significa que se cayó el artículo que otorgaba coparticipación extra a la Ciudad de Buenos Aires.
La designación de las tres vacantes en la AGN antes de las 3 de la mañana del último jueves, en una votación compartida entre gobernadores del norte, el sector de Máximo Kirchner y los libertarios, hizo estallar de furia al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.
En pleno recinto le recordó al riojano Martín Menem que esa decisión era inconstitucional, porque violaba el temario de extraordinarias, y que a partir de ese momento dejaban de sostenerlo. También amenazó con judicializar la medida, algo que finalmente se cumplió.
Por su parte, la diputada del PRO Laura Alonso denunció “traición” por parte del gobierno de Milei tras los acuerdos. “Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.
La Ciudad de Buenos Aires endureció su reclamo por la coparticipación. Según Alonso, la deuda acumulada se compone de un primer tramo de 6.000 millones de dólares y de una segunda deuda generada este año por 370.000 millones de pesos. La legisladora ratificó la decisión de avanzar por la vía judicial y administrativa contra el Poder Ejecutivo Nacional.
El PRO firmó el dictamen del Presupuesto en el Senado en disidencia parcial precisamente por la falta del artículo sobre coparticipación porteña, un reclamo impulsado por el jefe de Gobierno Jorge Macri.
La discusión del PRO con La Libertad Avanza demostró que la relación entre ambos socios desconfiados sigue siendo tensa. El problema es que ahora Diego Santilli es ministro de Milei y la controversia entre su expartido y la nueva fuerza que lo cobija podría debilitarlo todavía más.
La pelea entre karinistas y caputistas dentro de la administración libertaria comenzó a desgastar el aire que le dio al gobierno el nombramiento de Diego Santilli en el Ministerio del Interior. En las últimas 72 horas se pudo apreciar cómo el sector más duro, con Caputo detrás, insistía con vetar el Presupuesto si era sancionado sin el Capítulo XI.
El temor a desgranarse ante una derrota provocada por errores internos pudo más, y ahora Milei buscará reunir a toda su tropa el lunes en Olivos. Dicen que será para despedir el año con un asado, pero el objetivo será reordenarlos antes de que vuelvan a crujir.
El foco está puesto en el próximo viernes 26 y evitar que los errores cometidos en este final de año se proyecten con mucha fuerza hacia 2026. Para el gobierno, aprobar el Presupuesto sin más contratiempos es ahora la prioridad absoluta, aunque eso signifique asumir la derrota en algunos frentes y postergar batallas para más adelante.
