El Gobierno de Javier Milei apenas giró fondos a las universidades en noviembre para poder inflar su superávit fiscal, y aunque la oposición logró frenar el intento de derogar la Ley de Financiamiento, el Presupuesto 2026 anticipa la continuidad del ajuste para el sector.
Si bien la oposición logró frenar en el Congreso el intento del gobierno de Javier Milei de derogar la ley de financiamiento universitario, las casas de altos estudios atraviesan una situación límite presupuestaria que se profundizará en caso de que se sancione el presupuesto 2026.
Para colmo, el ministro de Economía Luis Caputo financió parte del superávit fiscal de noviembre reteniendo fondos destinados a las universidades nacionales. Durante ese mes, el gobierno suspendió prácticamente las transferencias a las universidades nacionales, girando apenas 18.000 millones de pesos para gastos corrientes impostergables.
Esta maniobra permitió inflar los números del superávit primario de 2,1 billones de pesos que Caputo anunció esta semana, alcanzando un superávit financiero de 599.900 millones tras el pago de intereses. A lo largo de 2025, las universidades nacionales recibieron 8,4% menos de fondos que en el mismo período de 2024, considerando la inflación.
En términos del Producto Bruto Interno, el financiamiento universitario cayó de 0,70% promedio entre 2015 y 2023 a 0,52% en 2024 y se desplomó a 0,46% en 2025. A precios constantes, las universidades recibieron 5,5 billones de pesos en los primeros once meses de 2023, cifra que se redujo a 4,3 billones en 2024 y a 3,9 billones este año.
Las transferencias cayeron un 32,1% en términos reales durante 2025 respecto a lo ejecutado en 2023, según análisis técnicos del sector. Se trata de uno de los peores ajustes de la historia y se profundiza año a año desde la asunción de Milei.
El ajuste, más allá de la Ley de financiamiento
En octubre de 2025, el Congreso rechazó los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario que los legisladores habían sancionado en agosto. La norma establece actualización de partidas según la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
Sin embargo, el gobierno promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025 pero postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Una decisión sin precedentes desde la vuelta a la democracia. Como señaló el analista Curcio:
“Lo que plantea el Gobierno es que ningún gasto se puede hacer sin una partida presupuestaria aprobada. Sin embargo, es algo que hizo desde enero de 2024 porque nunca aprobó un proyecto de presupuesto”.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó una vez más derogar la Ley de financiamiento Universitario y, aunque no lo logró por el rechazo de la oposición, la asfixia presupuestaria se sostiene.
En medio de los conflictos con las universidades, el gobierno anunció en varias oportunidades aumentos buscando deslegitimar los reclamos. Sin embargo, siempre se trató de dibujos estadísticos que tuvieron más impacto en medios de comunicación que en las casas de altos estudios.
Sin ir más lejos, el Ministerio de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello) anunció recientemente incrementos salariales para docentes y no docentes: 5% desde diciembre de 2025 y aumentos mensuales durante 2026 que suman aproximadamente 25% anual.
Sin embargo, con una inflación mensual cercana al 2,5%, estos aumentos quedarían por debajo del aumento real de precios, erosionando nuevamente el poder adquisitivo. Además, la medida fue implementada sin negociación paritaria, excluyendo a los sindicatos de la discusión.
Además, vale remarcar que se asignaron alrededor de 22.000 millones de pesos para cubrir los aumentos de diciembre y parte del Sueldo Anual Complementario, pero sin garantías de sostenibilidad ni atención a los rezagos salariales acumulados.
El presupuesto 2026: más recortes en el horizonte
Más allá de esto, el proyecto de Presupuesto 2026 destina 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. Con una inflación proyectada del 10,1% para 2026, esto implica una caída real del 3,5% respecto al presupuesto previsto para 2025, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Oscar Alpa, presidente del CIN, fue contundente: “Lo que anunció el presidente no es otra cosa que el mismo valor que hoy estamos cobrando las universidades, multiplicado por los doce meses del año y con los aumentos previstos para 2025. Por lo tanto, no soluciona absolutamente nada respecto a lo que está pasando ahora“.
El CIN solicitó 7,2 billones de pesos como mínimo indispensable para el funcionamiento de las instituciones, cifra que representa un 51% más que lo proyectado oficialmente. Según análisis técnicos, para evitar el deterioro financiero del sistema sería necesario un presupuesto 61% superior al enviado por el Ejecutivo.
Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, resumió la trampa estadística: “A pesar de que el gobierno prevé un aumento del 4,5 por ciento con respecto al presupuesto 2025 para las universidades, la inflación prevista para 2026 es de 10,1 por ciento“.
El proyecto presupuestario no contempla factores críticos como la inflación del período restante de 2025, las actualizaciones salariales pendientes, el financiamiento de ciencia, técnica y artes, un plan de obras y equipamiento, ni la actualización del sistema de becas estudiantiles. Ni siquiera se tiene en cuenta la brutal caída de los últimos años:
Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, destacó que la implementación completa de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría apenas un costo de 0,14% del PBI, pero el gobierno insiste en que promulgarla “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas“. El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, señaló:
“Si el Gobierno tiene éxito en aprobar este presupuesto, consolidará el ajuste presupuestario a la educación superior más importante en la historia de la democracia. Argentina terminará el año con el gasto público más bajo de la región para el sector. Ni Chile, ni Perú, ni Colombia, con sistemas muchísimo más privatizados que el nuestro, le dedican tan pocos recursos públicos a las universidades”.
más allá del ámbito universitario, el presupuesto 2026 incluye también la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, eliminando el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
Este fondo garantizaba recursos específicos equivalentes al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto para equipamiento, infraestructura y formación docente en escuelas técnicas. También se propone derogar el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que establecía como objetivo alcanzar una inversión educativa del 6% del PBI.
