En su desesperación por salvar el capítulo 11 del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei terminó tensando las relaciones con su principal socio político, que denuncia que LLA dejó al PRO afuera de las negociaciones por cargos en la AGN. Para colmo, ahora el oficialismo quiere reescribir el articulado.
En su intento por imponer un Presupuesto 2026 con un ambicioso programa de ajuste, el gobierno de Javier Milei terminó aprobando un proyecto que considera insatisfactorio y que ahora evalúa modificar en el Senado o directamente vetar.
La estrategia de concentrar todas las derogaciones más polémicas en un solo capítulo (que también incluía los pedidos de los gobernadores) para forzar su aprobación no funcionó, y Diputados terminó rechazando parte del plan fiscal que buscaba el Ejecutivo. Pero el costo político fue aún mayor.
En el fragor de la negociación, La Libertad Avanza intentó cerrar un acuerdo con el kirchnerismo para repartir cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN), una decisión que terminó dinamitando la relación con el PRO, su principal socio legislativo. El partido fundado por Mauricio Macri habla ahora de “confianza rota” y amenaza con retirar el apoyo en quórum.
El proyecto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo deberá definir su estrategia: aceptar un Presupuesto que considera inviable, modificarlo asumiendo el costo de devolverlo a Diputados, o vetarlo directamente y volver a prorrogar la ley de leyes.
Ninguna de las opciones es óptima para un gobierno que venía envalentonado por el resultado de las elecciones nacionales de octubre, y que confiaba en sancionar el Presupuesto sin problemas gracias al eventual apoyo de sus socios de siempre y los gobernadores dialoguistas.
Capítulo XI: El fiasco del Presupuesto 2026
La táctica diseñada por el ministro de Economía Luis Caputo y ejecutada por el presidente de la Cámara Martín Menem parecía ingeniosa sobre el papel: concentrar en el Capítulo 11 todas las medidas de ajuste junto con los beneficios que reclamaban los gobernadores. El razonamiento era simple: si querían una cosa, debían votar la otra. Todo o nada.
Ese capítulo incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos normas que el Presidente había vetado durante 2024 pero que el Congreso había ratificado con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras.
También contenía restricciones al régimen de zona fría (que dejarían sin subsidio a varios municipios bonaerenses, como Bahía Blanca), eliminación de la automaticidad en la actualización de asignaciones sociales, y cláusulas sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
Para aumentar las chances de éxito, Menem propuso votar el Presupuesto por capítulo y no artículo por artículo, como es habitual tras el tratamiento en general. La jugada buscaba evitar que cada tema se discutiera por separado y obligar a los legisladores a aceptar (o rechazar) un paquete cerrado.
En la previa, el ministro del Interior Diego Santilli desplegó una intensa ronda de negociaciones con gobernadores, repartiendo cerca de 100 mil millones de pesos en ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para asegurar apoyos.
Se construyó una alianza con mandatarios del norte como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), mientras se acordó con Provincias Unidas -el bloque que lideran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)- que darían quórum y se ausentarían en la votación del capítulo conflictivo.
El resultado fue agridulce. El Presupuesto se aprobó en general con 132 votos, lo que representó un triunfo parcial del oficialismo tras meses de derrotas consecutivas en el Congreso. Pero en la votación en particular, el Capítulo 11 fue rechazado con 123 votos negativos.
Para colmo, los gobernadores que habían recibido fondos nacionales no apoyaron el Capítulo 11. Los diputados de Jaldo, Jalil y Sáenz votaron en contra del capítulo clave, junto con un sector de la UCR y la totalidad del peronismo y la izquierda. En Casa Rosada, tildaron a los mandatarios de “traidores”.
El oficialismo aprobó el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario
Tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza
Cuando la situación empezó a complicarse durante la sesión, Santilli y Martín Menem idearon una estrategia de último momento para intentar salvar el Capítulo 11: repartir los cargos vacantes en la AGN. El plan era darle una silla adicional al kirchnerismo y otra a los peronistas del norte a cambio de los votos necesarios.
El acuerdo se cerró, o al menos eso creyeron. Cerca de las 3 de la madrugada, con el resto de los bloques retirados del recinto, Menem tomó juramento a tres nuevos auditores: Mónica Almada (propuesta por LLA), Juan Ignacio Forlón (del sector camporista de Unión por la Patria), y Pamela Calletti (referente del gobernador Sáenz).
Pero la jugada no funcionó. El kirchnerismo aprovechó la desesperación del oficialismo y se quedó con los cargos en la AGN, pero de todas formas votó en contra del Capítulo 11. Para colmo, la maniobra causó malestar en el PRO, que señaló que la designación de los auditores se realizó fuera del temario de las sesiones extraordinarias.
La secuencia completa evidenció lo que algunos analistas políticos ya advertían: el equipo de negociación del gobierno muestra las mismas limitaciones que tenía antes de ganar las elecciones. Solo que ahora, con todos los recursos del Estado a disposición, ese tipo de errores resulta más llamativo y costoso.
Para el partido amarillo, esto fue solo uno de los muchos desplantes que sufrió. Los liderados por Cristian Ritondo habían llegado a la sesión del miércoles reclamando que se incluyera el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre la deuda de coparticipación con CABA y que se respetara su participación en la distribución de cargos en la AGN.
No obtuvo ninguna de las dos cosas. El artículo sobre la coparticipación porteña quedó absorbido en el Capítulo 11 que fue rechazado, pese a que el martes el jefe del bloque PRO había logrado que el oficialismo lo incorporara al dictamen.
La designación de auditores en la AGN fue la gota que rebalsó el vaso. El PRO quedó sin representación en el organismo de control mientras el oficialismo pactaba con el kirchnerismo. Peor aún, la maniobra se hizo de madrugada, con el resto de los bloques fuera del recinto, y violando el temario de las extraordinarias (prohibido por el artículo 63 de la Constitución).
“La confianza se rompió“, fue la frase que comenzó a circular en la cúpula del espacio amarillo. Dirigentes del partido incluso aseguraron que “dejamos de ser aliados“, según declaró un referente de peso. Otro legislador resumió: “Está todo roto“.
Ritondo tiene listas las denuncias por inconstitucionalidad contra Menem por haber apurado el reparto de sillas en la AGN. El macrismo considera que la designación es “nula de nulidad absoluta” y que representa un daño a la institucionalidad del país, una preocupación que Mauricio Macri redescubrió tras años de defender el accionar de La Libertad Avanza.
Cabe preguntarse si esta vez el macrismo cumplirá sus amenazas, pero por lo pronto la versión que circula indica que pretenden dejar de garantizar quórum, aunque aseguran que seguirán apoyando proyectos que consideren beneficiosos para el país, especialmente en materia económica.
El problema es que, si esto se cumple, Menem deberá conseguir los números por su cuenta. Esto obliga al gobierno a volver sobre los mismos actores que ofendió: los gobernadores de Provincias Unidas y los radicales, que fueron quienes aportaron el quórum necesario para que la sesión del miércoles pudiera realizarse.
El oficialismo no tiene quórum propio, y sin el PRO y Provincias Unidas, tampoco tiene margen para avanzar con reformas. La relación entre Macri y Milei ya estaba deteriorada desde su último encuentro en Olivos a fines de octubre.
Milei giró fondos record a los gobernadores aliados de cara al tratamiento del Presupuesto 2026
La incógnita del Senado
Sea como fuere, el Presupuesto ingresó formalmente al Senado, donde será tratado este viernes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de las 10 de la mañana. La agenda incluye también el debate sobre la reforma del Régimen Penal Tributario, que el gobierno quiere aprobar en una sesión proyectada para el 26 de diciembre.
El oficialismo ya adelantó su estrategia: buscará modificar el texto aprobado por Diputados para reincorporar las derogaciones del Capítulo 11. Santilli lo expresó sin rodeos ante la prensa: “Vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”.
En Casa Rosada consideran que el Presupuesto tal como quedó sancionado no les sirve porque compromete el equilibrio fiscal, el eje central del relato libertario. “Este Presupuesto así no nos sirve“, fue el comentario de la mesa chica del oficialismo tras la derrota en Diputados.
Es que más allá del aspecto económico, para Casa Rosada el superávit es la herramienta que utiliza para confrontar con el peronismo y para defender sus brutales ajustes en distintas áreas, como Universidades, jubilaciones, Salud, etc. Ahora bien, Milei quedaría en una posición compleja si tras los recortes terminara con un presupuesto deficitario.
Pero el panorama en el Senado es complejo. La Libertad Avanza tiene menos fuerza numérica en la Cámara alta que en Diputados, y necesitará el apoyo de los mismos gobernadores aliados que considera traidores.
Si logra introducir cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para una nueva votación, lo que implica extender las sesiones extraordinarias más allá del 30 de diciembre, tratarlas junto a la Reforma Laboral en febrero, o esperar hasta las ordinarias que comienzan el 1 de marzo.
La alternativa es aceptar el Presupuesto tal como está y después decidir su incumplimiento en la práctica, un camino que el gobierno ya transitó durante 2025 cuando argumentó que el Congreso no había definido de dónde saldría el financiamiento de las partidas aprobadas para las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.
Esa estrategia motivó presentaciones judiciales, y el juez federal Adrián González Charvay incluso declaró inválida la suspensión de la vigencia de la emergencia en Discapacidad, exigiendo que la ley sea ejecutada de manera inmediata.
La tercera opción es vetar el propio Presupuesto del gobierno, algo que Milei podría hacer si el Senado ratifica el rechazo del Capítulo 11 o si el oficialismo no consigue los números para modificarlo. Esta insólita alternativa expondría la debilidad política del Presidente, pero evitaría la contradicción de administrar un Presupuesto con déficit.
Más allá de esto, el Presupuesto era la primera de las leyes que Estados Unidos le pidió a Milei que aprobara en el Congreso para dar institucionalidad a su programa económico. La situación se agrava porque ocurre justo cuando el FMI impuso un giro al programa económico, alarmado por la debilidad de las reservas y la capacidad de pago de la deuda argentina.
Con esto en mente, el oficialismo decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hasta febrero para concentrarse en el Presupuesto. La decisión se tomó en la Mesa Política en la que participaron Santilli, Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la senadora Patricia Bullrich , Santiago Caputo e Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos).
