La bancada de Cristian Ritondo presentó un amparo judicial para frenar la designación de auditores en la AGN, en un súbito arrebato republicano que coincide con la decisión del gobierno de Javier Milei de dejar al PRO afuera del reparto de cargos.
La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó -no sin dificultades- la media sanción del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ahora se tratará en el Senado en medio de incertidumbre sobre qué hará el oficialismo con los puntos rechazados por los legisladores.
Pero en medio de los acuerdos para garantizar los votos necesarios en la Cámara baja, La Libertad Avanza sorprendió con una maniobra nocturna que terminó fracturando su relación con uno de sus principales aliados en el Congreso.
Durante la madrugada del 18 de diciembre, mientras todavía se debatía el proyecto de ley fiscal, el oficialismo cerró un acuerdo para designar tres nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN).
El problema fue que el PRO quedó completamente afuera de las negociaciones, lo que causó malestar en la bancada de Cristian Ritondo (PRO), que ahora lleva el conflicto a la Justicia mediante un amparo para frenar los nombramientos.
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La avanzada judicial contra La Libertad Avanza
El presidente del bloque PRO presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para impugnar la resolución 7018-D-2025, que designó a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como nuevos auditores del organismo de control.
La acción judicial sostiene que el procedimiento fue “abiertamente inconstitucional” porque la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias. El argumento central del PRO es que el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía ese punto, lo que implica una violación del artículo 63 de la Constitución Nacional.
Según detalla el escrito presentado por Ritondo, a las 02:55 de la madrugada del jueves el diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza, tomó la palabra e hizo una moción sorpresiva para proceder con las designaciones.
El diputado macrista señaló en su presentación que Bornoroni formuló la moción “sin especificar qué moción iba a realizar, sin pedir apartamiento del reglamento”. La situación despertó un fervor republicano que no había demostrado en durante la gestión de Milei y la tropa libertaria.
Sin ir más lejos, el macrismo ni siquiera había cuestionado la decisión del Poder Ejecutivo de ignorar leyes sancionadas en el Congreso (como las de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad), pero en este caso Ritondo objetó el procedimiento, apelando al artículo 63 y al inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. En su presentación judicial, el legislador enfatizó:
“La Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario”.
El diputado también argumentó que “durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria”.
La denuncia del PRO hace hincapié en la falta de transparencia del procedimiento: la votación se concretó sin dictamen previo de comisión, sin debate parlamentario, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria y sin cumplir los pasos reglamentarios básicos.
“La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción fue introducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias”, remarcó Ritondo.
El amparo solicita tres medidas concretas a la Justicia: que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución; que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva; y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
Además, el legislador cuestionó duramente que los nuevos auditores hayan prestado juramento, “procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional”.
Fuentes del PRO indicaron que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para determinar en qué juzgado recaería el caso. Hasta el viernes pasado, el oficialismo no creía que Ritondo concretara su amenaza de judicializar el conflicto.
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El reparto de cargos que dejó afuera al PRO
Las designaciones que ahora están bajo la lupa judicial fueron el resultado de un aparente acuerdo parlamentario entre Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Máximo Kirchner y gobernadores del norte del país.
El entendimiento dejó al PRO completamente marginado de la distribución de los cargos en el organismo de control, lo que explica el enojo de la tropa amarilla ante los nombramientos en la AGN.
Rita Mónica Almada está vinculada a La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón es identificado con el kirchnerismo, mientras que Cinthia Pamela Calletti es cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz. Dentro del bloque macrista reconocen que esperaban que Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo, fuera uno de los designados.
Cabe recordar que el oficialismo y sus aliados avanzaron con la designación mientras todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025, correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Ante la maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio (que reúne al PRO, la UCR y el MID, entre otros) se retiró del recinto para no convalidar un acto que consideraron inconstitucional.
El PRO sostiene que “lo ocurrido no solo afecta el funcionamiento del Congreso, sino que impacta de lleno en los derechos políticos de los diputados y rompe el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”.
La decisión del macrismo de llevar el conflicto a la Justicia puede representar un nuevo dolor de cabeza para el gobierno, que había logrado aprobar el Presupuesto tras complejas negociaciones, pero a costa de deteriorar su relación con uno de sus principales aliados legislativos.
Sea como fuere, la relación entre ambos espacios viene deteriorándose progresivamente a partir de la creciente lista de desplantes y ninguneos del oficialismo contra la fuerza fundada por Mauricio Macri. Sin embargo, hasta ahora los enojos del macrismo no llegaron a afectar el apoyo parlamentario a La Libertad Avanza.
