Javier Milei se apuró a enviar su reforma electoral al Congreso para desviar la atención de los escándalos del gobierno, pero ahora el oficialismo reconoce que no tiene los votos para eliminar las PASO y comenzó a pensar en hacer concesiones para intentar salvar el proyecto.
El Gobierno presentó su reforma electoral en medio de los escándalos, con la esperanza de retomar la iniciativa política, pero el tiro le salió por la culata. Javier Milei envió al Congreso un ambicioso proyecto de 78 artículos que apunta a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el financiamiento de los partidos y avanzar con Ficha Limpia.
Sin embargo, en el propio oficialismo ya admiten que no tienen los votos para aprobar ninguno de sus puntos centrales, y ahora estudian alternativas que van desde suspender nuevamente las primarias hasta realizar internas partidarias cerradas con voto digital.
El proyecto ingresó por el Senado, una decisión de último momento que tomó por sorpresa a la propia Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, quien supo que el proyecto ingresaría por esa cámara recién a último momento y ahora deberá encargarse de las negociaciones.
La decisión de enviarlo al Senado y no a Diputados respondió, en parte, a la resistencia del bloque del PRO en la Cámara baja, que podría obstaculizar el quórum. En el Senado, en cambio, el oficialismo calcula que una eventual media sanción podría sostenerse más fácilmente en caso de modificaciones durante la revisión posterior.
Sin los votos, el oficialismo busca alternativas
En la Casa Rosada reconocen que la eliminación definitiva de las PASO no cuenta hoy con el respaldo necesario. Para aprobar una reforma electoral se requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores. LLA tiene actualmente 95 diputados y 21 senadores, lo que obliga al oficialismo a construir amplias alianzas para avanzar.
El problema es que sus principales socios tampoco acompañan la eliminación de las PASO. Ni el PRO ni la Unión Cívica Radical (UCR) están dispuestos a suprimir un mecanismo que, reconocen, les sirve para ordenar sus propias internas y, eventualmente, medir fuerzas con el propio oficialismo.
Mauricio Macri no descarta pedir internas en las listas legislativas, y no quiere resignar esa herramienta antes de tiempo. En el radicalismo, el jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, trabaja en un proyecto propio para que las primarias sean optativas, una alternativa que Bullrich podría llevar a la Casa Rosada si hay consenso entre los aliados.
Frente a ese panorama, el oficialismo evalúa al menos tres salidas posibles. La primera es convertir las PASO en optativas, una fórmula que podría captar al macrismo, aunque genera dudas en el radicalismo por las implicancias jurídicas y la ausencia de financiamiento estatal para esa modalidad.
La segunda es avanzar directamente en una suspensión, como ocurrió el año pasado para las elecciones legislativas de medio término, bajo el argumento de reducir el gasto público. En rigor, el proceso electoral terminó resultando igual de costoso que en ediciones anteriores.
La tercera, considerada una opción de último recurso, consiste en reemplazar las PASO por internas partidarias cerradas, organizadas digitalmente por cada partido con participación de afiliados y ciudadanos que se inscriban en un padrón habilitado, para evitar que otras fuerzas intervengan en el resultado.
Bullrich adoptará la misma metodología que aplicó en la reforma laboral: reunirse con los aliados, consensuar un texto y presentarlo ante el Ejecutivo. No negociará en espejo con Diputados, y en su entorno advierten que si la Cámara baja introduce modificaciones, el bloque insistirá con la versión original del Senado.
La idea es iniciar el debate legislativo en mayo, luego de una ronda de reuniones informativas con funcionarios del Ejecutivo para ajustar la propuesta. El objetivo operativo de Bullrich es reunir al menos 40 votos antes de llevar la iniciativa al recinto.
Hay, además, un artículo del proyecto que generó tensión con los aliados incluso antes de iniciar las negociaciones: la posibilidad de votar lista completa con una sola marca en la Boleta Única de Papel (BUP).
Esta opción, que beneficiaría a la fuerza que tenga el candidato presidencial más fuerte, fue expresamente descartada el año pasado bajo presión de los partidos provinciales. En el PRO y la UCR tampoco la ven con buenos ojos, porque podría frustrar sus planes de desafiar a LLA con candidatos propios en categorías legislativas.
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El apoyo de los gobernadores será clave para LLA
La presentación del proyecto no tardó en activar una respuesta coordinada del peronismo, que ya comenzó a tejer alianzas y contar votos en ambas cámaras para bloquear la eliminación de las PASO. El bloque justicialista que conduce el senador José Mayans tiene consenso interno para votar en contra de la derogación.
En el peronismo ven las primarias como un mecanismo legítimo de selección interna, aunque no siempre lo hayan utilizado, y advierten que su eliminación dejaría a los partidos más pequeños sin herramientas para organizarse.
La oposición también cuestiona de fondo el esquema de financiamiento que propone la reforma. Desde sus filas sostienen que liberar los aportes privados sin límites precisos equivale a privatizar la política, con el riesgo de que sectores económicos puedan condicionar candidaturas o campañas enteras.
En este contexto, el oficialismo podría apostar a convencer a los gobernadores del norte. Varios de ellos han sido aliados tácticos del Gobierno en distintas votaciones, pero su posición frente a las PASO es ambigua: a algunos les conviene eliminarlas, a otros no, y unos pocos las consideran irrelevantes porque tienen sus escenarios provinciales ordenados.
En todos los casos, la ecuación se complica cuando se acerca un año electoral con renovación de mandatos en juego. Los gobernadores que busquen la reelección en 2027 tendrán incentivos propios para evaluar qué modelo de primarias les resulta más conveniente, y eso los convierte en negociadores con poder real de veto sobre la reforma.
La negociación del Gobierno con las provincias apunta a cerrar acuerdos “uno a uno“, según fuentes de la Casa Rosada, con la advertencia de que el proceso no se resolverá en una sola instancia. Sucesivas rondas de conversaciones definirán cuánto margen real existe para la derogación y qué concesiones deberán hacerse.
Más allá de esto, también está la incógnita por cómo funcionará el calendario electoral en 2027, considerando que alrededor de la mitad de las provincias vienen decidiendo desdoblar sus elecciones, un grupo al que en 2025 se sumó Buenos Aires.
Al menos 10 jurisdicciones desdoblaron las elecciones legislativas para sus propias cámaras de diputados y senadores el año pasado: Salta (11 mayo), Jujuy (11 mayo), Chaco (11 mayo), San Luis (11 mayo), Ciudad de Buenos Aires (18 mayo), Misiones (8 de junio), Santa Fe (29 junio) y Formosa (29 junio), Corrientes (31 agosto) y la provincia de Buenos Aires (7 septiembre).
Por otro lado, y más allá del resultado en el Congreso, cada provincia deberá definir qué hace con sus propias elecciones primarias. Si avanzan las reformas del gobierno nacional, el cronograma podría terminar complejizándose con los procesos electorales de cada distrito.
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De qué se trata la reforma electoral de Milei
El proyecto que el Gobierno envió al Congreso tiene 78 artículos y propone modificaciones a cuatro leyes: el Código Electoral Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Además de la eliminación de las PASO, la iniciativa endurece los requisitos para crear y mantener partidos políticos. Los partidos de distrito deberán acreditar afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con un tope de dos millones de electores.
Para ser reconocido como partido nacional, se eleva de cinco a diez distritos la presencia mínima requerida, y se fija la caducidad para las fuerzas que no alcancen el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales consecutivas.
Las afiliaciones dejarán de tramitarse en papel y pasarán a instrumentarse mediante avales biométricos en una plataforma digital administrada por la Cámara Nacional Electoral. Lo curioso es que la normativa actual fue la que permitió a LLA consolidarse como partido en varias provincias.
El proyecto de Ficha Limpia establece la inhabilitación para quienes tengan condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos para ser candidatos a cargos electivos nacionales o ejercer funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo.
El financiamiento de las campañas es el capítulo más polémico. El proyecto elimina el financiamiento público para campañas electorales y los espacios publicitarios gratuitos en medios audiovisuales.
En su lugar, habilita aportes privados regulados, con un tope del 35% del total permitido por distrito para un mismo aportante, obliga a informar semanalmente las donaciones y prohíbe aportes de contratistas del Estado, personas procesadas por lavado de activos o evasión, y sindicatos.
El problema es que la propia historia reciente del oficialismo pone en tensión ese modelo. José Luis Espert, excandidato a renovar su banca de diputado, quedó imputado por lavado de activos en octubre de 2025 después de que la Justicia determinara que el narcotraficante Fred Machado había transferido 200.000 dólares no declarados a su campaña presidencial de 2019.
Además, le facilitó 36 vuelos en aeronaves de su propiedad. Espert reconoció haber recibido el dinero, aunque lo justificó como pago por una consultoría minera, y renunció a su candidatura pocos días antes de los comicios legislativos de ese año. Por su parte, Machado confirmó que había financiado su campaña, indicando que fue un pedido del propio economista.
El propio Javier Milei también quedó expuesto. En octubre de 2025 ofreció un show en el Movistar Arena junto a la llamada “Banda Presidencial”, financiado por la familia Kovalivker, propietaria de la Droguería Suizo Argentina.
Esa empresa había sido señalada como parte de un entramado de irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Integrantes de la familia fueron allanados en el marco de la causa judicial.
Una denuncia penal presentada en octubre de 2025 sostuvo que el financiamiento del evento por parte de un particular con contratos activos con el Estado podría configurar delitos del Código Penal vinculados con la aceptación de dádivas y negociaciones incompatibles. La causa se tramita en el juzgado federal a cargo del doctor Daniel Rafecas.
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