El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei, Alberto Baños, se presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU para cuestionar la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura, en un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia.
En un hecho inédito desde el retorno de la democracia, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, se presentó ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar.
El funcionario del gobierno de Javier Milei rompió con décadas de tradición argentina en ámbitos internacionales al sostener que ese número es un “dato falso” utilizado para “perseguir subsidios económicos”. Las declaraciones fueron recibidas con perplejidad por los expertos internacionales presentes en la sesión.
Por primera vez, un representante argentino con responsabilidades en derechos humanos viajó miles de kilómetros para poner en duda uno de los pilares de la memoria colectiva del país ante organismos internacionales. Para colmo, a eso sumó un ataque a los organismos encargados de defender las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La Argentina debía ser examinada ante el CAT sobre la reducción del espacio cívico, la represión de la protesta, la penalización y el endurecimiento del sistema carcelario, pero la sesión se transformó en una diatriba contra los organismos de derechos humanos y las políticas de memoria desarrolladas en las últimas décadas.
La brutal represión de Bullrich contra jubilados terminó con cientos de detenidos y un periodista luchando por su vida
Un negacionista suelto en Ginebra
Baños viajó a Ginebra para representar al Estado argentino junto con Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y abogado de Patricia Bullrich, y Diego Goldman, subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad.
Durante su intervención ante el 83º período de sesiones del CAT, el subsecretario llevó la voz cantante con un discurso de tinte negacionista que cuestionó las bases de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
“Si uno llega a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el período de la dictadura militar 1976-1983, cae en el negacionismo“, afirmó Baños ante los comisionados.
El funcionario continuó: “Todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número. Hoy en día, quien lo ideó lo dice públicamente. Hay un montón de reportajes en las redes sociales donde confiesa por qué se hizo y con qué intención”.
El subsecretario hizo referencia a Luis Labraña, un ex militante de Montoneros que se adjudica haber “inventado” la cifra de los 30.000 desaparecidos. Para el Gobierno nacional, este testimonio constituye una prueba para impulsar esta narrativa, pese a que existen multitud de fuentes que lo contradicen.
De hecho, documentos desclasificados de Inteligencia del Ejército Argentino estimaron la cifra de “muertos y desaparecidos” en aproximadamente 22 mil víctimas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún faltaban varios años para el retorno de la democracia.
“A partir de que ese número no puede ser negado porque entramos en el negacionismo, la verdad no les interesa en absoluto. El tema es cuestionar a la República Argentina”, se quejó Baños en referencia a los organismos de derechos humanos.
El funcionario arremetió frontalmente contra las organizaciones de la sociedad civil. “¿Cómo vamos a creer en esos organismos que defienden datos falsos, sabidamente falsos?”, insistió. Según Baños, las políticas de memoria no se habían desmantelado sino que se estaban ensanchando hacia “una memoria amplia, no como pretenden los ideólogos del pasado”.
El principal objetivo del subsecretario fue atacar a los organismos de derechos humanos, a quienes acusó de haber proporcionado “información falsa” al CAT y habló de una supuesta concertación desestabilizadora, de la que no dio ninguna prueba.
“El 10 de diciembre de 2023, a horas de haber asumido el Presidente Milei la presidencia de la Argentina, más de 100 organizaciones no gubernamentales poco menos que se juramentaron hacerle la vida imposible al gobierno argentino e ir a todos los organismos internacionales denunciando y cuestionando las políticas públicas de la nueva gestión”, afirmó.
Baños también recriminó al comité por supuestamente seguir los “dictados” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Aquí de lo que se trata es que hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron“, lanzó, evidentemente envalentonado por los resultados de las elecciones.
“Se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, y nosotros no lo vamos a tolerar. No van de la mano la corrupción y la defensa de los derechos humanos”, continuó el funcionario, quien -vale aclarar- no presentó denuncia alguna por esos supuestos hechos que señaló en el plano local.
El subsecretario afirmó que “La Secretaría de Derechos Humanos se convirtió en una bolsa de trabajo para aquellos organismos ideologizados que invadieron todos los estamentos del Estado para allí construir políticas supuestamente públicas pero que estaban dirigidas a ser cómplices de los requerimientos ideológicos del momento“.
Sobreseyeron a los últimos imputados por marchar contra la Ley Bases: El Gobierno los había acusado de terroristas
Defensa del protocolo antipiquetes
Curi, quien funge como mano derecha de Bullrich, les pidió a los comisionados tomar nota del juicio de los cuadernos, que nada tenía que ver con el tema de la reunión. Fue en el tiempo que le sobró para su acalorada defensa del protocolo antiprotestas.
Según él, ningún cuestionamiento era factible para la resolución 943/2023 porque Bullrich obtuvo el 51% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que según él debe leerse como una convalidación de su accionar en el Ministerio de Seguridad.
El exabogado de Bullrich también afirmó que el “Estado argentino no tolera la violencia institucional” y citó algunas resoluciones judiciales como si hubiesen sido impulsadas por el Poder Ejecutivo. Y, sin sonrojarse, añadió que “ningún policía quiere agredir o lastimar a nadie”.
La realidad es que ya hay varios efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal procesados por herir a manifestantes y por proceder con detenciones arbitrarias durante las protestas. Esto, sumado al nivel de violencia utilizado por las fuerzas de seguridad, le había valido a Bullrich los cuestionamientos de organismos especializados.
El gobierno de Milei viene ejerciendo un nivel de violencia sin precedentes durante las marchas de jubilados y entre los episodios más repudiables estuvieron el lanzamiento de un proyectil contra el fotoperiodista Pablo Grillo (que atraviesa un tortuoso proceso de rehabilitación) y el ataque con gases lacrimógenos a una niña que se encontraba junto a su madre.
Goldman, por su parte, justificó la decisión del Ministerio de Seguridad de proveerles una defensa oficial a los agentes que enfrentan cargos en la justicia. Sostuvo que la defensoría general no tiene un área especializada en la defensa de fuerzas de seguridad y que no debe terminar en un proceso que sea “todos contra el imputado”.
El principal cruce de la delegación argentina fue con el comisionado Jorge Contesse, quien le recordó a Baños que estaba hablando con un comité independiente. “No nos ponemos a disposición de maniobras ni queremos atacar a un país“, le señaló.
El presidente del CAT, Claude Heller, también le explicó al subsecretario que el organismo se nutre de distintas fuentes para saber lo que pasa en el país. Baños no dejó de refunfuñar y acusó a los integrantes de funcionar como un tribunal examinador. Afirmó que los miembros de la ONU eran víctimas de una “colonización ideológica”.
El Ministerio de Seguridad emitió posteriormente un comunicado donde denunció que el Comité no citó “fuentes al momento de realizar críticas o suministrar datos“. La cruzada de Baños continuará la semana próxima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Con ánimo inquisitivo, colonizados por varios organismos no gubernamentales argentinos, algunos miembros del Comité, como el Comisionado Jorge Contesse, de nacionalidad chilena, se excedieron fuertemente en sus preguntas, demostrando ostensiblemente el rol de representante de algunos de esos organismos que pertenecen a la oposición argentina”, expresó la cartera en su comunicado.
El gobierno justificó la represión frente al Congreso ante la CIDH y habló de un supuesto intento de “sedición”
Alberto Baños y su cruzada contra los DDHH
Alberto Julio Baños llegó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación en diciembre de 2023, cuando se comunicó con las autoridades salientes de la Secretaría para informarles que él se haría cargo de la dependencia que durante el Frente de Todos estuvo en manos de Horacio Pietragalla Corti.
Su designación generó alarma entre militantes y organismos de derechos humanos desde el primer momento. Una señal que alertó fue que el ministerio ya no sería de “Justicia y Derechos Humanos”, sino únicamente de “Justicia”.
La cartera es conducida por Mariano Cúneo Libarona, quien antes de asumir había hecho gala de sus buenas migas con jueces y fiscales. Cúneo Libarona y Baños se conocen de sus años mozos en la justicia ordinaria. Cúneo lo reclutó como docente de la especialización en Derecho Procesal Penal que dirige en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).
En cuanto al historial de Baños, cabe recordar que entró en el Poder Judicial en plena dictadura. En el fuero penal ordinario se ganó fama de duro. “Duro entre los duros”, remarca un juez que lo frecuentó y que recuerda que Baños no escondía sus simpatías por las fuerzas de seguridad a lo largo de su carrera.
Ingresó en la justicia civil de la Capital Federal en 1977, pero hizo toda su carrera en el fuero penal. Se graduó en 1987 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en 1993 asumió como juez penal.
En esos años, uno de sus mejores amigos era el juez Juan José Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación por el atentado contra la AMIA y que terminó condenado por el desvío de la pesquisa. Según el diario La Nación, Baños fue padrino de uno de sus hijos.
Si bien por integrar el fuero ordinario Baños no tuvo actuación en las causas de lesa humanidad, tuvo incidencia en un expediente que tenía como protagonista a una de las figuras más infames de la última dictadura.
En 2010, concedió un Hábeas Corpus que había presentado la familia del exministro de Economía José Martínez de Hoz para que saliera del penal de Ezeiza, donde estaba alojado por orden del juez federal Norberto Oyarbide. Baños lo envió a la clínica de Los Arcos.
En septiembre de 2023, Baños presentó su renuncia como magistrado. Lo hizo mientras tenía a su cargo la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan y mientras se negaba sistemáticamente a correr de la pesquisa a la Policía de la Ciudad pese a que había estado involucrada en un sinnúmero de irregularidades.
“Mi principal experiencia con el juez Baños fue a partir de la causa de Arshak, y dejó muchísimo que desear en cuanto al compromiso por la investigación de la desaparición forzada de Arshak y principalmente por el trato con su madre“, afirmó Victoria Montenegro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.
“Me preocupa porque la SDH tenía un rol importante en la búsqueda de este policía, que está próximo a cumplir cinco años desaparecido”, agregaba. De hecho, la SDH había pedido el apartamiento de Baños por su defensa de la Policía de la Ciudad.
Pocos meses después se incorporó al gobierno de Javier Milei. Antes de que asumiera, los organismos de derechos humanos esperaban conocer los primeros pasos de Baños en la función, aunque su nombre no generaba tranquilidad.
“Esta designación confirma que no habrá una política de derechos humanos, porque él no tiene trayectoria en la materia y es considerado un juez duro o vinculado a la policía”, sostenía Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Esta perspectiva quedó plasmada en algunas de las causas que estuvieron a su cargo en las que no se reconocieron los derechos de las víctimas, fue muy restrictivo en la intervención de las querellas o se negó a apartar a la Policía de la Ciudad en el caso de Arshak Karhanyan”, agregaba.
Como era de esperar, la política de “memoria completa” de Baños redundó en un desfinanciamiento de los sectores relacionados con los Derechos Humanos, un ataque reiterado a las víctimas de la última dictadura y una defensa desproporcionada de los militares víctimas de ataques de guerrillas.
Hasta hace dos semanas, Baños estaba en la cuerda floja por la anunciada, mas no cumplida, renuncia de Mariano Cúneo Libarona. Posiblemente envalentonado con los resultados de las elecciones, decidió que era hora de presentarles batalla a los integrantes del CAT, pero, sobre todo, a los organismos de derechos humanos.
