Este lunes, Cristina Fernández de Kirchner recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti por su desidia en la causa por el atentado. La magistrada se niega a investigar los vínculos políticos de los atacantes, su financiamiento y los nexos con Revolución Federal. Te contamos el entramado de impunidad para cerrar el peor atentado desde el regreso de la democracia en tres “locos sueltos”.
Las claves de la recusación contra Capuchetti
Revolución Federal (RF), organización ultraderechista fundada por Jonathan Morel, creó el clima para el asesinato de CFK. Así lo definició el juez Marcelo Martínez de Giorgi que investiga sus amenazas, escraches y financiamiento.
La consigna era “hay que matar a Cristina, se necesita un héroe que gatille”. En ese marco, la influencia sobre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -las dos figuras centrales en la autoría material del ataque- resultó decisiva.
Sabag y Uliarte participaron de una marcha, una fiesta y una transmisión en vivo por redes sociales de Revolución Federal, siempre con el magnicidio como tema central.
Pero un elemento clave de las andanzas del grupo neonazi fue el financiamiento: Martínez de Giorgi ordenó 11 allanamientos este viernes para saber cuánto de los 13 millones de pesos que recibió Morel de Caputo Hermanos -empresa familiar allegada a Mauricio Macri- se justifican en una supuesta compra de muebles y cuánto evidentemente fue para financiar a RF.
En paralelo, es evidente que el diputado del PRO, Gerardo Milman, estaba al tanto del atentado.
Tenía vínculos con RF; estuvo en la marcha de las guillotinas con el grupo neonazi; y María Mroue, una allegada a Carolina Gómez Mónaco -la exMiss Argentina y colaboradora de Milman- fue la primera en entrevistar a Uliarte vendiendo copos en una nota armada.
En un serio caso de miopía judicial, la jueza María Eugenia Capuchetti se niega a investigar los hechos como un todo y por eso será recusada este lunes.
Milman sabía
La recusación de Capuchetti que pidió CFK tuvo como disparador la inacción de la jueza ante las líneas investigativas que apuntan al diputado PRO.
El 19 de agosto, 13 días antes del intento de magnicidio, presentó un proyecto en el que mencionó que habría un “falso ataque a Cristina”. El cual concluye con una siniestra advertencia: “Sin Cristina, hay Peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina“.
Durante esos 13 días insistió además con que la custodia de CFK era demasiado grande, o sea sugiriendo que la reduzcan.
El 30 de agosto, Milman estuvo en la confitería Casablanca y habría dicho “cuando la maten estaré en la Costa”. Lo declaró bajo juramento un asesor del diputado oficialista Marcos Cleri.
Las dos colaboradoras que estaban con Milman mintieron, en especial Carolina Gómez Mónaco que estuvo una hora y 15 minutos en la confitería y ante la jueza afirmó que desde hacía meses que no iba a Casablanca. Pero las cámaras de seguridad la desmintieron, por lo que tuvo que reconocer ese encuentro.
Los abogados de CFK José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal pidieron que se secuestren los celulares de Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, la otra asistente presente en Casablanca, para verificar si aparecían elementos. Sin embargo, la jueza denegó el pedido.
La lógica de la investigación indicaría que la justicia debe averiguar cómo es que Milman sabía que iban a intentar matar a CFK. Sin embargo, Capuchetti se niega a investigar los siguientes hilos que apuntan al diputado PRO:
El 9 de julio Milman estuvo en la marcha en la que RF llevó una guillotina al Obelisco y a Plaza de Mayo. El grupo tuvo una clara influencia ideológica sobre la precaria banda que realizó materialmente el atentado, conformada por Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo.
Además está el dato de la asesora del diputado, Gómez Mónaco, quien sin ningún antecedente, fue designada por Milman directora de la Escuela de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich.
Resulta notable que ningún miembro de la oposición haya salido a explicar ese nombramiento.
En el mismo mes de su designación, septiembre de 2017, Gómez Mónaco abrió un sofisticado centro de estética en pleno centro porteño, con una inversión verdaderamente notable. Por esto, Gómez Mónaco es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de una presentación judicial que hizo en Comodoro Py el abogado Yamil Castro Bianchi.
Una socia de la exMiss Argentina, de la parte de fitness, María Mroue, fue la primera en entrevistar a Brenda Uliarte y ponerla al aire de Crónica TV.
La joven, que participó del atentado, simulaba vender copos y dijo al aire que tenía un plan social, pero que renunció a él para trabajar. Toda una mentira armada para la ocasión: nunca tuvo plan social.
La ruta del dinero
Para Ubeira y Aldazabal hay otro nexo de Juntos por el Cambio con el ataque a Cristina que investiga con fuerza otro juzgado: los nexos económicos entre Caputo Hermanos y Revolución Federal, grupo del que no se descartan vínculos con la llamada “Banda de los Copitos”.
El juez Martínez de Giorgi, a cargo del expediente sobre RF, ya dijo que todo debería estar en una única causa. Incluso en los procesamientos a los integrantes del grupo que encabeza Morel dejó por escrito que crearon un clima que culminó en el ataque del 1 de septiembre.
Tanto para Martinez de Giorgi como para el fiscal de ese caso, Gerardo Pollicita, la causa que apunta a RF debe investigarse de manera conexa a la del atentado. Pero Capuchetti rechazó esta posición.
Esto derivó en un conflicto de competencia que saldó la Cámara Federal porteña. Para Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, las causas se deben investigar por separado.
Son los mismos jueces que firmaron la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, los cuatro miembros de RF, antes de que Martínez de Giorgi los procesara por querer “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Martínez de Giorgi investiga los 13 millones de pesos que la empresa Caputo Hermanos -de la familia del ex ministro macrista Luis “Toto” Caputo y el “amigo del alma” de Macri, Nicolás “Nicky” Caputo– enviaron a RF.
El juez envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a Espacio Añelo, al lado de Vaca Muerta para que verifiquen las cantidades de muebles que Morel-Caputo dicen que se enviaron a Añelo. El paso siguiente será tasarlos para saber si realmente valen esas sumas.
La PSA también fue de visita a los proveedores de muebles, colchones y lámparas que Morel le entregó a Caputo Hermanos.
Algunos funcionan en casas particulares, en viviendas privadas y unos pocos son realmente fabricantes. Resulta llamativo que Caputo Hnos. le haya mandado millones de pesos a un carpintero, sin experiencia, que no estaba en condiciones de fabricar nada.
Derecho penal de autor
No es la primera vez que la jueza Capuchetti queda señalada por “inacción procesal” cuando aparecen, en el camino de la investigación, sospechosos vinculados al poder económico, como es el caso de la pista que señala a los Caputo.
La misma magistrada es la que tiene a cargo tramitar la acusación contra Macri, Caputo y Federico Sturzzennegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del préstamo extraordinario con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos.
El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar, a pesar de que pasó más de un año desde aquella imputación.
Miopía o blindaje judicial. Sea cual fuere el caso, para los abogados de CFK hay una evidente cobertura de la pista política, que decidió no investigarse.
La división de causas va en sintonía con el pedido de la Cámara Federal porteña de elevar prontamente a juicio el caso del atentado. Como si se buscara cortar rápido cualquier dato incómodo que pudiera surgir de la pesquisa.
