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lunes, marzo 4, 2024

La Sala I de la Cámara Federal porteña busca terminar de una vez con las causas del atentado

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, asestó un nuevo golpe para lograr la impunidad en la causa que investiga el atentado contra CFK: ordenaron la liberación de todos los miembros del violento grupo Revolución Federal, que estaban presos por incitación a la violencia. ¿Cuáles son los hilos investigativos que Capuchetti y la Cámara no quieren profundizar?

Los tres jueces con probados vínculos con el macrismo buscan cercenar y terminar de una vez con las pesquisas judiciales que orbitan al rededor del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

"Un fallo fascista que empodera a los violentos"

Este martes, la conocida como "Sala M" (por macrista) ordenó la libertad de los integrantes de Revolución Federal que abiertamente hablaban de asesinar a la vicepresidenta.

No se verifica de momento la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones" (la del intento de magnicidio y las violentas acciones de Revolución Federal) y "no hay peligro procesal" en las libertades de los ultra derechistas, dictaminaron los camaristas.

Fue así que liberaron a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabina Basile.

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En su resolución no hay ninguna referencia a profundizar la investigación para determinar si hay relación entre el ataque Revolución Federal, el financiamiento de la agrupación, el rol del patovica "libertario" Hernán Carrol y si el diputado PRO Gerardo Milman sabía de antemano que sucedería el atentado, tal como se desprende de un testimonio.

El fiscal Gerardo Pollicita había acusado a Revolución Federal de ser parte de “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.

Se les imputó el delito de intimidación pública que prevé una pena de tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Además, con el agravante previsto para “quien aliente a la persecución contra una persona o grupo a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

Como es de público conocimiento, el grupo sostenía charlas abiertas en redes sociales donde hablaban de matar a Cristina, a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández.

El grupo produjo varios hechos de violencia contra la Casa Rosada, durante las asunciones de Sergio Massa y de Silvina Batakis, así como agresiones contra otras figuras políticas.

Cabe recordar que en una marcha de antorchas contra la Casa Rosada, con tentativa de incendio incluido, estaba presente Brenda Uliarte, protagonista del atentado contra CFK.

A pesar de esta larga lista de elementos, los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens resolvieron otorgar la libertad a los cuatro integrantes detenidos.

Según sus cuatro escuetas resoluciones, de apenas cuatro páginas cada una, los jueces se limitaron a argumentar que: No hay peligro procesal, es decir que se fuguen o que alteren la causa judicial; y supuestamente no ven vínculos con el ataque a CFK.

En sus escritos no hay ninguna referencia a profundizar las pesquisas, a investigar quienes financiaron al grupo -en relación a las transferencias millonarias que el Grupo Caputo realizó a la carpintería de Morel- y sus posibles vínculos con la llamada "Banda de los Copitos".

Uberia: "Quieren darle impunidad a los que atentaron contra la democracia"

El abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, cargó fuerte contra el tribunal por su fallo.

El letrado consideró que la decisión de la Cámara Federal porteña constituye "un fallo fascista que empodera a los violentos”. Además, dijo no tener “ninguna confianza en que Comodoro Py resuelva el atentado contra Cristina".

En diálogo con El Destape Radio, Ubeira manifestó que los camaristas "Bruglia, Bertuzzi y Llorens quieren darle impunidad a los que atentaron contra el sistema democrático" y que "no les importa nada de lo que aportamos, porque eso finalmente llega a los que ellos quieren proteger".

"Cuando alguien aparezca muerto le iremos a preguntar a Bruglia, Bertuzzi y Llorens porque los liberaron", expresó el abogado de CFK, que remarcó la poca importancia que le dan a lo sucedido:

“No hace falta ser jurista para ver que estos jueces tratan el atentado de Cristina como un asalto a un supermercado”.

"Ahora los jueces de la Sala I se hacen responsables de la seguridad de Cristina Fernández, de sus hijos y de aquellos que militan en el espacio político que ella lidera. Los responsables se llaman (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens. Es hora de que los jueces se terminen haciendo cargo de las decisiones que toman", advirtió Ubeira, en diálogo con C5N.

El letrado afirmó que "el peligro no solamente no pasó sino que sigue totalmente latente".

"El mensaje que dan los jueces es 'ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pueden amenazar, pueden promover cualquier tipo de acción violenta, pueden perseguir, pueden amedrentar, pueden cagarse en el sistema democrático, que cuando ustedes lleguen a la cárcel, en un rato nomás vuelven a la calle'. Ese es el mensaje que acaba de dar la Sala I", concluyó Ubeira.

Juzgar a tres locos sueltos

El lunes, los mismos jueces firmaron otro fallo en el que apuraron a la jueza que instruye la causa por el atentado, María Eugenia Capuchetti, para que eleve rápidamente a juicio a los tres autores materiales que quedan detenidos tras la liberación de Agustina Díaz: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo.

En ese mismo fallo, deslizaron la posibilidad de investigar la hipótesis de un supuesto "auto atentado", ordenando poner la lupa en la custodia de la Vicepresidenta y en los militantes que la rodeaban aquel 1 de septiembre, cuando ocurrió el atentado.

Al igual que con Revolución Federal, Bruglia, Bertuzzi y Llorens pretenden tratar el atentado a un autoridad del Estado como un hecho delictivo más, acotado a tres inadaptados sociales, sin vínculos con el mundo de la política y empresarial.

Lo que Capuchetti y la Cámara porteña no quieren investigar

En el transcurso de la pesquisa fueron apareciendo elementos que podrían constituir hilos de investigación, pero sin embargo, ni la jueza Capuchetti ni la Sala M consideran dignos de ser investigados. A saber:

Los afiches contra Cristina

En marzo de este año aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 500 afiches difamatorios que acusaban a la vicepresidenta de “asesina” (sic) y de ser “culpable de 35.000 muertes” (sic), en referencia a supuestos "negocios con (Vladimir) Putin" por la obtención de las vacunas Sputnik-V contra el coronavirus.

La investigación está paralizada hace más de un mes por un conflicto de competencia. A fines de agosto, el juez Manuel De Campos se declaró incompetente y le mandó la causa al juez Sebastián Casanello, que ya había opinado que no era materia de la justicia federal, por lo que intervino la Cámara Criminal y Correccional porteña.

Este martes, la Cámara decidió que la causa por la campaña de desprestigio debe quedar a cargo de Casanello.

“De las constancias reunidas, es posible inferir que la maniobra investigada se halla vinculada a una persona que encomendó la colocación de afiches con el objeto de conmocionar e influir en la opinión pública y a la sociedad en general, con relación a la autoridad mencionada, de modo que no existen hesitaciones en torno a que la finalidad de la conducta descripta era la de atentar contra la señora Vicepresidenta y su función en el Gobierno Nacional”, sostuvo el camarista Mariano Scotto.

Hasta ahora, el hecho se investigaba como una intimidación pública, de la cual la vicepresidenta no era una víctima directa. Sin embargo, la Cámara consideró que en verdad se buscaba atentar contra la titular del Senado en particular.

Al hablar de “atentado”, la Cámara dejó la puerta abierta a una posible unificación con otros expedientes como el que investiga la jueza Capuchetti o el que está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi por las acciones de Revolución Federal.

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