La Cámara Federal de Casación Penal cerró definitivamente la causa que investigaba a Mauricio Macri y Luis Caputo por el endeudamiento con el FMI en 2018, con la firma de los jueces que se juntaban con el expresidente en la Quinta de Olivos.
La Cámara Federal de Casación Penal cerró de manera definitiva la causa que investigaba a Mauricio Macri y Luis Caputo por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de 2018.
La decisión llevó la firma de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes habían mantenido encuentros con el expresidente en la Quinta de Olivos, y de Javier Carbajo. El expediente quedó sin posibilidad de avanzar, salvo que aparezcan hechos nuevos o distintos a los ya investigados.
Otro regalo de la justicia para Macri y Caputo
El fallo fue dictado este lunes por la Sala IV del tribunal, que votó de forma unánime. Los magistrados dieron por desistido el recurso de queja presentado por el fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, y con ello dejaron firme el archivo dispuesto en primera instancia.
El camino hacia el cierre tuvo varias etapas. En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N° 5, archivó la causa por “inexistencia de delito“. Sostuvo que la negociación de la deuda fue una decisión de política económica que no configuraba un delito.
El 4 de septiembre, los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron esa decisión. Veintiún días después declararon inadmisible el recurso de Casación del fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, quien respaldaba la investigación del fiscal Franco Picardi.
Ante Casación, Pleé desistió de sostener la apelación. En su dictamen afirmó que “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.
Los jueces citaron esa conclusión y ratificaron que las instancias previas “han hecho una adecuada aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas que escapan al control judicial”. Pleé también planteó que “no se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino”.
La Sala IV rechazó además los planteos de Antonio Conrado De Martino, un ciudadano que se presentó por su cuenta como contribuyente. Había pedido la recusación de los tres jueces y de los fiscales Pleé y Agüero Iturbe, la nulidad del dictamen de Pleé y la habilitación de una queja para llegar a la Corte Suprema.
El tribunal resolvió “no hacer lugar a la queja”, al considerar que no era un potencial perjudicado directo y que su adhesión carecía de un recurso principal al cual sumarse. Los jueces señalaron que “no existe ni existió en estas actuaciones un recurso concedido o en trámite al cual el presentante pudiera adherir”.
Los camaristas también hicieron una observación a De Martino y a su abogado, Nicolás Roberto Corbetto Norese, para que “ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial”. Enviaron copias de las presentaciones al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que analice la actuación del letrado.
Milei corrió al Estado de la querella en la causa por la deuda que Macri tomó con el FMI
El endeudamiento más grande de la historia
El acuerdo Stand-By con el FMI se firmó en 2018 por 50.000 millones de dólares y se amplió después hasta 57.100 millones, el préstamo más alto de la historia del organismo y también de la República Argentina.
La investigación comenzó con una denuncia de los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes sostuvieron que el acuerdo se tomó “sin pasar por el Congreso Nacional”, en incumplimiento de la ley de Administración Financiera.
En 2021, la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Alberto Fernández presentó otra denuncia, que se unificó en el mismo expediente. La pesquisa analizaba posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Además de Macri, estaban señalados el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y Guido Sandleris, los tres últimos presidentes sucesivos del Banco Central. También figuraban el actual titular del BCRA, Santiago Bausili, y miembros del Comité de Política Monetaria de esa entidad.
El fiscal Picardi planteó tres ejes: que se contrajo una deuda insostenible sin cumplir las normas aplicables, que los fondos se destinaron a la fuga de capitales en beneficio de grupos privados y que su administración fue discrecional, lo que impidió su control y trazabilidad.
Su acusación se apoyaba en informes de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación. Este último organismo cuantificó el perjuicio al Estado en al menos 29.618 millones de dólares.
El caso se cerró luego de que el Gobierno de Javier Milei se incorporara como querellante a través de la Procuración del Tesoro, mediante el decreto 87/2026, y que posteriormente retirara esa querella, en un claro guiño a Macri y sus funcionarios.
Bertuzzi y Llorens sobreseyeron a Caputo en la causa por endeudar al país por 100 años
La relación entre Mauricio Macri y los jueces
La decisión estuvo marcada por la cercana relación entre el expresidente y los camaristas encargados de dictar el fallo. Por caso, Borinsky visitó la Quinta de Olivos al menos 16 veces cuando Macri era presidente. Muchos de esos ingresos figuraban como encuentros para jugar al pádel o al tenis.
Hornos, por su parte, tuvo reuniones con Macri en la Casa Rosada y en Olivos. En febrero de 2021, cuando se conocieron seis visitas a la Casa de Gobierno, explicó ante sus pares de Casación que mantenía con el entonces presidente “una relación social de años”. Dos meses después se conocieron otros dos encuentros en la residencia presidencial.
Carbajo fue designado juez de Casación por Macri en diciembre de 2018. También fue nombrado por Bertuzzi, uno de los camaristas federales que confirmaron el archivo en septiembre. Entre tanto, Pleé integró la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca durante la presidencia de Macri en el club.
Pese a esto, en su resolución, los jueces de la Sala IV rechazaron la recusación de De Martino al considerar que “no hay elementos objetivos que permitan fundar razonablemente una sospecha de parcialidad“.
