La Corte Suprema de Justicia decidió revocar el sobreseimiento de Jorge Macri por lavado de activos en el marco de la causa que lo investiga por la compra de un departamento en Miami.
La Corte Suprema de Justicia ordenó esta semana dejar sin efecto el sobreseimiento de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y primo del expresidente Mauricio Macri, en una causa donde se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011.
El máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por la fiscalía y dispuso que la causa vuelva a la Cámara Federal de Casación Penal para que dicte una nueva resolución.
El fallo y sus argumentos
La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Pablo Candisano Mera, de la Cámara Federal de Bahía Blanca, y Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal de Córdoba.
El único voto en disidencia fue el del juez Carlos Rosenkrantz, quien consideró que el recurso de la fiscalía era inadmisible y propuso mantener firme el sobreseimiento.
La mayoría del tribunal sostuvo que el fallo de Casación que había cerrado la causa “no constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias obrantes en la causa“.
En particular, los jueces señalaron que la Cámara de Casación había ignorado los planteos del fiscal Mario Villar sin hacerse cargo de sus argumentos, que apuntaban a que el sobreseimiento era prematuro porque todavía quedaban medidas de prueba por realizarse.
La Corte también aclaró los límites de su intervención: no se expidió sobre el fondo del asunto ni adelantó opinión sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados. Distinguió expresamente su decisión de lo que la jurisprudencia denomina “excursión de pesca”, es decir, la apertura de procesos penales basados en generalidades sin elementos concretos.
En este caso, a criterio de la mayoría, existían argumentos específicos que Casación había “dogmáticamente soslayado”. Como consecuencia, el sobreseimiento de Macri pierde efectividad de manera provisoria.
La Cámara de Casación deberá tratar nuevamente el recurso del fiscal y responder de manera fundada a sus planteos antes de emitir una nueva resolución. Rosenkrantz, por su parte, entendió que la fiscalía no había logrado demostrar la arbitrariedad del sobreseimiento y que las cuestiones de hecho y prueba quedan fuera del análisis que le corresponde a la Corte.
De qué se trata la causa
La investigación se originó en 2016, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a partir del escándalo de los Panama Papers. El objeto de la pesquisa es determinar si los fondos utilizados para adquirir una propiedad en Miami tuvieron un origen ilícito.
En abril de 2011, Macri y su entonces esposa Florencia De Nardi constituyeron en el estado de Florida la sociedad “Icon Unit 1704 LLC”, con un capital inicial de 10.000 dólares. A través de esa firma, adquirieron un departamento en Miami por 402.963 dólares.
Según lo declarado en la operación, los fondos provinieron de dos fuentes: un préstamo del banco estadounidense Bac Florida Bank por 219.000 dólares y otro de la sociedad uruguaya Fawsley S.A. por 184.000 dólares.
El principal cuestionamiento de la fiscalía es que ese préstamo de Fawsley S.A. no habría existido realmente, sino que se trató de un acto simulado para disimular el verdadero origen del dinero.
Entre los indicios señalados figuran que el préstamo se otorgó con la sola garantía de un pagaré, sin respaldo suficiente, y que no existen constancias de su cancelación. Además, la sociedad uruguaya cedió posteriormente ese crédito a la empresa panameña “Cometas Company Inc.”, que fue adquirida por Antonella Miranda Macri Wolny, hermana de Jorge Macri.
A esto se suma que el departamento fue vendido un año después de su compra por 502.630 dólares, un 25% más que el precio de adquisición. Con ese dinero, la sociedad de Macri y De Nardi canceló el préstamo bancario y adquirió una nueva propiedad en Miami a través de otra firma, “Artecity N. 204 LLC”, para lo cual obtuvo un segundo préstamo de Fawsley S.A.
La operación generó un reporte de operación sospechosa (ROS) por parte de la entonces AFIP (hoy rebautizada como ARCA) y motivó la intervención de la Unidad de Información Financiera.
La causa transitó tres instancias judiciales con el mismo resultado: la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dictó el sobreseimiento de Macri, De Nardi y del ciudadano uruguayo Javier Rubira Alonso (presidente de Fawsley S.A.) por inexistencia de delito.
Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín en diciembre de 2019 y luego ratificada por la Cámara de Casación en diciembre de 2021. Ahora, por orden de la Corte, ese tribunal deberá revisar su postura.
