Javier Milei ordenó que el Estado deje de ser querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en el préstamo que Mauricio Macri tomó con el FMI durante su gobierno, en el que tuvieron un papel clave dos de sus actuales ministros: Caputo y Sturzenegger.
Javier Milei decidió que el Estado deje de ser querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri.
La medida beneficia particularmente a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministros de Economía y Desregulación, quienes tuvieron un papel clave en la negociación y administración de aquel préstamo de más de 50 mil millones de dólares tomado durante la gestión macrista.
El decreto presidencial
A través del Decreto 87/2026 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el gobierno libertario derogó el artículo 1° del Decreto 239/21 que había sido firmado por Alberto Fernández.
En su artículo 2°, el nuevo decreto instruye a la Procuración del Tesoro de la Nación a “cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019″.
El gobierno justificó la decisión argumentando que la Procuración actuó de manera excepcional en el proceso penal y que su participación en causas penales no forma parte de su especialidad técnica. Además, remarcó que el Ministerio Público Fiscal es el encargado de llevar adelante la acción penal.
El decreto especifica que el cese de la querella no significa que el Estado renuncie a reclamar daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar en los términos procesales correspondientes.
Sin embargo, la medida representa un claro alivio para Caputo y Sturzenegger, quienes como funcionarios del gabinete de Macri fueron figuras centrales en la negociación y manejo del préstamo con el organismo internacional.
Es decir que, con esta decisión, Milei no tendría por objetivo favorecer a Macri sino a sus dos ministros actuales. Lo llamativo del caso es que antes de asumir la presidencia, Milei había sido un duro crítico del préstamo que Macri y Caputo tomaron con el FMI.
De qué se trata la causa
La causa, caratulada “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de Buenos Aires.
La investigación fue impulsada en marzo de 2021 cuando el entonces presidente Alberto Fernández anunció la querella criminal en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
La Procuración del Tesoro denunció presuntos delitos de “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública Nacional” en relación a la deuda contraída con el FMI en 2018.
Los abogados del Estado señalaron que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había detectado que parte de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA para la venta de divisas al mercado.
Este tipo de accionar vilaría los compromisos asumidos ante el organismo internacional sobre el destino de esos recursos. Según la denuncia, estos fondos debían ser empleados como apoyo presupuestario y solo excepcionalmente podrían ser utilizados para su venta.
El núcleo de la acusación contiene dos ejes. Primero, un incumplimiento de los deberes de funcionario público al evitar consultar al Congreso sobre la conveniencia de tomar la deuda. Segundo, la convicción de que los fondos no se utilizaron para fortalecer las reservas como se argumentó desde el gobierno, sino para financiar la fuga de divisas con un dólar barato.
La Oficina Anticorrupción destacó en un informe incorporado a la causa que “las divisas (del préstamo del FMI) fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs.
“Terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos (deber de probidad)”, completó.
El 2 de febrero, la jueza María Eugenia Capuchetti, nombrada por Macri y conocida por sus contactos con dirigentes del PRO, resolvió archivar la causa. En su fallo consideró que:
“Las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados”.
La apelación de Picardi
La decisión de Capuchetti fue tan polémica que el fiscal Franco Picardi no tardó en apelarla. En su recurso, sostuvo que la magistrada realizó “una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas”.
“La resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa“, afirmó.
El fiscal recordó que se contrajo deuda por USD 57.100 millones “vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”.
Además, señaló que se destinaron “de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”.
“Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”, concluyó.
El planteo de Picardi remarca que existen indicios suficientes para profundizar la investigación y cuestiona aspectos institucionales y procedimentales del acuerdo, como la falta de intervención formal del Congreso o del Presidente mediante actos administrativos específicos.
La fiscalía solicitó que se revoque el archivo y que la Cámara Federal ordene continuar la investigación, considerando que la magnitud institucional y económica del caso exige un análisis más profundo y exhaustivo.
Cabe mencionar que el decreto de Milei se publicó apenas 72 horas después de la decisión de Capuchetti. La medida presidencial implica que el Estado nacional deja de impulsar la acción penal, aunque la investigación continúa en manos de la fiscalía que ya apeló el archivo.
