El gobierno volvió a prorrogar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral creado por la Reforma Laboral hasta diciembre y también extendió el período mínimo de aportes para poder usar los recursos a 12 meses, dejando los pagos para después de las elecciones.
El gobierno de Javier Milei volvió a prorrogar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Reforma Laboral, hasta diciembre. También extendió a 12 meses el período mínimo de aportes necesario para poder usar los recursos, con lo que los pagos quedan para después de las elecciones del año próximo.
La medida se oficializó mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. Lleva las firmas de Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli; de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Más retrasos en la implementación del FAL
La norma modifica el Decreto 408/2026, que había reglamentado el régimen, y sustituye su artículo 27. Con el cambio, el Título II de la Ley de Modernización Laboral 27.802 pasa a regir el 1 de diciembre de 2026.
El esquema debía comenzar originalmente el 1 de junio y ya había sido corrido al 1 de noviembre. La nueva postergación está dentro del máximo de seis meses que admite la ley para la implementación. El segundo cambio afecta al período de carencia, el lapso inicial en que las empresas aportan sin poder retirar fondos. Hasta ahora era de seis meses y pasó a doce.
El decreto establece que “el período de carencia mínimo será de DOCE (12) períodos mensuales”. El conteo comienza en el mes en que ARCA registre el primer aporte del empleador, y luego deberán completarse doce pagos consecutivos.
Si el cronograma no vuelve a modificarse, las empresas empezarán a aportar en diciembre de este año y los fondos podrán utilizarse recién en diciembre de 2027, y no en mayo de ese año, como correspondía antes del decreto.
En los fundamentos, el Gobierno indicó que faltan ajustes en procedimientos y sistemas informáticos, además de pruebas para detectar errores, inconsistencias o demoras. El texto afirma:
“Resulta conveniente otorgar un plazo adicional que permita completar las implementaciones necesarias y realizar las pruebas correspondientes, procurando asegurar las condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de su efectiva entrada en vigor”.
El pedido de más tiempo llegó a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), desde la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB).
Esas entidades solicitaron tanto demorar el inicio como ampliar la etapa inicial de acumulación. Sobre la ampliación de la carencia, el Ejecutivo sostuvo que seis meses no alcanzaban para reunir los recursos necesarios. Dijo buscar “una base inicial de recursos que contribuya a una adecuada correspondencia entre los fondos acumulados y las obligaciones potenciales a cubrir”.
Según el decreto, ambas modificaciones apuntan a “preservar la seguridad jurídica, previsibilidad y adecuada operatividad del régimen, en beneficio de los sujetos alcanzados y de los organismos y entidades responsables de su implementación”.
Los fondos funcionarán mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, supervisados por la CNV. Su puesta en marcha requiere coordinar al Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, ARCA, entidades del mercado de capitales y proveedores tecnológicos.
A comienzos de octubre, ARCA estableció el procedimiento para los aportes. Serán mensuales y se calcularán sobre las remuneraciones que sirven de base para las contribuciones patronales al SIPA. La alícuota es de 2,5% para pymes y determinadas entidades sin fines de lucro, y de 1% para el resto de los empleadores.
Más allá de los argumentos oficiales, lo cierto es que con esta decisión la implementación real del nuevo régimen y sus consecuencias podrán observarse recién a fines del año que viene, una vez completadas las elecciones.
De fondo, el gobierno enfrenta un problema cada vez más notorio por la caída de la recaudación y una baja del trabajo registrado a nivel nacional. En este contexto, el Poder Ejecutivo teme que implementar el FAL ahora termine incentivando los despidos y complicando la situación.
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Qué implica el régimen que impulsa Caputo
Es que el FAL no representa una carga adicional para las empresas. Todo lo contrario. La suma destinada al fondo se descuenta de contribuciones patronales que hoy van al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.
Esto tiene consecuencias directas en las cuentas públicas. El esquema trasladaría a bancos y sociedades de Bolsa la gestión de más de U$S 2000 millones al año que hoy financian a la ANSES y al PAMI. Según la consultora Eco Go, el 60% de las inversiones de los fondos se destinará a deuda en pesos del Estado nacional.
La consultora estimó un costo fiscal de 0,25% del PBI, mientras que otros cálculos lo ubican en 0,3%. Como referencia, la AUH representa 0,5% del PBI.
Eco Go proyecta que, descontado el pago de eventuales indemnizaciones, los fondos reunirían casi u$s 3.600 millones a diciembre de 2028, de los cuales u$s 2.200 millones financiarían al Tesoro. Para la ANSES y el PAMI, el recorte sería de $3,6 billones en 2027 y $4,6 billones en 2028.
La principal teoría sobre la decisión del Ejecutivo es que Caputo postergó la instrumentación para no complicar la meta fiscal. Es que fue el ministro quien incorporó el fondo cuando el proyecto elaborado por Federico Sturzenegger estaba por ingresar al Congreso.
Sturzenegger había pensado un instrumento optativo, al habilitar a sindicatos y empresas a negociar esquemas indemnizatorios tipo “mochila”, que ningún convenio adoptó. Con el FAL, el aporte pasó a ser obligatorio.
El proyecto prevé que las empresas aporten cada mes a cuentas comitentes que inviertan en instrumentos cotizantes, con el objetivo de desarrollar el mercado de capitales. Hay unas 560.000 empresas registradas que deberán aportar.
