El Gobierno de Javier Milei prepara un proyecto propio con el objetivo de vaciar la sesión convocada por la oposición para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por su parte, la Justicia ya frenó el intento del Ejecutivo de llevar su reclamo a la Corte Suprema.
La Cámara Federal de San Martín rechazó el recurso extraordinario presentado por el gobierno de Javier Milei, con el que buscaba llevar a la Corte Suprema la discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con la vía judicial cerrada, La Libertad Avanza (LLA) trabaja contrarreloj en un proyecto propio para intentar bloquear la sesión especial convocada por la oposición para el próximo miércoles 9 de septiembre y reemplazar la norma vigente por una iniciativa propia, una estrategia similar a la utilizada para la Ley de financiamiento Educativo.
La Justicia le cierra la puerta al Gobierno
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Alberto Agustín Lugones y Néstor Pablo Barral, desestimó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional. Con esa resolución, el tribunal dejó sin efecto la última herramienta con la que el Ejecutivo pretendía trasladar el conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El trasfondo del litigio se remonta a la sanción de la Ley 27.793, aprobada por el Congreso para atender la crisis del sistema prestacional en discapacidad. Milei había vetado la norma en su totalidad, pero el Congreso insistió con la ley y ratificó su validez por mayoría, obligando al Ejecutivo a promulgarla.
Sin embargo, al hacerlo, el Gobierno introdujo el Decreto 681/2025, cuyo artículo 2° suspendía la aplicación de la ley hasta que el Parlamento indicara una fuente de financiamiento conforme a las leyes de presupuesto.
Esa suspensión motivó una acción de amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien en diciembre de 2025 declaró la inconstitucionalidad del artículo cuestionado y ordenó la aplicación inmediata de la ley.
El fallo no fue acatado por el Ejecutivo y la situación se agravó en enero de 2026 con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante el incumplimiento, la Justicia emplazó a las autoridades a reglamentar la norma bajo amenaza de sanciones personales para los responsables de Salud, Capital Humano y Jefatura de Gabinete.
El Gobierno reglamentó la ley mediante el Decreto 84/2026, aunque las prestaciones continuaron sin regularizarse en la práctica. Al analizar la apelación, la Cámara de San Martín declaró abstracto el planteo del Gobierno tras el dictado del decreto reglamentario, lo que dejó firme la invalidez del artículo 2° del Decreto 681/2025.
El Ejecutivo intentó entonces la vía extraordinaria hacia la Corte, argumentando que las erogaciones exigidas resultaban incompatibles con el equilibrio fiscal proyectado. Los jueces rechazaron ese planteo al considerar que los agravios oficiales eran de naturaleza procesal y no lograban configurar una cuestión federal ni acreditar gravedad institucional.
La abogada Marta Lastra, especialista en Derecho de la Salud y de las Personas con Discapacidad y patrocinante del amparo colectivo, explicó:
“El Poder Ejecutivo pierde porque pretende usar una herramienta judicial extraordinaria que es usada para cuidar lo sagrado de nuestra Constitución para justificar su decisión de política económica de no cumplir con lo necesario para que las prestaciones de la discapacidad sean cumplimentadas”.
La trampa de Milei: Promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación
La maniobra libertaria en el Congreso
Con la puerta judicial cerrada, la disputa se trasladó por completo al recinto legislativo. La oposición impulsa para el 9 de septiembre una sesión especial destinada a prorrogar la vigencia de la Ley 27.793, que actualmente rige hasta el 31 de diciembre de 2026.
Frente a ese escenario, LLA activó un cronograma propio dentro de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, con el objetivo de desactivar la convocatoria opositora y ganar tiempo.
El titular de la comisión, el diputado libertario Gerardo Huesen, anunció un esquema de reuniones informativas para el 16 de septiembre y de trabajo legislativo para el 23, con la meta de arribar a un dictamen.
“Esta Presidencia se compromete a la simplificación del giro para agilizar el trámite parlamentario y emitir dictamen“, sostuvo el legislador tucumano, en referencia al mismo mecanismo utilizado previamente por el oficialismo en la comisión de Finanzas para los proyectos de endeudamiento familiar.
Ese cronograma había sido adelantado por el bloque de diputados de LLA a través de un comunicado en el que fijaron postura sobre los límites de cualquier negociación:
“Ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o intervengan en los contratos de privados”.
El oficialismo no se limitará a demorar el tratamiento de la iniciativa opositora, sino que impulsará un dictamen propio en materia de discapacidad, sin que hasta el momento se hayan precisado las diferencias concretas con el proyecto de prórroga que impulsa la oposición (aunque con la certeza de que implicaría otorgar menor financiamiento).
La estrategia reproduce el esquema ya utilizado con los proyectos de endeudamiento familiar: la oposición insiste en llevar el tema al recinto en la sesión del 9 de septiembre, emplazar a las comisiones, buscar dictamen la semana siguiente y retomar el debate en el recinto el día 30.
Milei pretende forzar a las personas con discapacidad a reempadronarse para no perder sus pensiones
El reclamo del sector para extender la emergencia
En paralelo a la disputa institucional, las organizaciones vinculadas a la discapacidad intensifican la presión para que el Congreso avance con la prórroga. Tal es el caso del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La entidad solicitó extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, y convocó a una movilización al Congreso el miércoles 9 de septiembre, entre las 11 y las 13 horas, coincidiendo con el horario de la sesión especial.
Desde el Foro sostienen que la crisis del sector no se resolvió pese al fallo judicial y a la reglamentación dictada por el Gobierno. En ese sentido, señalaron: “Los aranceles están muy por debajo de lo necesario”, y agregaron que “nunca se realizó el estudio de costos previsto, por la ley“.
Además, remarcaron que “siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad” y que “las compensaciones de emergencia no se están pagando“. La organización sostuvo además que “la prórroga resulta necesaria también para sostener la continuidad de los servicios y proteger las fuentes de trabajo de quienes integran el sistema de atención y apoyo a las personas con discapacidad”.
En la misma línea, Marta Lastra describió la brecha entre las decisiones judiciales y la situación cotidiana de prestadores y beneficiarios:
“A un año de la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y con órdenes judiciales para aplicarla, nos encontramos con aranceles por debajo del real, sin pago de compensaciones y con más problemas en pensiones no contributivas. Teniendo la ley sancionada y decisiones de la Justicia, el Poder Ejecutivo no cumple. ¿Qué más tiene que ocurrir?”.
La abogada añadió que, tras el fallo que dejó firme la inconstitucionalidad de la suspensión decretada por el Ejecutivo, “las organizaciones del sector exigen que el Gobierno acate de inmediato lo ordenado por la Justicia y cese el ahogo financiero que afecta a miles de familias”.
