Javier Milei envió un proyecto al Congreso para forzar a más de un millón de beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse para no perder el beneficio, una medida que ya había llevado adelante ANDIS antes de que se destapara el escándalo de coimas.
El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que obliga a más de un millón de beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse, y restringe aún más el acceso al sistema.
La propuesta que pretende modificar el régimen vigente de pensiones no contributivas lleva el nombre de “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez“, y apela una vez más al argumento de detectar irregularidades en el sistema.
Sin embargo, se trata de la segunda vez que las personas con discapacidad deben atravesar un proceso de reempadronamiento desde que Milei asumió la presidencia. El primero fue impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la misma justificación de detectar abusos en el padrón.
Cabe recordar que el organismo fue disuelto luego de que se destapara el escándalo de coimas que se encuentra actualmente bajo investigación judicial. Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, está entre los procesados en esa causa.
Para colmo, el Gobierno Nacional sigue negándose a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente, que ya había intentado vetar y luego derogar en varias oportunidades, aunque sin éxito.
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Expulsar beneficiarios a fuerza de burocracia
La iniciativa establece como eje central un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares actuales de pensiones por invalidez, que hoy suman alrededor de 1,2 millones de personas en todo el país.
Cada beneficiario deberá acreditar nuevamente su situación médica, sus antecedentes laborales y su condición socioeconómica en un plazo mínimo de 90 días, prorrogable por 30 días adicionales.
El incumplimiento de ese trámite tiene consecuencias directas: la pensión quedaría suspendida de forma automática. Si la persona no regulariza su situación dentro de los 60 días posteriores a esa suspensión, el Ejecutivo podría avanzar con la baja definitiva del beneficio mediante un acto administrativo.
La información declarada será cruzada con bases de datos de ANSES, ARCA y SINTyS, entre otros organismos. El proyecto también habilita la suspensión preventiva de la pensión ante cualquier inconsistencia detectada en ese cruce, incluso antes de que se resuelva el caso de cada persona.
En cuanto al monto, la propuesta fija la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, equivalente a $275.221 mensuales. Ese valor se ubica por debajo de la línea de pobreza (estimada en $464.228) y cerca de la línea de indigencia individual, fijada en $212.949 según datos de marzo.
Además, el proyecto elimina los adicionales que actualmente pueden otorgarse por invalidez laboral o por residencia en zonas geográficas desfavorables. Otro punto saliente es la incompatibilidad absoluta que se establece entre la pensión y cualquier empleo formal.
De aprobarse el texto, una persona con discapacidad que acceda a un trabajo registrado perdería automáticamente el beneficio, sin que se contemplen excepciones según el nivel de ingreso o las necesidades particulares de cada caso. Al mismo tiempo, se eliminan los incentivos dirigidos a empresas para contratar personas con discapacidad.
En otras palabras, la iniciativa forzaría a personas con invalidez a recurrir al trabajo informal para poder acceder a un sueldo que les permita situarse por encima de la línea de pobreza, frente al riesgo de perder su pensión.
El proyecto también deroga artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 (específicamente los artículos 5, 8, 9, 14 y 20), lo que en la práctica retrotraería el sistema a los criterios previos a la sanción de esa norma.
En el plano del financiamiento, la iniciativa autoriza acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la distribución de fondos, lo que eliminaría el nomenclador que hoy fija pisos mínimos para las prestaciones y desregularía la negociación de aranceles con obras sociales y prepagas.
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Marcha y rechazo: el contexto de un sistema en crisis
El envío del proyecto desató una respuesta inmediata de organizaciones del sector. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado de rechazo en el que advirtió que la iniciativa “instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad“.
Además, desde la entidad detallaron que “desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema, con demoras en pagos, aranceles desactualizados y prestaciones en riesgo”.
Para este miércoles, personas con discapacidad y sus familias convocaron a una marcha al Ministerio de Salud bajo el lema “La discapacidad no puede esperar”.
La movilización apunta a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación el Gobierno no ha implementado pese a haber sido aprobada por el Congreso el año pasado. La Justicia ya había señalado ese incumplimiento en fallos adversos al Ejecutivo.
En este contexto, familiares de personas con discapacidad también denunciaron al presidente por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso.
La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, hoy procesado por el entramado de coimas entre funcionarios del gobierno y empresarios farmacéuticos.
La tensión política en torno al tema se agudiza porque varios bloques que hoy podrían debatir el nuevo proyecto fueron los mismos que acompañaron la sanción de la Ley de Emergencia que el oficialismo ahora busca modificar. El Gobierno eligió el Senado como puerta de entrada, donde estima contar con mayores posibilidades de respaldo.
