La oposición en el Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad con una mayoría aplastante de 63 votos a favor y 7 en contra, y propició una derrota histórica al gobierno de Javier Milei: Es la primera vez en más de 20 años que un veto es rechazado en ambas cámaras.
La oposición en el Senado logró voltear el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad con una mayoría aplastante de 63 votos a favor y 7 en contra, marcando un hito en la historia legislativa argentina. Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto presidencial en ambas cámaras.
La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira de Milei por Estados Unidos. La votación ratificó la decisión previa de la Cámara de Diputados del 20 de agosto, que también había rechazado el veto.
Los bloques que respaldaron el rechazo al veto incluyeron a Unión por la Patria, la UCR, parte del PRO y otros bloques menores. Solo La Libertad Avanza y algunos de sus aliados sostuvieron la posición del gobierno nacional, quedando en una minoría significativa.
La ley de emergencia en discapacidad, impulsada originalmente por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) en febrero de este año, había sido aprobada por amplio consenso en ambas cámaras antes de recibir el veto total del presidente, que aludió (como es de costumbre) a cuestiones presupuestarias para rechazarla.
¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?
Por Unión por la Patria votaron a favor del rechazo al veto los senadores Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Estefanía Cora, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio, Martín Doñate, Eugenia Duré, Carlos Espínola, Anabel Fernández Sagasti, Silvina G. Larraburu, Celeste G. Navarro, N. del Valle Giménez, M. Teresa González y Alicia Kirchner.
A ellos se sumaron Sergio Leavy, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Florencia López, Cristina López, Juan Manzur, José Mayans, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, José Neder, Oscar Parrilli, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Fernando Rojas, Fernando Salino, Silvia Sapag, Sergio Uñac y Claudia Zamora. El único ausente del bloque fue Antonio Rodas.
El PRO acompañó el rechazo al veto con los votos de Beatriz Ávila, Lucila Crexell, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Martín Goerling, Victoria Huala, Luis Juez, Juan Romero, Guadalupe Tagliaferri y Edith Terenzi. La única excepción fue Carmen Álvarez Rivero, quien defendió la posición del gobierno.
La UCR votó en bloque contra el veto presidencial con los senadores Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla, Rodolfo Suárez, Gabriela Valenzuela, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann.
Los senadores de otros bloques que rechazaron el veto fueron los misioneros Carlos Arce y Sonia R. Decut, José Carambia y Natalia Gadano (de Santa Cruz), Mónica Silva (Río Negro) y Alejandra Vigo (Córdoba).
La Libertad Avanza mantuvo la defensa del veto con cinco de sus seis miembros: Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto. Vilma Bedia se ausentó de la votación. También votaron en contra Francisco Paoltroni, exlibertario ahora en monobloque, y la ya mencionada Carmen Álvarez Rivero del PRO.
Con este resultado, la ley de emergencia en discapacidad quedó firme hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla múltiples aspectos del sistema de protección para personas con discapacidad. Entre sus disposiciones principales se encuentra el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.
La norma también prevé el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando el acceso a un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y refinanciación de planes de pago. Incluye la compensación arancelaria y actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Otro punto clave es el financiamiento del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente. También contempla la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
La ley faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los valores de los aranceles serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la ley.
Adicionalmente, se autoriza al jefe de Gabinete a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar el financiamiento de las medidas dispuestas, con la salvedad de que las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse reduciendo los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’.
La discusión en el recinto del Senado
El senador pampeano Daniel Bensusán de Unión por la Patria abrió el debate cuestionando los fundamentos del veto presidencial: “El veto se basa en el famoso ahorro de Federico Sturzenegger y Caputo. El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública”.
La referencia es al Ministro de Desregulación, encargado de desguazar las distintas áreas del estado. Agregó que “hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población” y calificó la medida como “brutal, inmoral”.
La entrerriana Stefanía Cora (Unión por la Patria) rechazó las críticas sobre el aumento de certificados de discapacidad durante la gestión kirchnerista: “No es lo mismo hablar de personas con discapacidad y pensiones, no es lo mismo”.
“La Argentina desde 2003 en adelante asumió un compromiso con que la Convención de Personas con Discapacidad tenga un rango constitucional“, agregó.
La santacruceña Natalia Gadano anticipó su voto negativo al veto afirmando: “No se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la igualdad, y no se puede vetar los derechos de personas con discapacidad. Un gobierno que le da la espalda a las personas más vulnerables deja de ser libre, deja de ser justo y deja de ser Nación”.
El radical fueguino Pablo Blanco advirtió sobre el “déficit social”: “El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”, mientras que el catamarqueño Guillermo Andrada sentenció: “Esto no es eficiencia, esto es crueldad; no es ahorro, es injusticia”.
La única senadora que defendió abiertamente el veto por fuera del bloque libertario fue Carmen Álvarez Rivero: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?“, lanzó.
Su intervención no solo buscó provocar a los senadores opositores, sino también desviar el eje de discusión para evitar hablar de las personas con discapacidad. Argumentó que “en Argentina ya existe una ley de discapacidad” y que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencias. Necesitamos gestión“.
Guadalupe Tagliaferri del PRO fue contundente al abordar el tema presupuestario: “¿Hay que auditar las pensiones? Sí, claramente. Pero no con la motosierra, hay que hacerlo con humanidad, con gestión”. Y agregó:
“Pareciera ser que la motosierra y el recorte en la Agencia no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro“.
Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, dirigiéndose al presidente Milei, señaló: “No tome todas las cosas por igual para meter la motosierra para cuidar el gasto público” y destacó que “este Senado hoy lo que está haciendo vehementemente es decirle al Poder Ejecutivo que, ante los dilemas que existen en la administración pública, hay prioridades que hay que atender”.
José Mayans, presidente del interbloque de Unión por la Patria, calificó el veto como “insensibilidad y desprecio total” y arremetió contra el oficialismo: “Hay que destituir a este presidente mafioso” y “la lucha contra la corrupción se fue al carajo”.
Llamativamente, ningún senador libertario hizo uso de la palabra para defender el veto presidencial durante el debate. Ezequiel Atauche, jefe de bloque oficialista, estaba inscripto para cerrar el debate pero decidió no hacer uso de la palabra y votó en contra de la insistencia.
El escándalo ANDIS como telón de fondo
La sesión se desarrolló en el marco del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica al corazón del gobierno de Javier Milei por el supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del mandatario, Karina Milei.
El caso surgió a partir de audios del eyectado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionan presuntas irregularidades en las compras de la agencia y se mencionar explícitamente tanto a la Secretaria General de la Presidencia como a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
La senadora jujeña Carolina Moisés planteó una cuestión de privilegio contra el presidente y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por impulsar una denuncia judicial para evitar la difusión de audios que tendrían como protagonista a Karina Milei.
Moisés acusó al jefe de Estado de “avanzar” sobre leyes y pactos internacionales contemplados en la Constitución Nacional y denunció que “el ataque a la prensa es sistemático”.
Martín Lousteau también planteó una cuestión de privilegio contra Bullrich, ironizando sobre la denuncia presentada: “Tan escalado está el conflicto que aparentemente llegaron a armar medios de comunicación propios y reclutaron alguno de los periodistas más conocidos del país para trabajar para ellos”.
Estefanía Cora hizo referencia directa al escándalo al recordar que Spagnuolo “había preguntado por qué debía él pagar peaje y los discapacitados no. Parece que el peaje lo tenía que poner en otro lado. No era eso lo que le preocupaba, sino el peaje que le pedía la hermana del presidente”.
Varios senadores aprovecharon el debate para vincular directamente el presunto esquema de corrupción con los argumentos presupuestarios del veto. Tagliaferri comentó irónicamente al mencionar el financiamiento de la medida que “sale del sobreprecio y la coima”.
“Si se confirma todo lo que se está sospechando es un escándalo enorme, de un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias, pero sí para las coimas. No solamente es inmoral, sino criminal“, comentó luego.
Mayans también incluyó referencias al escándalo en sus declaraciones más directas: “Que deje de robar un poquito Karina y ya está, que baje el arancel Karina o que bajen el arancel los hijos de puta que están robando en el esquema financiero“.
