El Gobierno Nacional se resiste a ejecutar la ley de Emergencia en Discapacidad pese a que el Congreso rechazó el veto de Javier Milei: Aunque el mandatario promulgó la normativa, suspendió su aplicación a través de un decreto que especialistas calificaron como inconstitucional.
El presidente Javier Milei finalmente promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del Congreso a su veto presidencial.
La medida se oficializó este lunes a través del Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional que obliga al Ejecutivo a promulgar las leyes cuando el Parlamento insiste con mayoría especial.
Sin embargo, en una decisión que ha sido calificada como inconstitucional por especialistas en derecho, el gobierno decidió suspender la ejecución de la normativa hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Lo cierto es que se trata de una nueva estrategia del gobierno para eludir el cumplimiento de normativas sancionadas por el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado esta maniobra la semana pasada, condicionando la aplicación de la norma a que se defina su financiamiento.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente“, había dicho.
Con esta insólita decisión, el Poder Ejecutivo busca trasladar nuevamente la responsabilidad al Congreso y dilatar la aplicación de la normativa aludiendo al Presupuesto 2026, pese a que durante la presentación de la ley de leyes había prometido mejoras en los sectores de educación, salud y jubilaciones.
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Los argumentos del Gobierno para suspender la ley
En los considerandos del Decreto 681/2025, el gobierno de Milei desarrolló sus argumentos oficiales para justificar la suspensión de la aplicación de la ley. El Ejecutivo invocó el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.
Según los cálculos oficiales presentados en el decreto, la implementación de la ley de emergencia en discapacidad demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000, equivalente a penas el 0,35% del Producto Bruto Interno.
Este monto se desglosa en varios componentes: la implementación de una nueva Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad requeriría únicamente el 0,26% del PBI durante 2025 y el 0,47% del PBI en 2026.
Adicionalmente, el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, demandaría apenas un 0,07% del PBI en 2025 y el 0,12% del PBI en 2026. También se suma la compensación extraordinaria a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, que representa el 0,03% del PBI.
Para poner en contexto estos montos, vale señalar que en las últimas 3 rondas de mercado, el gobierno de Javier Milei quemó reservas por 1.110 millones de dólares, que al tipo de cambio mayorista actual representan $1.637.250.000.000, aproximadamente la mitad de todos los fondos que requiere la implementación de la normativa.
Pese a esto, el texto oficial sostiene que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación“. El gobierno argumentó que incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
En el decreto, el Ejecutivo acusó al Congreso de haber “omitido señalar de manera precisa” de dónde saldrán los fondos y advirtió que la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta, específica ni suficiente”.
El gobierno remarcó que “es en el marco de la aprobación del Presupuesto” donde “se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”.
Lo llamativo es que el proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo plantea una serie de proyecciones de muy difícil cumplimiento. Sin ir más lejos, el oficialismo asegura que el dólar cerrará diciembre con un valor en torno a los $1.325. Además, plantea que la inflación proyectada para 2026 es del 10,1%, lo que equivale a una inflación mensual del 0,8%.
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Un decreto inconstitucional contra las personas con discapacidad
El abogado y doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez calificó categóricamente al Decreto 681/2025 como “nulo de nulidad absoluta e insanable” e inconstitucional por violar el procedimiento de formación y sanción de las leyes, además de lesionar los derechos de las personas con discapacidad.
Gil Domínguez explicó que la Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes: “El Congreso sanciona un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo puede vetarla total o parcialmente”.
“Cuando esto sucede, el Congreso tiene la facultad de insistir para rechazar el veto. Si logra las mayorías requeridas (dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras), entonces el proyecto se transforma definitivamente en ley y el Poder Ejecutivo debe promulgarla, publicarla en el Boletín Oficial y aplicarla”, detalló.
Respecto de la invocación del artículo 5 de la ley 24.629 que realizó el gobierno, el jurista señaló dos cuestiones fundamentales. Primero, que el mismo se aplica cuando existe una ley de presupuesto vigente, lo cual no ocurre en el presente caso.
En segundo lugar, Gil Domínguez recordó que “es una noción elemental del sistema de fuentes argentino que una ley posterior y especial puede derogar total o parcialmente una ley anterior y general”.
EL DECRETO 681/2025 ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE Y VIOLA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes. El Congreso sanciona un proyecto de ley. El Poder…— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) September 22, 2025
El especialista argumentó que, aunque existiese un presupuesto vigente, el Congreso está facultado para derogar el artículo 5 de la ley 24.629 respecto de una situación particular a efectos de garantizar los derechos de personas especialmente protegidas por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
“En nuestro paradigma, una ley no es el techo del sistema de derechos y siempre puede ser derogada -total o parcialmente, expresa o implícitamente- por otra ley”, sostuvo Gil Domínguez.
El jurista también delineó las acciones legales que se pueden emprender ante el Decreto 681/2025: las personas afectadas pueden promover acciones de amparo de forma individual y colectiva, cualquier persona puede realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, “cualquier persona puede solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el presidente Javier Milei” por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo.
Sea como fuere, lo cierto es que la Ley 27.793 que quedó suspendida en su ejecución establece varias medidas significativas para el sector de la discapacidad. Entre sus disposiciones principales se encuentra la creación de la PNC por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo y compatible con empleo hasta dos salarios mínimos vitales y móviles.
La norma también garantiza cobertura médica a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901, establece una compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación, y dispone la exención del 50% de las contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Adicionalmente, la ley contempla el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con auditorías inclusivas y metas de transparencia, aspecto que cobra particular relevancia dado el contexto de escándalos que rodean a la institución.
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Aumento de fondos para ANDIS en medio de escándalos de corrupción
Paradójicamente, el mismo día que suspendió la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno dispuso una modificación presupuestaria para reforzar la financiación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de la Decisión Administrativa 24/2025.
Esta medida, que rige desde el 1° de octubre, incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad en $121.363.881.238. La decisión resulta controversial considerando que ANDIS se encuentra señalada por graves escándalos de corrupción que involucran a figuras cercanas al presidente.
En agosto se filtraron audios atribuidos al entonces director de la agencia, Diego Spagnuolo, donde se detallan supuestos pedidos de coimas a laboratorios para sostener contratos con el Estado.
En las grabaciones difundidas, Spagnuolo describe el funcionamiento de un presunto esquema de corrupción en las compras de medicamentos: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. Es una gama enorme de negocios que hay”, se escucha decir al exfuncionario.
Los audios también comprometen directamente a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia. Spagnuolo especifica la distribución de los porcentajes: “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, que representarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
En el centro del presunto entramado aparece la droguería Suizo Argentina, empresa de la familia Kovalivker con vínculos cercanos a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Según las grabaciones, esta compañía sería la encargada de ejecutar los contratos y solicitar el retorno del 8% a los laboratorios.
Los audios revelan que Spagnuolo mantuvo conversaciones con el presidente sobre el tema: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina. Le dije no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mi este fardo”. Sobre el mandatario, aclara: “Él no está metido, pero es toda la gente de él“, agregando que “van a pedirle guita a los prestadores”.
