El Grupo Mirgor despidió a 300 empleados de sus plantas en Tierra del Fuego, profundizando la crisis industrial que provocaron las políticas de Javier Milei y dejando a cientos de operarios sin empleo en una provincia donde el trabajo formal se derrumba mes a mes.
300 despidos en el Grupo Mirgor son una nueva muestra del impacto que tiene el modelo económico de Javier Milei en Tierra del Fuego. En los hechos, la combinación de apertura importadora, ajuste fiscal y modificaciones al régimen de promoción industrial configura una política que empuja al despoblamiento de la provincia austral.
Sin medidas públicas que sostengan el empleo y el desarrollo productivo, buena parte de los habitantes de Río Grande y Ushuaia quedan ante la disyuntiva de emigrar en busca de trabajo, y la región se vuelve más susceptible a la extranjerización.
En este sentido parecen ir las políticas del libertario, que solo acudió a la provincia austral para reunirse con autoridades de las fuerzas armadas de Estados Unidos (como Laura Richardson en 2024) y realizar recorridas de campaña en 2025.
Tensión y despidos en Mirgor
El lunes, el Grupo Mirgor, controlado por Nicolás “Nicky” Caputo, dejó sin empleo a alrededor de 300 trabajadores en sus plantas de Río Grande: 223 desvinculaciones correspondieron a la planta ubicada sobre calle Einstein y 73 a la de calle Malvinas. Se trata de una de las mayores tandas de despidos registradas en los últimos tiempos dentro de la industria electrónica fueguina.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, la mayoría de los afectados eran trabajadores efectivos y con antigüedad dentro de la empresa, un dato que profundizó la preocupación entre el personal por la magnitud de la decisión.
El mecanismo utilizado para impedir el ingreso se advirtió cuando los empleados llegaron a cumplir su jornada habitual: sus tarjetas de acceso fueron rechazadas por el sistema. Algunos trabajadores que no estaban incluidos en los listados sí pudieron entrar a las instalaciones, aunque la producción no se desarrolló con normalidad durante las primeras horas.
La medida no se limitó al personal de planta. También alcanzó a representantes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): según trascendió, más de 28 delegados de las distintas empresas del grupo no pudieron ingresar a trabajar.
El delegado Gustavo Campias señaló que dirigentes gremiales de las cuatro plantas se encontraban entre quienes no pudieron ingresar, mientras aguardaban conocer formalmente el contenido de los telegramas.
Ante la situación, cientos de trabajadores comenzaron a concentrarse desde temprano frente a las instalaciones. En calle Einstein se produjo un corte de tránsito a la altura de Don Bosco, y también hubo manifestaciones frente a la planta 5, sobre calle Malvinas.
La jornada derivó en asambleas y en un paro por tiempo indeterminado, mientras la conducción gremial evaluaba cómo continuar con las medidas de fuerza. Trabajadores de la región ya habían realizado un paro general el año pasado en protesta por las políticas de Milei.
Representantes de los trabajadores se trasladaron al Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego para denunciar las desvinculaciones y pedir la intervención de la autoridad laboral. Allí, el dirigente Marcos Linares informó a los trabajadores sobre la presentación realizada y confirmó que el gremio solicitó una audiencia urgente entre las partes.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, que suspende los despidos por 15 días. Se trata de una medida transitoria: la situación de fondo del sector, coinciden distintas fuentes fueguinas consultadas por la prensa local, tiene las características de una crisis terminal.
Los despidos no resultaron sorpresivos. Durante el fin de semana previo ya circulaban versiones sobre una fuerte reducción de personal, luego de una reunión entre trabajadores y el CEO del Grupo Mirgor, Luis Alonso, que habría terminado con fuertes cruces por los reclamos salariales y las medidas de fuerza.
Además, la medida llegó pocos días después del vencimiento de la ampliación de una conciliación obligatoria previa, que había intervenido en un conflicto anterior por otros 22 despidos.
En el centro del conflicto está el reclamo de un premio que los trabajadores perciben desde hace aproximadamente 15 años y que es parte habitual de sus ingresos. Según Campias, ese concepto representa actualmente alrededor de $2,5 millones por operador.
Desde el sector gremial se sostiene que, en medio de las negociaciones, la empresa habría planteado alternativas que incluían una reducción salarial cercana al 30%, despidos y el rechazo al pago de ese premio. Según la UOM regional, la compañía tendría planes de avanzar con despidos al menos desde julio pasado.
El conflicto también incluye al sector autopartista del grupo, donde la actividad está afectada por la baja demanda de las automotrices a nivel nacional. Con la producción de vehículos en descenso en el país, el futuro de esa rama de Mirgor en la provincia también está en duda.
Un regalo para las big tech: El oficialismo aprobó el Súper RIGI en la Cámara de Diputados
La política de Milei contra la industria fueguina
El caso Mirgor no puede leerse de manera aislada. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el empleo directo e indirecto que genera el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego cayó a la mitad: de unos 12.000 puestos a comienzos de su gestión, se estima que para el año próximo podrían quedar no más de 3.000.
La apertura de importaciones dispuesta por el Gobierno nacional golpeó de lleno a un régimen que atraviesa su peor momento en 50 años.
A esto se suma que las dos principales empresas beneficiadas históricamente por el esquema de promoción (Mirgor y Newsan, esta última encabezada por Rubén Cherñajovsky) se diversificaron hacia otros rubros ajenos a la electrónica, lo que en los hechos debilitó la defensa conjunta del régimen fueguino frente al ajuste.
El golpe más profundo llegó en abril de 2026, cuando el Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 252/2026, la extensión del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todos los sectores productivos del país, con entrada en vigencia a partir del 17 de junio.
Este mecanismo permite importar insumos, partes y componentes sin pagar derechos de importación ni impuestos internos, siempre que se utilicen en un proceso industrial, y hasta ahora era uno de los pilares de la Ley 19.640, que sostiene el esquema de promoción de Tierra del Fuego desde 1972.
Al extender ese beneficio a cualquier planta del centro o norte del país, el decreto elimina la ventaja diferencial que hacía competitiva a la producción fueguina frente a los mayores costos de fletes y salarios australes.
En términos prácticos, esto implica una pérdida de competitividad relativa para la provincia, un mayor riesgo de desinversión por parte de empresas que también tienen plantas en el continente, y un impacto directo sobre el empleo de los cerca de 200.000 habitantes que hoy viven en el territorio fueguino.
En ese contexto, la estrategia del Grupo Mirgor aparece como un ejemplo del desplazamiento de la actividad hacia otras jurisdicciones. La compañía proyectó inversiones superiores a los 400 millones de dólares, pero con un centro de gravedad que se mueve fuera de la isla. La construcción de la planta ONTEC en Baradero, provincia de Buenos Aires, es el caso más claro de esa reorientación.
Según trascendió, distintos directivos de la empresa conducen distintas áreas vinculadas a esa migración de procesos hacia nuevos polos productivos y hubs logísticos en Uruguay, Paraguay y Miami.
Entre los responsables están José María Gil Bueno, vicepresidente de Tecnología; Eduardo Koroch, vicepresidente de Producción; María Eugenia Starowicz, vicepresidenta de Supply Chain; y María de las Mercedes Rotondó, vicepresidenta de Nuevos Negocios.
Este panorama se da en un marco de contracción generalizada del empleo privado en la provincia. Un informe de la consultora Politikon Chaco, difundido en julio, ubicó a Tierra del Fuego como la provincia de peor desempeño interanual en generación de empleo privado registrado de todo el país, con una caída del 11,2%.
A nivel sectorial, la industria en general acumula pérdidas de hasta el 7% del empleo privado formal respecto de noviembre de 2023.
Avión militar estadounidense aterrizó en Ushuaia sin explicaciones del gobierno de Milei
La intervención nacional del Puerto de Ushuaia
Como si esto fuera poco, la provincia sufre la saña del Gobierno de Javier Milei por estar gobernada por un dirigente opositor como Gustavo Melella, que fue uno de los excluidos en las negociaciones por el Presupuesto 2026.
Ese dato político ayuda a explicar otro episodio ocurrido meses antes de los despidos en Mirgor: la intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional.
En enero de 2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), conducida por Iñaki Miguel Arreseygor, dispuso la intervención del puerto por un período de 12 meses, alegando irregularidades detectadas en inspecciones realizadas desde septiembre de 2024.
El operativo se ejecutó pasada la medianoche, con personal de Prefectura Naval y de ARCA, e incluyó el ingreso a las oficinas administrativas, la toma de sectores operativos y el desalojo de los trabajadores que se encontraban en funciones.
Entre las irregularidades señaladas por el organismo nacional se mencionaron problemas de infraestructura (como faltante de pilotes, defensas gastadas y deficiencias en la carpeta asfáltica) y también cuestiones de gestión administrativa y financiera.
Según la ANPyN, la administración provincial destinó un 33% del presupuesto portuario a subsidios para las arcas provinciales, dejando apenas un 1,3% para obras y mejoras en las instalaciones, en lo que un auditor nacional describió como “una dinámica de extracción de fondos del Puerto para destinarlos a otros fines”.
Ante esto, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, calificó la intervención como “un acto carente de coherencia jurídica y técnica” y sostuvo que “la resolución emitida por la autoridad nacional revela una contradicción insostenible y un claro propósito de forzar una intervención administrativa sin fundamento real”.
Murcia agregó que, de existir fallas reales de infraestructura o seguridad, lo lógico habría sido inhabilitar de inmediato la operatoria, algo que no ocurrió: “esto no es más que un artilugio legal para disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia”, afirmó.
El gobernador Melella también se pronunció en ese sentido, al señalar que “no comparte ni la medida ni sus fundamentos” y que el puerto “opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros”.
Desde la CGT Regional Ushuaia calificaron el operativo como “un atropello que no puede pasar como si nada”, cuestionando que se haya llevado adelante sin explicaciones públicas ni resguardo para los trabajadores portuarios.
Tanto los despidos en Mirgor como la intervención del puerto de Ushuaia se inscriben así en un mismo escenario: una provincia con caída sostenida del empleo industrial, un régimen de promoción debilitado por decisiones del Gobierno nacional y un ensañamiento de Casa Rosada contra el gobernador opositor.
