La Cámara de Diputados le dio media sanción al Súper RIGI impulsado por el Gobierno de Javier Milei para llenar de beneficios a las empresas tecnológicas extranjeras a costa de renunciar a recaudación y soberanía. Ahora el proyecto deberá tratarse en el Senado.
Este miércoles 24 de junio, cerca de la medianoche, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (conocido como “Súper RIGI“) obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei consiguió 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, tras una sesión que se extendió varias horas y que incluyó fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El texto pasa ahora a la Cámara de Senadores, donde se definirá su aprobación definitiva.
Se trata de una versión ampliada del RIGI original, creado por la Ley Bases a mediados de 2024, que eleva las exigencias de inversión mínima y profundiza los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para las compañías que adhieran.
A diferencia del régimen vigente (orientado principalmente a minería y energía), el Súper RIGI apunta a sectores tecnológicos sin desarrollo previo en el país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital (data centers), con garantías de estabilidad normativa por 30 años.
Cómo se votó y en qué consiste el proyecto
La aprobación se logró con el respaldo de La Libertad Avanza y de los bloques aliados Fuerza del Cambio (que reúne a Pro, UCR, MID y Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).
En contra votaron Unión por la Patria (bloque que encabeza Germán Martínez), Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto), la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas (como Martín Lousteau y los cordobeses del bloque.)
El Súper RIGI define como destinatarios a los proyectos de “nuevas actividades económicas“, entendidas como todo emprendimiento industrial, tecnológico o de servicios vinculado a infraestructura digital estratégica que no se desarrolle ni se preste actualmente en el país, o que se encuentre en etapa experimental o piloto.
La acreditación de esas actividades quedará en manos del Poder Ejecutivo, que deberá fijar los criterios mediante la reglamentación. Por lo pronto, se trata de un abanico amplio de actividades vagamente definidas.
Durante el tratamiento en comisiones se incorporó, entre los objetivos prioritarios del régimen, el incentivo al “desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas” para el crecimiento de las nuevas industrias en el país.
También se dispuso la creación de un “Registro Público de Proyectos del Súper RIGI“. El plazo para solicitar la adhesión será de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año mediante decreto fundado en una evaluación previa del desempeño del régimen.
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El Súper RIGI: Renuncia a la recaudación y la soberanía
El esquema exige una inversión mínima de u$s1.000 millones, muy por encima de los u$s200 millones que requería el RIGI original. A cambio, ofrece condiciones mucho más favorables que el régimen vigente.
Entre los principales beneficios, vale mencionar que los proyectos pagarán una alícuota máxima de 15% en el impuesto a las Ganancias, frente al 25% que rige en el RIGI original y el 35% del régimen general.
Las provincias que adhieran deberán fijar un tope de 0,5% para Ingresos Brutos y no podrán aplicar otros tributos locales como Sellos o regalías, algo que el régimen original no contemplaba. Se establece además un tope de 10% en contribuciones patronales para los nuevos puestos de trabajo, también ausente en el esquema vigente.
El impuesto a las Ganancias sobre el retiro de dividendos bajará del 7% al 3,5% luego de los primeros cuatro años de vigencia del proyecto (en el RIGI original ese beneficio llega recién a los siete años).
Los proyectos adheridos quedarán, desde el inicio, totalmente exentos del pago de derechos de exportación, mientras que en el régimen original esa exención se obtiene después del tercer año.
También se prevén exenciones para la importación de insumos y un acceso más rápido a las divisas: las empresas podrán disponer del 100% de sus dólares en el tercer año, contra el cuarto año del RIGI.
La organización iCiudad calculó que el costo fiscal del Súper RIGI podría llegar a representar 1,27% del PBI (debido a la renuncia de instrumentos de recaudación), una cifra que superaría el superávit primario de 1,2% previsto en el Presupuesto 2026 y anticipa futuros ajustes del gobierno de Milei.
El proyecto tampoco fija garantías concretas de generación de empleo local. La única mención al respecto está en el artículo 17, que obliga a las empresas únicamente a presentar una “estimación” del empleo directo e indirecto que generarían, sin establecer un piso mínimo exigible.
El otro mecanismo vinculado al empleo es la exigencia de contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto total de inversión, un punto incorporado a pedido de los bloques aliados provinciales (el texto original enviado por el Ejecutivo no lo incluía).
Sin embargo, la redacción final aclara que esa obligación se aplicará “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad“, una condición que deja mal posicionadas a la mayoría de las industrias locales.
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“Un traje a medida para los nuevos amigos de Milei”
El oficialismo presentó el dictamen de mayoría a través de Bertie Benegas Lynch, titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, quien defendió la iniciativa frente a los cuestionamientos de la oposición:
“Es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias ¿quién puede estar en contra de esto? son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya lo tienen incorporado y por les va como les va”.
En otro tramo, dirigiéndose a la bancada de Unión por la Patria, sostuvo: “El capital no tiene patria, competimos con otros mercados y va donde hay otros negocios y seguridad institucional y no políticos como ustedes”.
Desde el bloque peronista, la diputada Victoria Tolosa Paz respondió: “Quiere hacernos creer que con este proyecto la Argentina deja de ser cavernícola y la Argentina necesita un régimen de inversiones, pero uno (por el Súper RIGI) que no condene”.
Agregó que “la discusión de fondo es que no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo“, y calificó al proyecto como “nefasto“, al señalar que “nadie les pide bajar la tasa de ganancias por los próximos 30 años”.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, apuntó: “Qué bueno que a 24 horas de la sesión de ayer hoy sobren ganas, sobre puntualidad y quórum para congelarle 30 años de impuestos a corporaciones que todavía no pudieron ni ponerle nombre ni apellido”.
También cuestionó la brecha entre los anuncios de inversión y los desembolsos efectivos: “Todavía no conocemos los efectos del RIGI porque en la antesala de ello, hubo anuncios que rondaron casi los 80 mil millones de dólares, 124 mil en otros. ¿Pero hasta hoy cuánto entró? 762 millones, una miseria“.
El diputado radical Martín Lousteau advirtió sobre las condiciones: “prorrogamos jurisdicciones y le damos a los potenciales inversores tres alternativas, se les baja el impuesto a las ganancias del 35 al 15%, se les baja el impuesto de distribución del 10 al 3,5%, se bajan las contribuciones patronales del 26 al 10%, las provincias se comprometen a bajar ingresos brutos al 0,5%”.
Sobre las asimetrías entre Estado y privados, sostuvo: “Si el Estado incumple hay prórroga de jurisdicción, perdemos soberanía, pero si el privado incumple hay muy poco para hacer”. También cuestionó la falta de precisión del texto:
“Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con la pérdida fiscal monumental y no sabemos quién pretendemos que vengan”.
El diputado peronista Agustín Rossi calificó al proyecto como “un traje a medida para los nuevos amigos del presidente Milei, que son las empresas de Inteligencia Artificial”. Vinculó el debate con el anuncio del canciller Pablo Quirno sobre la incorporación de la Argentina a “Pax Silica“, una coalición de países liderada por Estados Unidos:
“el mundo ya no irá en la ruta del petróleo, sino también va a empezar a organizarse en torno a como es el circuito de todo lo que son los elementos necesarios para desarrollar semiconductores, chips e Inteligencia Artificial, y la Argentina está de vuelta atrapada con los Estados Unidos”.
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También citó un artículo publicado por Milei en el Financial Times sobre la falta de regulación a la inteligencia artificial en el país, y remarcó: “el mundo está poniendo regulaciones, Estados Unidos lo hace; la Unión Europea tiene regulaciones mucho más estrictas de hace mucho tiempo”.
El diputado Mario Manrique (Unión por la Patria) sostuvo que el proyecto “le está diciendo a la industria nacional que se joda y a los laburantes argentinos que se van a quedar sin trabajo”, y advirtió que el texto “choca con la Constitución en diez artículos“.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, señaló que el Súper RIGI “no es una buena ley“, al considerar que “estamos dando garantías extremas a negocios que iban a ser inversiones por sí mismo”.
Reconoció que el proyecto tiene “un fin bastante loable”, pero remarcó que lo logra “a costa de concentrar los incentivos en sectores de capital intensivo, pero sin compensación para los de trabajo intensivo”.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que “claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de (el titular de la empresa de Inteligencia Artificial aplicada a defensa Palantir) Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica“.
Pocos argumentos llegaron por parte del oficialismo para defender el proyecto. De hecho, los legisladores libertarios prefirieron confrontar con el peronismo. Por ejemplo, el diputado Álvaro Martínez lanzó: “Prefiero la YPF de Marín y no la de Kicillof”, y sostuvo que con el kirchnerismo “la inestabilidad jugaba en contra de las inversiones y Argentina se encontraba fuera del mundo”.
Sus dichos resultan curiosos, ya que fue justamente el gobernador Axel Kicillof quien encabezó el proceso de estatización de la compañía petrolera que hoy representa uno de los principales ejes del desarrollo nacional.
