La Agencia Nacional de Puertos y Navegación intervino el puerto de Ushuaia alegando presuntas irregularidades y desde la administración provincial advirtieron que la medida “atenta contra la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego”.
El gobierno de Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia por un período de 12 meses, en una decisión que representa un nuevo golpe a la administración del gobernador Gustavo Melella. Vale recordar que el mandatario fueguino fue uno de los opositores excluidos en las negociaciones por el Presupuesto 2026.
La provincia de Tierra del Fuego viene siendo fuertemente golpeada por el ajuste implementado desde Nación, y esta medida sobre su principal terminal portuaria profundiza la tensión entre ambas jurisdicciones.
En la administración provincial denuncian que se pretende “forzar una intervención administrativa sin fundamento real” y sospechan que el fin último del accionar de Milei es privatizar el puerto.
¿Qué dijo el gobierno de Javier Milei?
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), conducida por Iñaki Miguel Arreseygor, fundamentó la decisión en múltiples irregularidades detectadas durante inspecciones realizadas a partir de septiembre de 2024.
La medida comenzó a ejecutarse pasada la medianoche, con personal de Prefectura y de ARCA acompañando a las autoridades nacionales en el ingreso a las instalaciones.
Entre las deficiencias de infraestructura enumeradas figuran el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas gastadas, problemas con el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. También identificaron problemas en la gestión administrativa y en las condiciones básicas de seguridad operativa.
En el plano financiero, la ANPyN detectó inconsistencias presupuestarias que consideró graves. Los auditores denunciaron la ausencia de un registro adecuado de ingresos y egresos, y que la administración provincial había tercerizado funciones en una empresa habilitada comercialmente para la venta de productos menores como paraguas, termos y pelucas.
Por otro lado, según el organismo nacional, el gobierno provincial destinó un 33% del presupuesto del puerto para subsidios de las arcas provinciales, dejando un 1,3% para obras y servicios que mejoren las instalaciones.
Esta práctica, según la ANPyN, contraviene el convenio de transferencia gratuita firmado en 1992 entre Nación y la provincia. Un auditor nacional aseguró que se registró “una dinámica de extracción de fondos del Puerto para destinarlos a otros fines”.
Específicamente, se observó un convenio firmado por la Dirección Portuaria Provincial, conducida por Roberto Murcia, mediante el cual el ente portuario se comprometía a asistir al Ministerio de Economía provincial con $4.000 millones para financiar obras ajenas al ámbito portuario.
La intervención también estuvo motivada por una denuncia presentada el 5 de septiembre de 2024 por el secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego, Juan Avellaneda, junto con otros actores del sector.
La denuncia expresaba preocupación por la ley provincial 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino”, que buscaba financiarse con fondos del superávit del puerto de Ushuaia.
Durante los 12 meses que dure la medida, la ANPyN será asistida por la Prefectura Naval Argentina en las tareas operativas y de seguridad. La Gerencia de Coordinación Técnica, encabezada por Cristian Rigueiro, actuará como unidad ejecutora, aunque las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por personal fueguino.
¿Que dijeron Melella y los administradores del puerto?
La medida cayó de manera sorpresiva para la administración provincial, que asegura haber respondido todas las objeciones e inspecciones realizadas desde Nación.
Aunque en la provincia preveían algún tipo de acción, su ejecución abrupta generó sorpresa, y algunas voces de la gestión de Melella creen que la intención última del gobierno nacional es privatizar el puerto de Ushuaia.
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención y denunció que la medida constituye “un acto carente de coherencia jurídica y técnica”.
Murcia señaló una contradicción central en la resolución nacional: “La resolución emitida por la autoridad nacional revela una contradicción insostenible y un claro propósito de forzar una intervención administrativa sin fundamento real”.
El funcionario provincial planteó que “de existir verdaderas falencias edilicias o de seguridad, la medida lógica y responsable sería la inhabilitación inmediata para garantizar la integridad de las operaciones”.
“Pero aquí ocurre lo contrario: primero se anuncia la inhabilitación para intervenir, y una vez consumada la intervención, se vuelve a permitir la operación”, detalló, “esto no es más que un artilugio legal para disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia”.
Murcia remarcó que el puerto opera con normalidad y registra récords de recaladas. “Las principales navieras y líneas de cruceros del mundo eligen Ushuaia porque confían en nuestros estándares de seguridad y servicio”.
“Si hubiera riesgos reales, estas empresas no operarían aquí. La resolución nacional no solo desconoce la realidad, sino que incurre en una extorsión institucional inaceptable”, afirmó.
El gobernador Gustavo Melella también se pronunció sobre la intervención, afirmando que “no comparte ni la medida ni sus fundamentos, y cree que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.
El mandatario provincial confirmó que mantiene “diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”.
Melella destacó que el puerto “opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”.
Además, alegó que “las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país”.
“Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”, señaló el gobernador.
Murcia confirmó por su parte que “llevaremos adelante todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias para revertir esta medida que atenta contra la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego”.
Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
