La Justicia detectó movimientos por 100 mil dólares en billeteras virtuales relacionadas con Manuel Adorni que tampoco aparecen en su declaración jurada, y confirmó un nuevo viaje que se suma a la lista de destinos del Jefe de Gabinete, esta vez a Gualeguaychú.
La Justicia federal detectó movimientos superiores a los 100.000 dólares en billeteras virtuales vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Las operaciones fueron identificadas en las plataformas Binance y Lemon, utilizadas habitualmente para transacciones con criptomonedas, y quedaron incorporadas al expediente como fondos que, en principio, no estarían declarados ante la Oficina Anticorrupción.
Según fuentes judiciales con acceso al expediente, los primeros informes ya habían confirmado la existencia de ingresos y egresos mediante activos virtuales durante 2024, un período que debería estar cubierto por la última declaración jurada presentada por el funcionario. Sin embargo, esos movimientos no figurarían en ese documento.
El hallazgo de dos criptoactivos adicionales llevó al Ministerio Público Fiscal a ampliar los pedidos de información. Pollicita requirió datos a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para determinar si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registran cuentas o tarjetas en esas plataformas, en qué períodos estuvieron activas y si continúan operativas.
El objetivo de la fiscalía es reconstruir el circuito de esas operaciones y establecer si guardan relación con otros movimientos patrimoniales detectados en el expediente, en particular con pagos realizados en efectivo que los investigadores consideran insuficientemente respaldados.
El cruce de esa información con el trabajo técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) será central para el avance de la causa. Ese organismo prepara un informe patrimonial año por año desde que Adorni asumió funciones públicas.
Si aparecen diferencias relevantes, Pollicita podría formular un requerimiento formal de justificación, una medida habitual en expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. En ese caso, el funcionario tendría 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.
Cabe recordar que la diputada Marcela Pagano, ex aliada de Javier Milei y hoy opositora, había denunciado que Adorni habría fondos en billeteras virtuales provenientes del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
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Gualeguaychú se suma a los viajes de la familia Adorni
En paralelo al análisis de los criptoactivos, la Justicia confirmó dos estadías del jefe de Gabinete en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un establecimiento de lujo ubicado a 15 minutos de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Adorni reservó dos habitaciones dobles en dos ocasiones distintas: entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. El total abonado por ambas estadías ascendió a $2.350.000, pagados en efectivo.
El hotel ofrece pileta, cine, arquería, paseos a caballo y canchas de tenis, entre otras prestaciones. Antes de que la Justicia confirmara el hospedaje, la información había trascendido a través de medios locales, que señalaron además que Adorni habría solicitado reserva total sobre su estadía en el establecimiento.
Esas noches en Entre Ríos se agregan a una lista de destinos que la fiscalía ya había colocado bajo análisis. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, los investigadores identificaron viajes a Aruba, Punta del Este, Río de Janeiro, Bariloche e Iguazú, con un total de 17 viajes al exterior incorporados al expediente.
El gasto global detectado en ese período, según las fuentes judiciales consultadas, superaría los 452.000 dólares. En este contexto, uno de los puntos que la fiscalía intenta precisar es cómo se financiaron algunos de esos traslados.
Pollicita solicitó información a una agencia de viajes para que detalle la modalidad de pago de un pasaje de regreso desde Nueva York a Buenos Aires, correspondiente a febrero pasado. También requirió datos al hotel Llao Llao de Bariloche sobre una reserva y el método de pago utilizado en esa ocasión.
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Propiedades, refacciones y pagos en efectivo
Los viajes no son el único frente abierto en la investigación patrimonial. La Justicia también analiza una serie de operaciones inmobiliarias y trabajos de refacción cuyo financiamiento busca explicación dentro del expediente.
Entre los movimientos bajo análisis aparecen pagos vinculados a dos propiedades: un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y otro en la calle Asamblea. Además, se investigan gastos relacionados con el alquiler de una casa en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Los conceptos que integran el expediente incluyen trabajos de remodelación, gastos de escribanía, adelantos vinculados a hipotecas y cuotas mensuales asociadas a deudas sobre esas propiedades.
Dentro de la causa figura el contratista Matías Tabar, quien ya declaró ante la Justicia por obras realizadas en las propiedades del funcionario. También aparece mencionado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como acreedoras en la compra del semipiso de la calle Miró adquirido por Adorni.
El expediente incorpora asimismo una herencia recibida tras el fallecimiento del padre del funcionario. Según trascendió de fuentes judiciales, Adorni es titular del 33% de un terreno heredado y figura un departamento donde actualmente reside su madre.
La fiscalía busca establecer si los fondos aplicados a todas esas operaciones tienen respaldo compatible con los ingresos declarados. Según los datos incorporados al expediente, el conjunto de gastos detectados superaría los 452.000 dólares, mientras que las deudas bajo análisis rondan los 335.000 dólares, monto que Adorni debería cancelar en noviembre de este año.
Fuentes judiciales señalaron que uno de los puntos a revisar será precisamente cómo justificará el funcionario el origen de los fondos necesarios para afrontar esos vencimientos y cómo financió estos gastos, especialmente teniendo en cuenta que su sueldo hasta hace poco rondaba los 3 millones de pesos.
Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguraron que los números “están en orden” y que, llegado el momento, se presentará la documentación correspondiente para despejar las dudas planteadas por la investigación.
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Las medidas que impulsa el Fiscal Pollicita
La estrategia de Pollicita apunta a reunir información de múltiples fuentes antes de adoptar decisiones procesales de mayor peso. En las últimas semanas, la fiscalía libró oficios a diversos bancos para determinar si Adorni y Angeletti registran cuentas o tarjetas de crédito, y extendió los pedidos a empresas de seguros para conocer las pólizas contratadas por ambos.
Se suma la solicitud a las plataformas de criptoactivos y los requerimientos a la agencia de viajes y al Llao Llao. Toda esa documentación será cruzada con el informe técnico de la DAFI, que deberá exponer, año por año, los ingresos y egresos del funcionario desde el inicio de su gestión pública.
La causa avanzó luego de que la Justicia ordenara el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti. La fiscalía también evalúa la posible intervención de ARCA para revisar pagos no registrados vinculados tanto al funcionario como a otras personas mencionadas en el expediente.
Si las explicaciones patrimoniales no resultan suficientes una vez reunida toda la información, la fiscalía podría avanzar hacia un pedido de indagatoria. Por ahora, la causa se encuentra en etapa de recolección documental y análisis económico.
Un elemento adicional que ingresará al expediente es la declaración jurada correspondiente al período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025, que Adorni tiene plazo de presentar hasta el 31 de julio próximo.
Ese documento será comparado con los datos bancarios, migratorios, patrimoniales y de criptoactivos ya incorporados a la investigación, y constituirá otro insumo para que la fiscalía evalúe si los movimientos detectados encuentran sustento en los ingresos declarados.
