Santiago Bausili tuvo que responder qué hizo con el oro de las reservas del Banco Central tras más de dos años de evasivas, pero su respuesta terminó abriendo más incógnitas de las que cerró, ya que ni siquiera dejó claro dónde están almacenados los lingotes.
Esta semana, el oficialismo logró sacar dictamen para tratar en el pleno del Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Más allá de la cuestión legislativa propiamente dicha, la jornada también sirvió para que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, se sentara frente a los Senadores y respondiera algunas preguntas.
Lo que quizás no se imaginó es que uno de los temas sobre el que le iban a preguntar sería el envío del oro de las reservas al exterior en 2024. Ante la pregunta, el funcionario tuvo que ensayar una respuesta que terminó abriendo más interrogantes que los que cerró.
Bausili respondió que los lingotes fueron trasladados al Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza. Además, dijo que la razón de este movimiento es que la calidad del oro argentino varía según la época en que fue fundido, entre las décadas del 60 y el 90. Según explicó, a principios de 2024 se dio una alta demanda internacional de lingotes, lo que redujo el costo de aceptación de los más antiguos “de calidad más dudosa”.
“Entonces tomamos una oportunidad, era óptimo en la administración de las reservas del BCRA aprovechara esa oportunidad y convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta, así que se trasladó y se depositó en el BIS, que es donde sigue estando”, dijo Bausili. Es decir, no solo movieron las reservas, sino que iniciaron un procedimiento para que obtengan una certificación internacional de calidad.
Esta explicación ya deja expuestas bastantes cuestiones opacas de la operación, pero lo más llamativo es que la información de la entidad que preside está sujeta “al control parlamentario” y “está auditada”. “Están los informes de auditoría, todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”, contestó.
¿Pero dónde está el oro de las reservas?
Acá es donde la explicación incurre en, por lo menos, una mentira. La Auditoría General de la Nación (AGN) no pudo llevar adelante correctamente la auditoría de los envíos de oro justamente por las trabas impuestas por el propio Banco Central.
Inicialmente, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que la AGN no ha tenido problemas a la hora de manejar información secreta o sensible.
Según el organismo auditor, desde el Banco Central les ofrecieron ver sus computadoras, pero sin la posibilidad de fotografiar o hacer copias. Es decir, le pidieron que auditen con la memoria. En su momento, los auditores aceptaron esto para acceder a algo de información, pero se encontraron con otra traba: Según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno.
Es decir que, como mínimo, es mentira que pasaran la auditoría de la AGN sin comentarios. Comentarios hubo y hasta ahora tampoco se había emitido una respuesta directa sobre qué hicieron con el oro.
Cabe recordar que el traslado se conoció por una denuncia de La Bancaria, que arrancó (a través del diputado Sergio Palazzo) una batalla legal. De ella salió un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Banco Central entregar información al respecto. Un fallo que la entidad -hasta ahora- no cumplió.
Pero, además, la primera explicación del ministro Luis Caputo al respecto también fue evasiva. Dijo que habían sacado el oro para poder sacarle “retornos”. Eso sí, no explicó cómo y tampoco está claro cómo encaja esta explicación con la que dio Bausili el miércoles.
Queda además sin resolver dónde está físicamente el oro. Bausili sostiene que la transferencia contable se firmó con el BIS en Suiza, pero eso no implica que los lingotes estén ahí: el BIS opera con una red de custodios globales, y su principal socio es el Banco de Inglaterra. Justamente uno de los artículos de la reforma de la Carta Orgánica busca facultar al Banco Central para usar el oro y otros activos externos líquidos como colateral en operaciones financieras internacionales.
Para que el oro sirva como garantía ante los grandes bancos internacionales necesita el sello de la LBMA (London Bullion Market Association), un proceso que históricamente implica moverlo a Londres para refinarlo y certificarlo. Por eso, tanto la oposición como actores del mercado sostienen que el oro estaría en Inglaterra, no en Suiza.
El ex director del Banco Nación Claudio Lozano también dejó expuesta la falta de transparencia de las explicaciones de Bausili:
“No está claro por qué el oro que teníamos era de baja calidad y era necesario reemplazarlo. No está claro por qué una vez que lo reemplazaron, si es que lo reemplazaron, no lo devuelven acá y lo mantienen depositado en el exterior. No está claro por qué no respondieron adecuadamente en el momento en que se produjo el cambio y explicaron lo que estaba pasando. Y menos claro queda aun cuando en la última discusión de la Ley Orgánica del Banco Central incorporan la posibilidad de usar las reservas del Banco Central como garantía de los créditos”.
Islas Malvinas: Soberanía o libre mercado
Ahora bien, una de las razones por las que este tema volvió a la agenda pública (además de la reforma de la carta orgánica del Banco Central), es este repentino interés de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas.
“Repentino” porque el jueves anterior el presidente hizo énfasis en el proyecto Sea Lion, cuando la propuesta para iniciar el proyecto ya tiene varios años y ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa. Es decir que se trata de un anuncio tardío, pero también improvisado, que dejó expuestas las contradicciones del gobierno libertario.
Desde ya, es positivo que el gobierno anuncie que va a aplicar los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659, sancionada en 2011, aunque resulte llamativo que haya que celebrar que un presidente diga que va a cumplir la ley.
Lo más preocupante es que detrás de esta escalada discursiva con Inglaterra no parece haber ningún plan de contingencia ante una eventual represalia británica, empezando por la incómoda posibilidad de que el oro de las reservas enviado a Inglaterra quede atrapado en el Banco de Londres.
Pero más allá de esto, también quedaron expuestas las incompatibilidades entre la doctrina libertaria y cualquier reclamo serio por la soberanía argentina, y es que poco después del anuncio arrancaron a aparecer los negocios que la gestión de Milei le facilitó a empresas que forman parte de las operaciones petroleras en las Islas Malvinas. Tal es el caso de Harbour Energy PLC.
Originalmente, la empresa funcionaba bajo el nombre Premier Oil PLC y había sido sancionada por el Estado Argentino en 2013 justamente por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental. En su momento, se estableció una inhabilitación de 15 años, que se extiende hasta 2028.
Sin embargo, en 2021 cambió su nombre a Harbour Energy PLC y en 2024 presentó su pedido de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) como parte del grupo societario Southern Energy.
En principio, la compañía no debería estar habilitada a participar en proyectos de este tipo y mucho menos recibir exenciones fiscales. Sin embargo, en abril de 2025 el ministro de Economía Luis Caputo firmó la Resolución 559/2025, que incorporó a Southern Energy al RIGI. En su momento, no hubo ningún cuestionamiento.
No es el único caso. Hay dos empresas que prestan servicios al proyecto de extracción de hidrocarburos Sea Lion, que consiguieron contratos para trabajar en la explotación de Vaca Muerta junto a YPF durante la gestión de Milei. Se trata de las firmas neerlandesas Fugro NV y Bluewater Energy Services.
Por otro lado, Casa Rosada dejó claro que está dispuesta a hacer la vista gorda cuando los amigos/aliados de Milei son los que quedan bajo la lupa. Por ejemplo, ningún funcionario del gobierno argentino se expresó sobre el contrato firmado entre la naviera chilena Easter Islandy la Falkland Islands Development Corporation para abrir una ruta marítima entre el puerto de Punta Arenas y las islas.
Peor es el caso de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y amigo del presidente, quien reconoció que posee desde hace 20 años una participación de alrededor del 2% en la Falkland Islands Company (FIC), una de las principales operadoras económicas del archipiélago. A través de Dolphin Fund LTD, en 2017 intentó hacerse con el control mayoritario de la empresa y -según él- le rechazaron la oferta por decisión del gobierno británico.
Él dijo que eso fue parte de su estrategia para “recuperar” el control de las islas y se quejó de que las autoridades británicas profesan el libre mercado pero le bloquearon la operación. Lo cierto es que sigue teniendo sus acciones y aparentemente no tiene intenciones de venderlas.
Uno podría decir que esto es una cuestión de privados que nada tiene que ver con Milei, si no fuera por la cercanía del empresario con el libertario y porque el canciller Pablo Quirno salió a defenderlo en redes sociales. “Todo lo contrario a traidor…”, dijo.
Lo cierto es que la queja de Elsztain deja expuesta esta tensión entre la idea del libre mercado y la defensa de la soberanía. ¿Se puede ser libertario y a la vez defender la soberanía nacional? Parece que no, porque el discurso de Milei choca de lleno con la necesidad de establecer límites a las potencias extranjeras para evitar que avancen sobre el territorio argentino.
Incluso si se acepta la explicación de que el empresario pretendía recuperar la soberanía argentina a fuerza de libre mercado, lo que deja claro su experiencia es que en la vida real los estados anteponen sus intereses territoriales a la prédica liberal.
