El contratista encargado de la remodelación de la casa de Manuel Adorni declaró ante la justicia que el Jefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares en efectivo y sin facturas para realizar los trabajos, y frustró los planes del funcionario de reactivar las conferencias y dejar atrás el escándalo.
Esta semana, el gobierno de Javier Milei levantó la restricción de acceso a los periodistas a la Sala de Prensa de Casa Rosada, que había permanecido cerrada durante más de un mes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió al atril convencido de que lo peor de su escándalo patrimonial había quedado atrás luego del informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ese mismo lunes, mientras Adorni intentaba recuperar su imagen pública, el contratista encargado de las refacciones de su casa en el country Indio Cuá se presentó ante la Justicia Federal y declaró bajo juramento que el funcionario le pagó 245.000 dólares en efectivo, sin facturas, para remodelar la propiedad.
Entre las obras: una cascada en el jardín, una pileta con jacuzzi y un quincho, entre otros trabajos. La declaración, que se extendió por cerca de tres horas, sacudió al oficialismo, que volvió al hermetismo y enterró los planes de dar vuelta la página.
245 mil dólares en efectivo y sin facturas
Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue convocado como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación sobre la evolución patrimonial de Adorni. El fiscal lo citó para que aportara detalles sobre el presupuesto, los contratos, las facturas y los pagos vinculados a la remodelación.
Tabar declaró que la obra se extendió entre octubre de 2024 y mayo de 2025, es decir, entre siete y nueve meses. Afirmó que el contacto con Adorni se estableció a través de WhatsApp y que todos los pagos se realizaron en efectivo y sin comprobantes. El testigo aportó al juzgado un listado detallado con el costo total de las obras: 245.929 dólares.
Además de su testimonio, Tabar entregó su teléfono celular para que sea peritado, dado que algunos de los mensajes intercambiados con el funcionario habían sido eliminados. También presentó videos que documentan el avance de los trabajos y facturas de materiales y mobiliario.
La propiedad en cuestión está ubicada en el Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. La escritura fue firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.
Sin embargo, según surge del expediente judicial, el cambio de titularidad todavía no fue registrado en el municipio de Exaltación de la Cruz, donde la propiedad continúa figurando a nombre del vendedor original, Juan Ernesto Cosentino.
Esta es una de las propiedades que la Justicia investiga tras la denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito. La otra es un departamento en el barrio porteño de Caballito, cuya adquisición fue sido financiada con 200.000 dólares prestados por dos jubiladas que también eran dueñas del inmueble, también bajo investigación.
En ambos casos, la Justicia tiene dudas sobre el origen de los fondos, el rol de las prestamistas y el valor real de las operaciones. En particular, la casa en Exaltación de la Cruz fue adquirida mientras Adorni se desempeñaba como vocero oficial del gobierno.
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Una casa con cascada, quincho y pileta con jacuzzi
Según el documento que Tabar entregó al fiscal Pollicita, la contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, con un presupuesto inicial de 94.000 dólares. A ese monto se le fueron sumando trabajos adicionales hasta alcanzar los 245.929 dólares finales.
Los pagos se realizaron en varias cuotas y siempre en efectivo: 35.000 dólares en noviembre de 2024 y 20.000 en diciembre del mismo año. Ya iniciada la obra, 30.000 en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio y 50.000 en julio. Al momento de finalizar los trabajos, Adorni tenía un saldo pendiente de 20.929 dólares, que habría abonado poco después bajo la misma modalidad.
Los trabajos contemplados desde el inicio incluían la remodelación de la entrada y la pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, cambio de la puerta de entrada, mejoras en la escalera, reforma de la parrilla, trabajos en la cocina (mesadas, isla y desayunador), entre otros.
La pileta fue modificada para reducir su profundidad y renovada con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se instalaron cabezales para un jacuzzi. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la colocación de una cascada en el jardín, por la que Adorni habría pagado 3.500 dólares.
En total, el costo de la remodelación resultó significativamente superior al precio de compra de la vivienda, que habría sido de alrededor de 120.000 dólares. Durante ese período, mientras se ejecutaban las obras, el matrimonio alquiló otra propiedad dentro del mismo country por la que abonó 13.000 dólares mensuales.
La causa, que tiene como eje el origen de los fondos utilizados por Adorni para adquirir distintos bienes, cobra especial relevancia si se considera que el funcionario declaró ingresos de 3.500.000 pesos mensuales hasta el año pasado, cifra que luego ascendió a 7.000.000.
Según la Justicia, los gastos detectados superarían ampliamente esos montos, aunque el propio funcionario niega cualquier irregularidad y afirma que puede justificar los más de 100.000 dólares ya gastados y otros 335.000 dólares que debería abonar antes de noviembre.
La investigación del fiscal Pollicita también avanza en torno al departamento de Caballito. El miércoles siguiente a la declaración de Tabar está previsto que declare Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que habría prestado dinero al funcionario, y también socio del hijo de la otra acreedora.
Miano deberá presentar su celular, facturas y documentación vinculada a pagos de expensas y refacciones en esa propiedad.
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Al gobierno se le quemaron los papeles
La reapertura de la Sala de Prensa de Casa Rosada y la conferencia de Adorni habían sido planificadas como el punto de inflexión que permitiera al gobierno retomar cierta normalidad comunicacional.
En los días previos, el Ejecutivo había llevado a todo el gabinete al Congreso para respaldar al funcionario y transmitir una imagen de cohesión. La estrategia buscaba desplazar la atención mediática del caso y proyectar gestión.
Durante la conferencia, Adorni se escudó en la investigación judicial para evitar responder las preguntas de los periodistas acreditados sobre el crecimiento de su patrimonio. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la cámara de Diputados el miércoles pasado”, dijo.
Más adelante agregó que “si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia“, dijo el funcionario cuando fue consultado por la falta de respuestas concretas.
Tampoco negó de manera categórica la existencia de sobresueldos en el Estado, luego de que Clarín publicara que “hay funcionarios y asesores que recibirían pagos mensuales por fuera de lo establecido”. En ningún momento Adorni desmintió esas versiones de forma explícita.
Al cierre de la conferencia, el jefe de Gabinete anunció que retomará sus apariciones públicas de manera regular. “No serán diarias, pero nos vamos a ver más seguido”, afirmó. Sin embargo, pocas horas después, cuando comenzaron a circular los detalles de la declaración de Tabar, el clima en Casa Rosada cambió por completo.
El hermetismo volvió a instalarse en los principales despachos del Ejecutivo. El gobierno decidió no hacer comentarios sobre los dichos del contratista ni sobre la situación procesal y política del jefe de Gabinete. El silencio fue total, pese a las reiteradas consultas periodísticas.
En estricto off the record, algunas figuras del ecosistema libertario reconocieron que la nueva revelación era un revés para los planes oficiales. “Si compras una casa y pagas más del doble para arreglarla, algo estás haciendo mal”, dijo entre risas una fuente cercana a La Libertad Avanza, que también cuestionó la modalidad de pago elegida por el funcionario.
Por su parte, Adorni había adelantado días antes, en una entrevista, que toda la información sobre su patrimonio estaría actualizada en su nueva declaración jurada y que no contemplaba renunciar. “Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones“, había afirmado, apostando por la victimización para desviar la discusión.
