Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus hijos entre fines de 2024 y principios de 2025, y ahora la Justicia investiga si se alojó en un resort de lujo durante su paso por la isla caribeña.
La Justicia federal confirmó esta semana que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
La confirmación llegó en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito, causa en la que se busca determinar si los gastos del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.
Según la información que la aerolínea LATAM aportó a la investigación, el traslado se realizó con escala en Perú en el tramo de ida y en Ecuador en el regreso. Cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que arroja un total de 5.800 dólares para el grupo familiar, monto que habría sido abonado en efectivo.
El hospedaje en la isla caribeña continúa bajo averiguación; la fiscalía investiga si la familia se alojó en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive cuyas tarifas rondarían los 1.000 dólares por noche.
La novedad se produce luego de que el juez federal Ariel Lijo hiciera lugar al pedido del fiscal y levantara el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, con alcance retroactivo desde el 1° de enero de 2022.
La medida también abarca a la consultora AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y se extiende a las mujeres que figuran como prestamistas del funcionario. El objetivo de Pollicita es verificar el origen de los fondos y contrastarlos con la información que surge de las declaraciones juradas.
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La Justicia investiga 17 vuelos de Adorni
La fiscalía ya cuenta con un listado de 17 viajes realizados por Adorni y su entorno desde 2022 hasta la fecha. A partir de ese relevamiento, se ampliaron los pedidos de información a distintas aerolíneas (entre ellas Delta, ITA e Iberia) para obtener datos precisos sobre la compra de pasajes, los canales de pago y quiénes efectivamente cubrieron los gastos.
Cabe recordar que el caso que dio origen a la causa fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de este año, cuyo costo superó los 4.800 dólares e incluyó al periodista de la TV Pública Marcelo Grandio. LAs dudas sobre el financiamiento del viaje derivaron en una investigación más amplia sobre el patrimonio del funcionario.
Entre los trayectos ya identificados figura también un regreso desde Nueva York en primera clase con Delta Airlines, cuyo pasaje fue cubierto por el Estado a un costo de 4.905 dólares. El pasaje de Angeletti en ese mismo vuelo, que habría superado los 5.100 dólares, habría sido abonado con fondos propios, según surge del expediente.
En paralelo, la fiscalía requirió información al Banco Galicia sobre resúmenes de tarjetas de crédito, legajos de apertura y cuentas vinculadas al pago de saldos. También se solicitó a la CNV información sobre la actividad bursátil de Adorni y Angeletti.
Asimismo, se enviaron oficios a la ANAC, EANA y operadores aeroportuarios para obtener datos técnicos de los vuelos (rutas, escalas, aeronaves) que permitan detectar eventuales inconsistencias.
La denuncia que disparó la investigación fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un posible desfasaje entre el nivel de gastos del funcionario y sus ingresos declarados. La sospecha apunta a un incremento patrimonial no justificado, con foco en bienes inmuebles, depósitos y consumos en el exterior.
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Declararon las jubiladas prestamistas
En el mismo día en que se confirmó el viaje a Aruba, declararon ante Pollicita en Comodoro Py Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, las dos jubiladas que figuran en los registros como vendedoras del departamento donde Adorni reside actualmente, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
Ambas coincidieron en señalar que la operación fue gestionada por sus respectivos hijos: Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, y Leandro Miano, hijastro de Sbabo y socio de Feijoo.
Viegas afirmó haber conocido a Adorni únicamente en el acto de escrituración. Sbabo directamente sostuvo no conocerlo. Las dos mujeres entregaron sus teléfonos celulares a la fiscalía en el marco de la declaración.
La reconstrucción de la operación que surge del expediente es la siguiente: Sbabo y Viegas adquirieron el departamento (de 150 metros cubiertos, cuatro ambientes, patio y cochera) al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares en abril de 2024, con la intervención de una inmobiliaria que cobró el 4% de comisión.
Cinco meses después, el inmueble fue transferido a Adorni por 230.000 dólares, con un pago inicial de 30.000 dólares y el saldo de 200.000 dólares financiado sin intereses, con vencimiento en noviembre de 2025. Esto implica que las vendedoras financiaron el 87% del valor del inmueble, a costo cero.
Ese dato es uno de los que más llama la atención en el expediente. Si las jubiladas hubieran colocado ese dinero en algún instrumento financiero, habrían obtenido algún rendimiento. En cambio, optaron por prestar 200.000 dólares sin ninguna ganancia por todo ese período.
Ninguna de las dos supo explicar con claridad esa decisión ante el fiscal. Sbabo cobra una jubilación de aproximadamente 350.000 pesos; Viegas percibe el haber mínimo y cuenta con el pase cultural de la Ciudad de Buenos Aires, un beneficio restringido a personas con ingresos inferiores a 60.000 pesos.
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El antes y el después del departamento
Cabe recordar que el exfutbolista había declarado que vendió el inmueble a bajo precio porque se encontraba en mal estado. Lo curioso es que las imágenes del antes y el después del departamento en la previa de la venta hablan de una inversión importante.
El expediente incorporó imágenes del inmueble que revelan la condición en que fue entregado a Adorni: con pisos nuevos, baños renovados, cocina refaccionada, vestidor, cerramientos, balcón y patios acondicionados, muebles y revestimientos. La remodelación fue integral.
El problema es que ninguna de las dos jubiladas recordó los detalles de esas obras al momento de declarar. No precisaron quién las encargó ni cuánto costaron. Pollicita citó a Feijoo a declarar el 22 de abril y le exigió que presente toda la documentación vinculada a las refacciones.
El fiscal busca establecer dos datos centrales: el monto total de las obras y quién las financió. La respuesta a esas preguntas es clave para entender si la diferencia de 30.000 dólares entre el precio de compra y el de venta tiene alguna lógica económica real.
A eso se suma otra irregularidad sobre el valor de la transacción. En la zona de Caballito donde está ubicado el departamento, el metro cuadrado cotiza alrededor de 2.500 dólares. A ese valor, el inmueble debería haberse transado cerca de los 375.000 dólares.
La propia inmobiliaria lo había publicado inicialmente a 350.000 dólares. Sin embargo, Adorni lo adquirió por 230.000, y la fiscalía tiene en su poder mensajes de potenciales compradores que habían mostrado interés al precio original.
Feijoo, señalado como el articulador de la operación junto a Miano (ambos vinculados a la desarrolladora TJS Group S.R.L.), registra un ingreso a la Casa Rosada el 22 de octubre de 2024, pocos días antes de que se concretara la venta a Adorni.
La fiscalía también analiza una propiedad adquirida en el country Indio Cuá, a nombre de Angeletti, que fue omitida por Adorni en su declaración jurada de bienes de 2024 ante la Oficina Anticorrupción y solo incorporada después de que la información se hiciera pública.
El 24 de abril declarará quien vendió esa casa de Indio Cuá, otro inmueble que también tuvo remodelaciones. La investigación busca determinar si con los ingresos que Adorni declaró formalmente (alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales durante su etapa como vocero presidencial) es posible sostener el nivel de gastos que el expediente documenta.
