El gobierno eliminó una medida antidumping de aluminio para castigar a Javier Madanes Quintanilla por anunciar el cierre de FATE en medio del debate por la reforma laboral. El empresario también es dueño de ALUAR, cuyos empleados serán los principales afectados por la decisión de Javier Milei.
El presidente Javier Milei decidió castigar al empresario Javier Madanes Quintanilla por anunciar el cierre de la planta de neumáticos FATE en San Fernando en medio del debate parlamentario por la reforma laboral.
La decisión del dueño de la compañía no solo dejó a 920 trabajadores en la calle, sino que además desdibujó el triunfo legislativo de La Libertad Avanza y se convirtió en munición para las críticas contra el avance de la tropa libertaria contra los derechos laborales.
Esto fue lo que más molestó al libertario, que en lugar de interesarse por los empleados de FATE, decidió apuntar contra ALUAR, otra empresa de Madanes Quintanilla, al que acusó de haber orquestado el anuncio del cierre como una maniobra política deliberada
En este contexto, el lunes el ministro de Economía Luis Caputo lanzó una resolución eliminando las medidas antidumping para el aluminio, lo que no solo deja a la empresa al bordel cierre (y pone en riesgo el trabajo de sus empleados), sino que también sirvió para que la vicepresidenta Victoria Villarruel pudiera marcar distancia de La Libertad Avanza.
Quien fuera compañera de lista de Milei en 2023, ahora pone el dedo en la llaga por uno de sus temas de campaña: la dependencia económica de un país como China. Antes de ser presidente, Milei aseguraba que jamás haría acuerdos con países comunistas, pero sus medidas provocaron que las importaciones chinas sean más altas que nunca.
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Caputo eliminó la protección antidumping para el aluminio
Para entender el peso de la decisión oficial, hay que remontarse a marzo de 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández estableció un derecho antidumping del 28% sobre las importaciones de hojas de aluminio laminadas de origen chino.
El producto en cuestión (conocido en la industria como foil) corresponde a la posición arancelaria NCM 7607.11.90: láminas de aluminio sin soporte de entre 0,006 y 0,2 milímetros de espesor, con una anchura no mayor a 1.300 milímetros. Su uso es cotidiano: envases de alimentos, blísteres de medicamentos, envolturas de bebidas y membranas aislantes para la construcción.
La medida había sido solicitada por la propia ALUAR, que argumentó en su momento que las importaciones chinas ingresaban al mercado local en condiciones desleales, es decir, a precios bajos subsidiados por el Estado chino para acaparar el mercado.
El arancel tuvo efecto: las importaciones desde China cayeron a menos del 3% del consumo aparente nacional entre 2022 y 2025, según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).
Con el vencimiento del plazo de cinco años, ALUAR solicitó la prórroga de la medida. La respuesta oficial, plasmada en la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, fue un negativa. A partir del 23 de febrero, la Aduana dejó de cobrar el recargo del 28% a esas importaciones.
Para argumentar el por qué de la medida, el Ejecutivo señaló que durante el período de vigencia del arancel, ALUAR pasó de controlar el 64% del mercado en 2019 al 91% en 2024, consolidando una posición dominante que, según la resolución, derivó en un encarecimiento de los precios internos.
La CNCE también advirtió que el foil representa entre el 3% y el 4% de la facturación total de ALUAR, y que la empresa controla entre el 60% y el 65% del costo de producción del insumo, al ser también la única productora de aluminio primario en el país.
El efecto inmediato de esta decisión es dejar el mercado abierto para que cualquier productor extranjero pueda tomarlo, a contramano de lo que están haciendo las principales potencias del mundo, incluido el Estados Unidos de Donald Trump.
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Una oportunidad perfecta para Victoria Villarruel
Apenas trascendió la eliminación de las protecciones arancelarias al aluminio, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en su cuenta de la red social X haciendo referencia al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló parte de los aranceles impuestos por Trump a las importaciones.
“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de Gobierno”, escribió Villarruel. Y agregó: “Sin industria se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí primero está la Argentina“.
La titular del Senado fue más lejos y cuestionó directamente el modelo de apertura comercial que impulsa el gobierno del que ella misma forma parte: “La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial”.
“No debemos conformarnos con ser un país de servicios”, comentó, en un mensaje con claros tintes electorales. Como si el tono estuviera en duda, remató: “En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo“.
Y es que pese al posicionamiento “anti-China” de Milei, el gigante asiático se consolidó como el principal socio comercial de la Argentina durante el último semestre, representando el 18,8% del intercambio comercial total, según datos del INDEC analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En 2025, las importaciones desde China sumaron 17.954 millones de dólares (el 23,7% del total importado), mientras que las exportaciones hacia ese destino alcanzaron los 9.799 millones de dólares, generando un déficit de 8.155 millones de dólares. Solo en enero de 2026, el saldo negativo con China fue de 1.022 millones de dólares.
La apertura al foil chino se suma a este cuadro. El sector industrial también expresó inquietud: Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), señaló que “con una apertura muy abrupta en la que el timing no acompaña todos los esfuerzos del Ejecutivo para mejorar la competitividad, se producen efectos como los que estamos viendo”.
Es que el comercio con el país que gobierna Xi Jinping no tiene por qué ser negativo para la industria argentina. De hecho, muchos países establecieron medidas para proteger a sus industrias sin desaprovechar la oportunidad comercial. El problema es la apertura irrestricta de las importaciones sin ningún tipo de planificación económica.
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¿Cómo es la situación en la empresa FATE?
Cabe recordar que el conflicto con Madanes Quintanilla comenzó cuando FATE, la principal fábrica de neumáticos del país, anunció el cese de sus operaciones y el despido de sus 920 empleados.
La empresa, radicada en San Fernando, es el eslabón industrial más visible del grupo empresario que también controla ALUAR, y durante décadas proveyó neumáticos al mercado local compitiendo con marcas internacionales.
Los motivos invocados por la empresa para justificar el cierre apuntan a una falta de competitividad estructural: los costos operativos en pesos frente a un tipo de cambio que encarece la producción local, sumados a la creciente competencia de neumáticos importados que ingresan a precios sensiblemente más bajos.
El gobierno, en cambio, desestimó esta lectura económica y optó por una interpretación política: el cierre fue presentado (sin sustento real) desde la Casa Rosada como una “operación” diseñada para dañar la imagen del oficialismo justo cuando intentaba aprobar su reforma laboral en el Congreso.
Aún así, el Ministerio de Capital Humano convocó a una audiencia de conciliación obligatoria entre los representantes de FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que conduce Alejandro Crespo.
El encuentro, realizado el lunes 23 de febrero, terminó sin acuerdo. Según el comunicado oficial, “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, y la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11:00 horas.
La conducción gremial calificó la situación como un “chantaje” patronal, rechazando la versión de la empresa sobre la inviabilidad del negocio. FATE, por su parte, no dio señales de modificar su postura, y las negociaciones arrancaron con el peor punto de partida posible: las partes sin siquiera un borrador de acuerdo sobre la mesa.
El gobierno, mientras tanto, anunció que continuará “promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”. Pero los hechos concretos van en sentido contrario a ese declarado interés por preservar la producción nacional.
