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viernes, abril 12, 2024

El Gobierno apura las negociaciones con Gobernadores y pretende votar la ley ómnibus antes de mayo

Esta semana el oficialismo espera enviar al Congreso la versión depurada de la ley ómnibus, con el objetivo de que sea votada el 25 de abril, e intensifica las negociaciones con los Gobernadores para evitar un nuevo fracaso legislativo.

Tras el fracaso legislativo ocurrido a principios de febrero, cuando el oficialismo debió enviar la Ley Ómnibus a comisiones tras el rechazo en la Cámara de Diputados, el Gobierno de Javier Milei negocia con los Gobernadores y los bloques colaboracionistas una versión depurada del proyecto.

Así lo adelantó el Ministro del Interior, Guillermo Francos, quien aclaró que "se va a trabajar sobre el mismo texto de la vez pasada", impulsando "aquellos artículos en los que había consenso" y realizando "modificaciones para tratar de obtener la sanción de la ley".

"En lugar de ser una ley tan voluminosa será una ley de unos 250, 260 artículos finalmente. En lo que respecta a la ley Bases hay un acuerdo generalizado, hay acuerdos también con los gobernadores de la Patagonia", explicó el funcionario.

En el mismo sentido se expresó el presidente del bloque La Libertad Avanza en la Cámara baja, Oscar Zago, quien además adelantó que "antes del viernes seguramente va a ingresar oficialmente". "Ya hay borradores que tienen gobernadores y presidentes de bloque, para dar su comienzo al debate", agregó.

El objetivo del oficialismo, según comentó, es llegar a un acuerdo "antes fin de mes, antes de que termine abril para ver si podemos darle una sanción".

"Queremos trabajarlos unos 15 a 20 días para poder llegar con un 90% de acuerdo y cuando estemos en el recinto no empecemos a desviar la atención y se empiece a trabar", detalló.

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Por su parte, Francos agregó que "la experiencia del tratamiento en los primeros días del año nos ha enseñado que tenemos que ser un poco más abiertos" para "considerar los aspectos que demandan tanto la Nación como las provincias y así lo vamos a hacer".

Los Gobernadores y el impuesto a las Ganancias

De cara a la discusión del nuevo proyecto, el Gobierno agendó una reunión en Casa Rosada entre los 10 mandatarios provinciales más cercanos al oficialismo, que encabezarán el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y Francos. Entre los temas a discutir están la reversión de Gananciasjubilaciones y el tratamiento de los DNU en el Congreso.

Fueron convocados Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

Aunque Francos adelantó que se pretende restituir el pago de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, situando el piso en los 1.200.000 pesos, los Gobernadores -incluso los más abiertos al diálogo- tienen posiciones encontradas al respecto.

El proyecto "no sólo va a tener Ganancias", indicó el Ministro, "también tiene el blanqueo y la moratoria". "Incluye también el impuesto a los ingresos personales con escalas que antes no existían", agregó.

La propuesta afecta particularmente a los representantes de la Patagonia, ya que en estas provincias los trabajadores perciben sueldos más altos y podrían ser incluidos en la escala. Entre tanto, los mandatarios peronistas tampoco están dispuestos a apoyar la medida.

En ese sentido, desde el PRO proponen elevar el piso propuesto por el oficialismo a 1.500.000 o 1.800.000 pesos para una persona soltera, con servicios públicos exceptuados (es decir, las fuerzas de seguridad, docentes, médicos, etc.).

Otro pedido del partido amarillo es la incorporación de la reforma laboral presente en el DNU 70/2023, que había sido frenada por la Justicia, y pretenden que se vote como parte del proyecto, o bien como un proyecto aparte. Se trata de un apartado que el oficialismo incluiría en el proyecto.

Un DNU que tensiona las negociaciones

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024 firmado por Milei la semana pasada no hizo más que tensionar las relaciones entre el Estado Nacional y las provincias.

Con el decreto no solo se eliminaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte, sino que además se suspendieron los giros que la ANSES le realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales.

La decisión causó molestias dentro de Juntos por el Cambio, y más de una administración provincial amenazó con judicializar la situación para garantizar el financiamiento de las cajas jubilatorias.

"Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales", debió aclarar Francos, "hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno". "Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes", completó en una entrevista.

"Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir", señaló, "Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema y hay algunos amparos previstos, pero lo que no está definido es el monto a transferir".

Resta confirmar cómo la situación afectará el tratamiento de la Ley Ómnibus, aunque el Ministro del Interior no tardó en remarcar que la situación "no tiene nada que ver con las leyes de bases, con la que muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo".

Otro DNU que tensa las negociaciones es el 70/2023, rechazado a mediados de marzo pasado en el Senado. En el marco del homenaje a los caídos en Malvinas, el Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó su rechazo y remarcó en referencia al Pacto de Mayo, que:

"Un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner sentido de épica al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto".

"Nosotros no vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa y mientras no lleguen recursos que nos deben a la provincia de La Pampa", adelantó, "como seguramente pasará a otras provincias".

La estrategia del Gobierno parece ser alcanzar un acuerdo a través de negociaciones en torno a la entrega de fondos para financiar las provincias

Dispersión en el Congreso

En el oficialismo confían en alcanzar nuevamente los 144 votos que tuvo la votación en general del primer intento de media sanción, y pretenden que con un tratamiento exprés sea votada el 25 de abril.

Sin embargo, la situación de los bloques que conformaban Juntos por el Cambio generan dudas, ya que aunque el PRO se muestra como un socio fiel, en la UCR las visiones son divididas.

20 diputados radicales se embanderan detrás de Rodrigo de Loredo en favor del oficialismo, mientras que otros 12 del sector de Martín Lousteau/Emiliano Yacobitti se oponen.

El partido centenario pone en duda su apoyo a las privatizaciones y la reforma del estado planteada por el libertario.

Tampoco están unificadas las posturas dentro de Hacemos Coalición Federal, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, por lo que no están garantizados sus 23 votos favorables.

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