El Gobierno debió aclarar que no recortará los recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, pero aunque aseguraron que las transferencias se harán tras una auditoria, los Gobernadores no descartan recurrir a la Justicia.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, desmintió el recorte de partidas para las cajas previsionales de 13 provincias planteado en el DNU publicado este miércoles. Horas después, desde la Oficina del Presidente lanzaron un comunicado en el que reiteraron que "la información es falsa".
A través del decreto 280/24, firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial el 27 de marzo pasado, el Gobierno eliminó las transferencias de ANSES a las cajas de jubilaciones en control de 13 provincias.
La medida encendió las alarmas en las administraciones provinciales afectadas, que rápidamente expresaron su rechazo, y obligaron tanto al Ministro del Interior Guillermo Francos como la Oficina del Presidente a aclarar que se continuarán realizando las transferencias luego de ser auditadas por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, los Gobernadores aún desconfían y no descartan acudir a la Corte Suprema de Justicia para frenar el artículo cuestionado del decreto.
Las aclaraciones del Gobierno
El primero en expresarse al respecto fue Francos, quien comentó que "las partidas que eran de 2023 y se actualizaron ahora, están, van a ir por otras partidas, no se ha tocado".
Por otro lado, el Ministro consideró que era necesario discutir los montos, ya que -según explicó- mientras a algunas provincias se les debe, otras son las que le deben a Nación.
Entre tanto, desde el órgano de comunicación presidencial, aseguraron que "el crédito presupuestario contemplado en la Ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la ANSES no ha sido eliminado" y manifestaron que "esa información es falsa".
En el mismo sentido, aclararon que se abonarán los montos correspondientes "una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo".
En este contexto, apuntaron a los medios de comunicación, a los que se acusó de publicar "primicias falsas".
¿Qué dice el decreto?
Lo cierto es que el DNU en cuestión establece en su artículo 18 la eliminación de los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, prorrogado para el año en curso.
Se trata de los apartados en los que se estipulaba que ANSES debía transferir la doceava parte del déficit anual que tuvieran las provincias que no hubieran transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional el día 20 de cada mes.
Son 13 las provincias perjudicadas por la decisión de eliminar esta normativa, y pertenecen a todos los partidos. En la lista están incluidos territorios de Unión por la Patria como Buenos Aires, La Rioja, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego; los provincialismos de Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Córdoba; y los ex Juntos por el Cambio de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.
Las administraciones provinciales vienen sufriendo numerosos recortes en los envíos nacionales, entre ellos, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte.
El ajuste se ocurre mientras las provincias comienzan a sentir la baja de la recaudación producto de la recesión y los efectos del freno a la obra pública en las economías locales.
La respuesta de los Gobernadores
La nueva escalada de tensión por la entrega de fondos jubilatorios se produce a pocos días de la reunión convocada para el próximo jueves, en la que el oficialismo nacional pretende alcanzar el apoyo de los gobernadores para impulsar ley Bases y el pacto fiscal.
El Gobierno espera alcanzar el apoyo del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal en el Congreso, y llegar a la firma del Pacto de Mayo con la ley aprobada. Sin embargo, a dos meses de la fecha, el proyecto aún no ingresó al parlamento.
El decreto complicó aún más las cosas, particularmente con las provincias más afines a Milei. Desde la administración de Córdoba habían adelantado que "esto nos permite ahora presentar el tema ante la Justicia sobre la base de una norma legal, no de una deuda".
La provincia gobernada por Martín Llaryora, no descarta acudir directamente a la Corte Suprema.
"Creemos que es una gran injusticia para las provincias que tienen caja de jubilaciones, porque el ANSES se financia con impuestos coparticipables que se cobran en esas provincias y al no transferir los recursos que corresponden nos discriminan", habían expresado.
Algo similar ocurre en la provincia que gobierna el radical Maximiliano Pullaro, ya que en Santa Fe también venía evaluando la posibilidad de llevar el caso a la Corte. Entre tanto, el Gobernador del PRO, Ignacio Torres (Chubut), remarcó que en su provincia ya vienen sufriendo los recortes del Estado Nacional.
"El caso del FONID se había anticipado; en Chubut decidimos compensarlo a través de un fondo de incentivo provincial. En cuanto a la caja previsional, creo que será judicializado", adelantó.
"Hay una ley que obliga al gobierno a hacer esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenirla y pudimos armonizarla", remarcó, "hicimos un reclamo de deuda al Estado nacional, que se tiene que cumplir. Es otra medida inconsulta que terminará dándole la razón a las provincias".
Aunque aclaró que el decreto no implicaba necesariamente el no acompañamiento de la ley, opinó que "esta medida no ayuda, sobre todo en las formas".
En ese sentido, en las provincias se mostraron escépticos con respecto a la auditoria de los fondos, y recordaron que fue una excusa que ya había utilizado el Expresidente Mauricio Macri. Desde La Pampa comentaron que "no la hacían y nunca se terminaba de determinar los valores".
Asimismo, diez de los mandatarios provinciales tienen agendado un encuentro con Francos el próximo jueves, en el que discutirán la nueva ley ómnibus del gobierno. Cabe recordar que previamente el Ministro debió cancelar la reunión con Gobernadores del PRO luego de que la concurrencia amenazara con ser escasa.
A pesar del nuevo cortocircuito, el Gobierno confía en alcanzar el apoyo de los jefes de los bloques legislativos colaboracionistas, quienes se limitaron a plantear diferencias menores y se expresaron en favor de incluir la reforma laboral presente en el DNU, y que fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial.
En el caso de Córdoba, comentaron que "esto de las cajas jubilatorias no nos parece que cambie nuestra posición, la ley Bases es votable en general". "Hay que ver si se incluye el tema del Fondo de Garantía de la Anses que sí tiene que ver con este tema", agregaron.