Tribunal Oral Federal de Jujuy citó a la dirigente social Milagro Sala para este mismo jueves -sin respetar los plazos legales- a una audiencia previa a la imposición de la pena. El gobernador radical Gerardo Molares pidió que sea condenada a 7 años de prisión y que la cumpla en la cárcel federal de General Güemes, en Salta.
En uno de los casos más emblemáticos del lawfare, Sala está condenada en esta causa a tres de años de prisión en suspenso por el delito de daños, al escrachar a Morales y al entonces titular de la AGN Leandro Despouy.
La Cámara de Casación confirmó esa sentencia, pero también revocó la absolución que la había beneficiado en el delito de amenazas y mandó dictar un nuevo fallo.
La defensa de Milagro Sala recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia para intentar revocar esta decisión, pero el máximo tribunal el 27 de noviembre de 2018 rechazó este recurso de queja, porque no iba dirigido contra una sentencia definitiva.
El fallo llevaba la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los mismos que con otro fallo, igual de polémico, extralimitaron las facultades del Poder Judicial, decidiendo sobre política sanitaria y beneficiando políticamente a Horacio Rodríguez Larreta cuando se pronunciaron sobre un DNU vencido en materia de presencialidad escolar.
El tribunal oral federal de Jujuy citó a Sala para una audiencia virtual el jueves, sin respetar plazos legales para una apropiada defensa de la acusada. Sala cumple arresto domiciliario en su casa.
Se trata de la audiencia denominada “de visu” (artículos 40 y 41 del código penal) donde los jueces tienen contacto directo y personal con el acusado antes de imponerle una pena, y evalúan las causales de atenuación o agravamiento de la pena que van a imponer.
Morales quiere que a la condena de tres años se le sume otra de 4 por amenazas, para que sumen 7 años de cumplimiento efectivo. Pero los jueces pueden decidir la condena por ambos delitos, pero no necesariamente sumarla (concurso real) y entender que concursan de manera ideal con lo que pueden imponer una pena menor o la misma de tres años por los dos delitos.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy Mario Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y Liliana Snopek escribieron para dejar en claro que no hubo atrasos y que el expediente “se encontró desde el 30/10/2017 hasta el 28/12/2021” (sic) en la Corte (fue en realidad hasta el 2020).
Y señalaron que restan que se resuelvan otros incidentes que pueden afectar la sentencia que deben dictar. No obstante, para no demorar más el caso citaron la audiencia el jueves, a las 12. Allí los jueces evalúan las condiciones personales del acusado, las razones que lo llevaron al delito, sus antecedentes, si hay atenuantes o agravantes y otras situaciones particulares antes de tomar una decisión sobre el monto de la pena a imponer.
En este caso en particular los incidentes que restan resolverse son sobre otro de los imputados en la causa, Gustavo Ramón Salvatierra.
Este acusado reclamó que no había podido designar un defensor de su confianza para cuando rechazó una probation por lo que la Corte anuló ese asunto. Ahora hay que dictar un nuevo fallo y hay un principio en el Código que permite la revisión de sentencia no solo sobre uno de los acusados, sino sobre el resto, incluida Sala.