Docentes de todo el país reclaman por la convocatoria a una paritaria nacional, la restitución del FONID y mayor presupuesto para el sistema educativo al gobierno de Javier Milei, que no solo no da respuestas, sino que evalúa sanciones contra los gremios.
CTERA, la principal confederación docente del país, encabeza desde este lunes un paro nacional que afecta a escuelas de distintas provincias y coincide con el regreso a clases tras el receso invernal.
Los gremios reclaman la convocatoria a una paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para el sistema educativo, en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei no solo se niega a dar respuestas, sino que además evalúa aplicar sanciones contra los sindicatos que convocaron a la medida.
Así es la situación educativa en el país
La medida de fuerza, de 24 horas, alcanza a docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y sus gremios adheridos. En la provincia de Buenos Aires confirmaron su participación SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET.
También adhieren docentes universitarios agrupados en CONADU y CONADU Histórica, y trabajadores estatales de ATE, que convocó a un paro propio para la misma jornada. Es que los empleados estatales vienen sufriendo el ensañamiento de Milei con el sector.
El reclamo combina varios ejes: la falta de una paritaria nacional que actualice los salarios docentes, el reclamo por la restitución del FONID (eliminado a comienzos de 2024), la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de “Libertad” Educativa impulsado por el oficialismo.
Según explicaron los gremios, esa iniciativa habilitaría a los estudiantes a no asistir a la escuela y avanzaría sobre un esquema de vouchers, lo que profundizaría la lógica de mercado en la educación y amenaza con profundizar la caída del nivel educativo.
Los datos difundidos por sectores del sindicalismo docente bonaerense grafican la magnitud del ajuste: la inversión nacional en educación se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025, cayendo del 1,43% al 0,75% del PBI.
Los programas de Educación Obligatoria sufrieron una reducción real del 76,5%, la inversión en infraestructura escolar cayó un 58,5% y el conjunto de los programas educativos, sin contar universidades, registró una caída real del 75,1% en el mismo período.
Para Daniel Filmus, exministro de Educación y de Ciencia y Tecnología, el ajuste responde a una decisión de fondo del Gobierno: “El modelo anarcocapitalista y neoliberal del gobierno de Javier Milei incluye retirar todo el apoyo del Estado a la educación, la universidad, a la ciencia, la tecnología y la cultura”.
El investigador del Conicet Guillermo Ruiz agregó que la administración nacional “de manera falaz apela al federalismo para desentenderse” de sus obligaciones y remarcó que “el gobierno no cumple la ley”.
Desde los gremios, Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, explicó que la protesta busca unificar a todos los niveles educativos: “Venimos construyendo esta acción conjunta desde hace un tiempo porque vemos la necesidad de confluir en una acción que muestre nuestra situación común”.
En la misma línea, Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, sostuvo: “Paramos y marchamos porque en el proyecto de país de Milei no hay lugar para la educación; el ajuste está atacando a todos los niveles educativos de forma ilegal”.
A esto se suma que sectores de SUTEBA Multicolor, junto con Ademys en la Ciudad de Buenos Aires, extenderán la medida hasta el martes 4, con paros de 48 horas en distritos como La Matanza, Tigre, Mar del Plata y Bahía Blanca.
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La respuesta del Gobierno nacional
Frente al paro, el Gobierno nacional puso en marcha un operativo de control a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y de la Secretaría de Trabajo.
El objetivo es verificar que se cumpla el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, porcentaje que la gestión libertaria exige en virtud de la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial.
La situación dejó claro que la reforma laboral no declaró la educación como servicio esencial con el objetivo de priorizar su financiamiento, sino para luego justificar las acciones coercitivas frente a las medidas de fuerza del sector.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que se evalúan sanciones contra los gremios y no descartó una medida extrema contra CTERA: “Por ahora no apuntamos sobre la responsabilidad gremial pero la propia ley permite que si existen incumplimientos reiterados se le pueda quitar la personería gremial“.
El funcionario también adelantó que, de no cumplirse el mínimo exigido, “se inicia un proceso sancionatorio, concreto y específico, para aplicar todas las sanciones que correspondan”.
Cordero, además, rechazó uno de los principales reclamos de CTERA, la intervención del Estado nacional en la discusión salarial docente, al sostener que esa negociación “es una competencia clara de las provincias y de CABA“. El funcionario pidió “moderación” en el ejercicio del derecho de huelga y afirmó que “tenemos que empezar a aprender a respetar las leyes“.
el argumento es cuanto menos extraño si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional acumula más de 280 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en dos oportunidades por el Congreso y validada por la Justicia.
Los sindicatos docentes sostienen que, mientras el Estado nacional recorta partidas para educación, sí destina nuevos fondos a otras áreas, como inteligencia, lo que profundiza el reclamo por la definición de prioridades presupuestarias del Gobierno.
La prioridad del oficialismo es otra. Los inspectores de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recorrerán establecimientos educativos con credenciales oficiales para relevar el nivel de adhesión a la medida.
El operativo es impulsado por la Nación a través del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, aunque tanto el Gobierno porteño como la administración bonaerense aclararon que no participarán de las inspecciones, que quedarán a cargo exclusivamente de funcionarios nacionales.
