Las transferencias por 5 millones de dólares que envió Hayden Davis al país tras reunirse con Javier Milei tuvieron como destino una cuenta asociada a Mauricio Novelli, la misma que el empresario ligado a la causa $LIBRA usaba para pagarle al libertario.
Una investigación periodística reveló que más de cinco millones de dólares transferidos por el empresario Hayden Davis tras reunirse con el presidente Javier Milei, días antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, terminaron en una cuenta asociada a Mauricio Novelli, la misma que este utilizaba para pagarle a Milei y a su hermana, Karina Milei.
La ruta del dinero cripto
De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario La Nación, la secuencia de transferencias comenzó a fines de enero de 2025, poco después de que Davis se reuniera con Milei en la Casa Rosada. Ese encuentro ocurrió dos semanas antes de que el mandatario promocionara públicamente el activo digital a través de un mensaje en la red social X.
La primera operación se concretó el 30 de enero, cuando Davis transfirió US$1.015.000 a la cuenta de Orlando Mellino, un jubilado de 78 años. Días después, el 3 de febrero, se registró un segundo giro, de mayor magnitud: US$4.000.000 enviados a la cuenta de Camilo Rodríguez Blanco, un trader colombiano.
En conjunto, ambas transferencias superan los cinco millones de dólares, una cifra que -según la investigación- coincide con un contrato hallado en el teléfono celular de Novelli.
Los fondos tuvieron como destino una financiera ubicada en Avenida del Libertador 100, en Vicente López, vinculada a Novelli. Según la reconstrucción periodística, en esa estructura también participaban Diego Mellino (hijo de Orlando y socio de la financiera), Eric Feldsztejn y Dario Rozental.
Novelli utilizaba habitualmente esas oficinas tanto para operar la financiera como para su academia de trading, N&W Professional Traders, donde el propio Milei daba clases antes de asumir la Presidencia. La investigación sostiene que Novelli fue el nexo entre Davis y el jefe de Estado.
Vale recordar que ya se habían publicado fotografías y videos que muestran a Novelli ingresando con bolsos a una sucursal del Banco de Galicia en Martínez, tanto antes como después del estallido del escándalo. Se presume que parte del dinero transferido por Davis, convertido en efectivo a través de las cuentas de Mellino y Rodríguez Blanco, podría haber tenido ese destino.
Un dato adicional refuerza esa hipótesis: al día siguiente de la segunda transferencia, el 4 de febrero, Novelli fue visto ingresando junto a su madre y su hermana al sector de cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia en Vicente López, con bolsos negros. Tras conocerse el escándalo, circularon imágenes de ambas mujeres realizando el recorrido inverso.
El expediente judicial incorporó, además, material extraído del teléfono de Novelli. Entre las pruebas figuran audios en los que da instrucciones para retirar dinero de la financiera.
En uno de ellos, le indica a un colaborador: “coordinalo ahí con Camilo”, en referencia a distintos pagos. En otra grabación, fechada en junio de 2023 (cuando Milei ya era candidato presidencial), Novelli ordena apartar “2.000 dólares para la secretaria de Milei”.
El elemento más señalado por la investigación es una nota informal hallada en el mismo dispositivo. En ella se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones a cambio de apoyo presidencial al proyecto $LIBRA.
El documento precisa que US$1,5 millones debían abonarse en efectivo o mediante tokens en el momento en que Milei presentara públicamente a Davis como su “asesor”. Según la reconstrucción periodística, las fechas y los montos de ese documento coinciden con los movimientos detectados en la causa.
Hasta el momento, ni Orlando Mellino ni Camilo Rodríguez Blanco fueron citados a declarar por el juez a cargo de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, pese a que ambos figuran como beneficiarios directos de los fondos girados por Davis.
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Cómo sigue la causa judicial
Más allá de los avances, el expediente de $LIBRA atraviesa dudas sobre su continuidad. Recientemente, el juez Martínez De Giorgi resolvió apartar del caso a los cinco grupos de damnificados particulares que actuaban como querellantes, una medida que había sido solicitada por Novelli.
La decisión generó críticas de la oposición, que denunció el intento de limitar el impulso de la investigación. Ese apartamiento se produjo en los mismos días en que el Gobierno de Milei designaba a Ana María Cristina Juan, esposa del juez, como jueza federal de Hurlingham.
Los abogados de los damnificados (entre ellos Juan Grabois y Nicolás Oszust) apelaron la resolución. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones fijó una audiencia para el 10 de agosto, en la que deberá resolver si los querellantes son repuestos en la causa.
De no ser así, la investigación quedaría a cargo exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación es cuestionada por los propios damnificados. En esa audiencia también se pondrá en discusión un punto central del caso: si el lanzamiento de $LIBRA constituyó o no una estafa.
Al resolver el apartamiento de los querellantes, el juez sostuvo que quienes invirtieron en el token debían saber que se trataba de un activo digital propio de un mercado especulativo y de alta volatilidad, un argumento que las querellas interpretan como un indicio de que el magistrado no considera que haya existido engaño.
Los abogados desplazados sostienen, en cambio, que hubo un plan detrás del colapso del token. Además, remarcan que el presidente no había advertido promocionado el token como un activo de alto riesgo.
Según su planteo, “el colapso de $LIBRA no fue una ‘volatilidad del mercado’, fue un rug pull (tirón de alfombra) preprogramado”, y agregan que “segundos antes de que se publicara el tuit presidencial, 74 billeteras operadas por los imputados ejecutaron compras masivas utilizando información privilegiada”, lo que habría permitido una extracción posterior de 44,5 millones de dólares.
Además, la composición de la Sala I que deberá resolver el planteo también está en revisión. El tribunal está integrado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos de los cuales (Bruglia y Bertuzzi) fueron trasladados a la Cámara Federal durante el macrismo, en 2018.
El Gobierno de Milei envió al Senado los pliegos de Bertuzzi y de Pablo Yadarola para convertirlos en jueces titulares; la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta los tratará el 12 de agosto. Bruglia, por su parte, presentó un reclamo ante la CIDH para continuar en el cargo. Si el recambio no se concreta antes de agosto, la apelación de los querellantes será resuelta por la actual composición del tribunal.
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Otras causas que preocupan al Gobierno
Con el fin de la feria judicial, otras investigaciones que involucran al Gobierno también retomaron actividad.
En la causa que investiga el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita recibió el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), con el que se completó la primera etapa de la pesquisa.
En los primeros días de agosto, el fiscal le exigirá a Adorni que justifique inconsistencias patrimoniales detectadas, y si las explicaciones no resultan convincentes, podría citarlo a declaración indagatoria.
El expediente incluye gastos que superan los US$400.000, deudas por US$335.000 y consumos con tarjetas propias y de terceros vinculados al área de Comunicación del Gobierno. Entre los testigos que declararon figura el contratista Matías Tabar, de cuyo teléfono surgió prueba relevante.
También se detallan compras como ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para una pileta y proyectores para videojuegos, además de cuentas en las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash.
En paralelo, la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también avanza. Su extitular, Diego Spagnuolo, se encuentra procesado y se negó a aportar registros de voz para un peritaje sobre audios que le fueron atribuidos.
Esas grabaciones fueron el puntapié inicial de la investigación que reveló un sistema de coimas vinculado a contratos y al negocio de medicamentos y pensiones, y mencionan a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
El fiscal Franco Picardi solicitó avanzar con la medida, cuya fecha de inicio fue reprogramada tras la feria judicial. El juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, ordenó a la Gendarmería Nacional fijar una nueva fecha para la pericia.
El magistrado deberá resolver además sobre una segunda tanda de indagados por presuntas coimas en la compra de insumos de alto costo, mientras se espera un fallo de la Sala II de la Cámara sobre los primeros procesados, entre ellos Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Angel Calvete.
Esa Sala quedó con una vacante tras la salida de Martín Irurzun, quien cumplió 75 años sin lograr continuar en el cargo. Deberán resolver los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah; en caso de no llegar a un acuerdo, será necesario convocar a un tercer magistrado.
