El gobierno de Javier Milei se niega a desembolsar los 2,5 billones de pesos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario: El plazo límite fijado por la Justicia para el pago es este viernes, pero el oficialismo estudia llevar el caso a la Corte Suprema para evadirlo.
Este viernes a las 9:30 horas venció el plazo que la Justicia le había fijado al Gobierno de Javier Milei para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, en el oficialismo se niegan a desembolsar los 2,5 billones de pesos que las 56 universidades nacionales reclaman.
En este contexto, el Ejecutivo evalúa llevar el caso ante la Corte Suprema como única salida disponible para ganar tiempo. De fondo, el ministro de Economía Luis Caputo busca preservar el superávit fiscal que construyó, en parte, a partir del incumplimiento sistemático de obligaciones legales del Estado.
Venció el plazo y el Gobierno quiere seguir apelando
El vencimiento de este viernes no fue una sorpresa. Hace dos semanas, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del área de Capital Humano y ratificó una cautelar que le ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esos artículos contemplan dos puntos concretos: la recomposición salarial de docentes y no docentes, y la actualización de las becas estudiantiles. El tribunal calificó de “pocos serios” algunos de los argumentos presentados por el Ejecutivo para justificar el no pago.
Con el plazo vencido, el Gobierno evalúa presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Sin embargo, los propios estrategas oficiales reconocen que se trata de una jugada con resultados “altamente improbables”.
La jurisprudencia del máximo tribunal indica que no suele intervenir en medidas cautelares, sino en cuestiones de fondo. Incluso si la Corte aceptara el recurso, eso no generaría efectos suspensivos automáticos sobre la obligación de pagar.
Desde Casa Rosada afirman que el dinero “no está“. La responsabilidad de redirigir las partidas recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya que la propia ley autoriza al titular de esa área a reasignar fondos para cubrir el gasto.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, fue preciso al respecto: “La ley prevé claramente de dónde salen los fondos; autoriza al Jefe de Gabinete a redireccionar partidas”. Y agregó: “No me parece razonable que afectar el 0,2% del PBI para cumplir con la ley sea la responsabilidad de desequilibrar fiscalmente el Estado”.
La tensión fiscal es real, pero, según economistas y rectores, está siendo administrada de manera selectiva. El superávit primario del primer trimestre llegó al 0,5% del PBI, pero ese resultado se sostiene sobre la postergación de obligaciones que el Estado tiene por ley.
El pago a las universidades no es el único caso: también se registran incumplimientos en las transferencias al PAMI, en el porcentaje del impuesto al combustible destinado a las provincias para reparación de rutas, y en los fondos de coparticipación que por fallo de la Corte deben girarse a la Ciudad de Buenos Aires.
“El resultado base caja esconde la deuda flotante de lo devengado no pagado”, señaló el economista Christian Buteler.
En ese contexto, los 2,5 billones de pesos que exige el fallo equivalen a más de 750 millones de dólares, cifra que supera lo que el FMI habilitó al país tras las gestiones del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington. Para el Ejecutivo, ese desembolso amenaza directamente la meta del superávit, que se convirtió en el eje central de la política económica del gobierno.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento fue vetada por el Presidente, pero el Legislativo la sostuvo en dos oportunidades: primero al rechazar el veto, y luego al eliminar un artículo del Presupuesto 2026 que buscaba derogarla.
A comienzos de año, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, habían iniciado conversaciones con rectores del CIN para diseñar una normativa alternativa en línea con los intereses del gobierno, pero el proyecto fue postergado apostando a una resolución judicial favorable que no llegó.
La asfixia presupuestaria sobre el sistema universitario
El reclamo judicial no surge de la nada. Según los datos del CIN, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% en términos reales desde 2023 hasta la fecha. “Nunca fueron tan grandes y tan importantes como ahora. Estamos a la mitad, con todo lo que eso implica“, advirtió Bartolacci.
El impacto más visible es el salarial. Los trabajadores docentes y no docentes acumulan 17 meses consecutivos de caída del poder adquisitivo, lo que equivale a una pérdida real del 33,7%.
Mientras los salarios del sector crecieron un 158% desde la asunción de Milei, la inflación del mismo período alcanzó el 280%, una brecha que representa la pérdida de más de siete sueldos mensuales por trabajador. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) estimó que se necesita un aumento superior al 50% solo para recuperar lo perdido.
La Ley de Financiamiento Universitario busca dar respuesta a ese deterioro. Sus artículos 5 y 6 (los que la cautelar judicial obliga a aplicar de inmediato) disponen la recomposición salarial retroactiva a diciembre de 2023 y la actualización de las becas estudiantiles. El resto de la norma incluye también fondos para gastos de funcionamiento de las instituciones.
Para el rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, el conflicto trasciende lo económico y pone en discusión un principio institucional básico:
“Lo que está en juego es el sistema democrático y republicano mismo porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución para decidir qué ley aplicar y cuál no. Esto no es un menú a la carta donde yo elijo qué comer. El tercer poder que actúa ante una controversia, que es la Justicia, nos da la razón y el Gobierno tampoco nos escucha”.
Ante el incumplimiento, el CIN presentó formalmente ante la Justicia un informe notificando la situación. También le enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiendo la convocatoria urgente a paritarias.
El escenario judicial abre además la posibilidad de sanciones y multas para los funcionarios responsables del área: Capital Humano es el área sustantiva del expediente, aunque la defensa está a cargo de la Procuración del Tesoro, cuyo titular, el desplazado secretario de Justicia Sebastián Amerio, evitó anticipar movimientos.
Ni Torrendell ni Álvarez se comunicaron con los distintos actores del conflicto desde que se conoció el fallo. Hasta el momento, los ministerios de Capital Humano y Economía, y la secretaría de Educación no brindaron respuestas sobre cómo planea proceder el Gobierno.
Frente a ese silencio, el Frente Universitario (que agrupa a rectorados, gremios y organizaciones estudiantiles) anunció que si no hay cumplimiento en los próximos días, convocará a una movilización masiva en la primera quincena de mayo.
El antecedente es la marcha de 2024, que reunió a casi medio millón de personas en todo el país y se convirtió en una de las mayores protestas desde el retorno de la democracia contra una gestión nacional. “Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación“, resumió Bartolacci.
“La Universidad no se apaga”: La respuesta de las instituciones
Mientras el conflicto judicial y político seguía su curso, las universidades respondieron con acción concreta. El miércoles 15 y el jueves 16 de abril se llevó adelante la jornada nacional “La Universidad no se apaga”, impulsada por el CIN con el acompañamiento de gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles.
Durante 24 horas consecutivas, desde las 8 de la mañana del miércoles hasta las 8 del jueves, las casas de estudio de todo el país organizaron actividades académicas, culturales, científicas y de extensión abiertas a la comunidad.
El objetivo era doble: visibilizar la situación crítica del sistema universitario y demostrar el rol social que las instituciones públicas cumplen más allá de las aulas. “En los últimos días, mostramos que la educación pública se está movilizando y ese es el camino que vamos a seguir”, afirmó Federico Montero, dirigente de CONADU.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca fue parte activa de la jornada. Con epicentro en el playón de Alem 1253, se desarrollaron cerca de 30 actividades a lo largo de las 24 horas.
La propuesta incluyó clases públicas sobre historia, política y ciencia, charlas sobre la situación jurídica de la ley y el impacto salarial de su incumplimiento, proyecciones y debates cinematográficos, actividades de divulgación científica en la calle como geología y botánica, y una Asamblea Interclaustros.
También hubo un semaforazo como acción de visibilidad callejera, y la jornada continuó en las primeras horas de la madrugada con conversatorios sobre inclusión educativa. El jueves arrancó temprano con partidas simultáneas de ajedrez y campañas de prevención de salud a cargo de Sanidad UNS, abiertas a toda la comunidad.
En paralelo, distintos gremios mantuvieron medidas de lucha en todo el país. Los colegios preuniversitarios participaron de una Marcha de antorchas en Callao y Corrientes, en Buenos Aires, mientras que Fedun organizó jornadas de protesta en distintos puntos del territorio nacional.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), su presidente Joaquín Carvalho destacó el balance positivo de las jornadas: “Se sumaron más de 40 universidades, lo que nos demuestra que esta forma innovadora de reclamar cumplió el objetivo”. Y anticipó: “Al no haber una respuesta en los próximos días, seguiremos movilizándonos“.
