El fiscal Gerardo Pollicita solicitó formalmente a Manuel Adorni que explique el origen de los fondos para sus abultados gastos en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, y dejó al exfuncionario de Javier Milei más cerca de ser citado a indagatoria.
El fiscal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento mediante el cual exige a Manuel Adorni que explique el origen de fondos, compras y gastos en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La justicia sospecha que los gastos del ex funcionario de Javier Milei (defendido hasta el día de hoy por el mandatario) no se condicen con sus ingresos legítimos como funcionario público. Adorni tendrá 15 días para responder.
El documento, de carácter reservado, consta de 207 fojas y fue presentado ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Allí se detalla una serie de inconsistencias patrimoniales detectadas a partir del cruce de información bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios recabados durante la instrucción.
Según el dictamen, entre el 14 de diciembre de 2023 (cuando Adorni asumió como vocero presidencial) y el 27 de junio de 2026, fecha en que dejó el cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes derivados de su función. A esos ingresos se sumaron los de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con lo cual el total percibido por el grupo familiar alcanzó los $229.752.283,20.
En el mismo período, sin embargo, la Fiscalía reconstruyó gastos corrientes por $272.820.832,20, entre seguros de automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito. La diferencia entre lo ingresado y lo gastado asciende a $43.068.549, una cifra que “no encuentra hasta el momento explicación suficiente”.
A ese monto se añade una brecha en moneda extranjera: la investigación detectó desembolsos por US$402.578,12, vinculados a viajes, alquileres y a la compra y remodelación de dos propiedades: un departamento en la calle Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, y una vivienda en el Country Indio Cuá, cuya refacción incluyó el pago de USD 245.000 a un contratista.
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Manuel Adorni, bajo la lupa
El requerimiento fiscal se estructura en 20 puntos concretos que Adorni deberá justificar con documentación respaldatoria.
Entre ellos figuran el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el concepto “venta de activos”, sin especificar qué bienes fueron vendidos, y dos préstamos atribuidos a familiares (identificadas como Silvia Pais y Norma Zuccolo) de los que no hay registro de la entrega efectiva de los fondos.
También deberá explicar la compra de un Jeep, el financiamiento del lote de Indio Cuá y su remodelación, la adquisición del departamento de Miró 550 y su mobiliario, y una serie de ingresos declarados como “exentos”, además de supuestas herencias o donaciones invocadas para justificar parte del incremento patrimonial.
El listado incluye, asimismo, el uso reiterado de terceros para afrontar pagos con posteriores reintegros en efectivo, operaciones con criptoactivos (entre ellas cuentas no declaradas inicialmente en plataformas como Binance y Lemon Cash), comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas por más de $2 millones sin un medio de pago identificado.
Además, hay deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre distintas declaraciones juradas, honorarios notariales facturados a su cónyuge, consumos de terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas y las mejoras declaradas en ambas propiedades.
Cabe recordar que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Adorni gastos “prima facie desproporcionados” respecto de sus ingresos como funcionario público. La presentación fue luego ampliada por la propia Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) fue clave para que la Fiscalía avanzara en el expediente, al detallar la evolución patrimonial del exfuncionario y detectar las inconsistencias que dieron lugar al requerimiento.
Entre las pruebas incorporadas a la causa figura el testimonio del contratista Matías Tabar, encargado de las refacciones en la vivienda de Indio Cuá, cuyo teléfono aportó elementos relevantes por los investigadores.
El expediente también registra gastos en viajes, adquisiciones como ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la propiedad del country y proyectores para videojuegos, además de deudas por 335 mil dólares y consumos realizados con tarjetas propias y de terceros vinculados al área de Comunicación del Gobierno.
