La UOM recibió una fuerte muestra de respaldo de otros sindicatos frente a su sede porteña ante la intervención judicial que removió a Abel Furlán de su cargo y que destapó un entramado de intereses empresariales y políticos para debilitar a uno de los gremios más confrontativos frente al gobierno de Javier Milei.
Este martes, cientos de sindicalistas y dirigentes se congregaron frente a la sede porteña de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Adolfo Alsina al 400, a pocas cuadras de Plaza de Mayo, para expresar su rechazo a la intervención judicial que removió al secretario general Abel Furlán de su cargo y suspendió el funcionamiento institucional del gremio por 180 días.
La medida, dictada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, anuló tanto las elecciones en la seccional Zárate-Campana como la posterior reelección de Furlán a nivel nacional, y designó al abogado Alberto Biglieri como interventor judicial.
La avanzada no solo golpea a uno de los gremios industriales más combativos frente al gobierno de Javier Milei, sino que expone una convergencia de intereses que abarca el sector empresarial, el PRO, el gobierno nacional y sectores históricos dentro de la propia estructura metalúrgica que perdieron centralidad con la llegada de Furlán a la conducción.
Lejos de tratarse de un conflicto meramente gremial, la intervención de la UOM (la primera que atraviesa el sindicato en condiciones democráticas desde el retorno de la democracia) aparece como el resultado de múltiples fricciones acumuladas en los últimos años.
A esto se suma la tensa relación con la Confederación General del Trabajo (CGT). El gremialista fue uno de los críticos más frontales de la estrategia dialoguista de la cúpula cegetista frente al gobierno libertario, lo que lo llevó a crear un espacio sindical alternativo más confrontativo.
Pese a esas tensiones, el triunvirato de la CGT anunció que recibirá a Furlán este miércoles en la sede de Azopardo 802, en una señal de apoyo institucional a la autonomía sindical. Mientras tanto, Furlán ya activó un plan de resistencia para combatir la intervención en los tribunales y en las calles.
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Un masivo abrazo frente a la sede de la UOM
Cerca del mediodía del martes, la sede de la UOM recibió una marea de banderas y columnas gremiales. El azul metalúrgico dominaba la escena, pero también asomaban los colores de ATE, CTERA, Sipreba, Aceiteros, la Federación Gráfica Bonaerense y decenas de organizaciones más.
Estuvieron representadas las dos CTA, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, la Federación de la Carne y los Metrodelegados, entre otros, en lo que se identificó como una expresión amplia del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), espacio que la UOM integra junto a otras organizaciones.
Junto a Furlán tomaron la palabra dirigentes como Roberto Baradel (CTERA), Sergio Palazzo (bancarios), Pablo Biró (APLA), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Claudio Marín (FOETRA) y Clara Chevallier (CONADU).
También se hicieron presentes funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires: el ministro de Trabajo Walter Correa, la asesora Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, y los legisladores Eduardo Valdés, Hugo Moyano y Germán Martínez, del bloque Fuerza Patria.
Desde la calle, Furlán habló ante los medios y cargó contra la resolución judicial. “Hay una clara intencionalidad de someter a nuestra organización y sus trabajadores por el simple hecho de estar disputando un salario digno y de estar defendiendo los intereses de los trabajadores”, dijo, y afirmó:
“No tienen ningún argumento jurídico para intervenir a la UOM. No está acéfala, la resolución de la Cámara generó la acefalía”
Para el gremialista, el fallo tiene un trasfondo que excede lo jurídico: “Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.
El fallo que desencadenó la movilización fue dictado el viernes anterior. Los camaristas Víctor Pesino y María Dora González (los mismos que previamente habían levantado una cautelar que suspendía artículos de la reforma laboral de Milei) resolvieron anular los comicios de Zárate-Campana celebrados entre el 2 y el 4 de marzo, y también la elección nacional del 18 de marzo, en la que Furlán había sido reelecto.
Según la Sala VIII, los comicios de esa seccional no ofrecieron garantías de “elección confiable, segura ni transparente“. Furlán recordó que la intervención anterior de la UOM se había producido durante la última dictadura militar, y adelantó que su conducción llevará el caso al Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político contra los jueces firmantes.
En paralelo al abrazo, el Consejo Directivo de la UOM sesionó con la participación de más de dos tercios de los secretarios generales de seccionales y adoptó resoluciones para blindar el funcionamiento del gremio.
Designó a Daniel Daporta, secretario general adjunto y referente de la seccional Avellaneda, como Delegado Administrador nacional, con la responsabilidad de garantizar la continuidad institucional y paritaria.
También nombró a Emiliano Gallo, de la seccional Vicente López, como Delegado Administrador de la seccional Campana. El organismo conformó además una nómina de representantes paritarios para sostener las negociaciones salariales, que quedarían suspendidas con la intervención en curso.
“No vamos a tolerar que los salarios de los trabajadores queden congelados durante la intervención. Acá hay empresarios que se frotan las manos pensando que el salario va a seguir así hasta que termine el mandato de Milei”, advirtió Furlán.
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La CGT: apoyo institucional con presencia acotada
La presencia de la CGT en el abrazo fue a la vez visible y limitada. El cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) se hizo presente y acompañó a Furlán durante su intervención ante los medios.
Sin embargo, no hubo una columna oficial de la central obrera ni una pancarta propia de la CGT en la concentración. Los otros dos integrantes del triunvirato no se apersonaron en la sede metalúrgica.
Más allá de esto, en un comunicado emitido tras conocerse el fallo la CGT expresó su posición: “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero”.
“Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, agregaron. Además, para este miércoles el triunvirato confirmó una reunión con Furlán en la sede de Azopardo.
La relación entre Furlán y la CGT tiene como telón de fondo el cuestionamiento a la conducción cegetista por su postura dialoguista frente al gobierno de Milei, especialmente en lo relativo a la reforma laboral y a las negociaciones paritarias.
Esa tensión lo llevó a impulsar el FRESU, un espacio de sindicatos más confrontativos con triunvirato propio integrado por el propio Furlán, el aceitero Daniel Yofra y el estatal Rodolfo Aguiar (ATE).
En la última renovación de autoridades de la CGT, en noviembre pasado, Furlán se retiró del secretariado cegetista aunque mantuvo la representación de la UOM en la central, designando a Osvaldo Lobato como secretario Gremial, lo que indica que no operó una ruptura formal.
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El costado político: del PRO a la Casa Rosada
Detrás de la resolución judicial, distintos sectores identifican un entramado de vínculos políticos que excede el ámbito estrictamente gremial. El interventor designado, Alberto Biglieri, se ubica en el centro de esa red.
En el universo sindical se traza una conexión entre Biglieri y el abogado Tomás Calvo, quien durante la gestión de Antonio Caló al frente de la UOM actuó como asesor letrado del gremio y cuyos contactos en el ámbito judicial y político incluyen al operador Daniel Angelici, exdirigente de Boca Juniors y figura central de la llamada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri.
Calvo es reconocido en el mundo sindical por sus vínculos históricos con sectores del PRO y del radicalismo. Su nombre llegó a circular en 2018 como posible candidato para reemplazar a Jorge Triaca en la entonces Secretaría de Trabajo.
Las seccionales Capital y San Nicolás de la UOM lo tienen como referente en asuntos legales sensibles. Desde el entorno de Furlán sospechan que ese núcleo, que completa la seccional La Plata, participó en el proceso que derivó en la intervención.
Dirigentes cercanos a Furlán señalan coincidencias temporales entre el desenlace judicial de los comicios metalúrgicos y reuniones del expresidente con el empresario Paolo Rocca. Los contactos entre ambos que habían trascendido públicamente se limitaban a conversaciones sobre el posicionamiento electoral del fundador del PRO.
En el plano del gobierno nacional, aparece la figura de Julio Cordero, funcionario con pasado en Techint, identificado por distintos sectores como uno de los puentes entre la administración de Milei y los sectores empresariales con intereses en la negociación metalúrgica.
Los gremios movilizados el martes acordaron una acción concreta para los próximos días: movilizarse al Congreso el 9 de junio, cuando el Senado trate la extensión del mandato del juez Pesino, cuya firma aparece tanto en el fallo que intervino la UOM como en la resolución que restableció la plena vigencia de la reforma laboral.
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Los intereses empresariales: Techint y la disputa paritaria
Si el mapa político de la intervención tiene sus zonas grises, el empresarial presenta contornos más nítidos para los actores del mundo sindical. El principal señalado es Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint y figura dominante de la industria siderúrgica argentina.
La relación entre Rocca y la UOM bajo la conducción de Furlán fue históricamente áspera: la rama 21 del convenio metalúrgico, que nuclea a las empresas siderúrgicas, registra negociaciones sistemáticamente más difíciles que el resto de la actividad.
Desde 2024 no existe un acuerdo paritario general cerrado para ese sector; el único convenio suscripto en ese período fue por empresa, en Acindar, sin mayores conflictos en su implementación.
En el entorno de Furlán se menciona también al empresario Raúl Olmos, dueño del grupo que lleva su nombre y que controla un conglomerado de medios (entre ellos el diario y canal Crónica, BAE Negocios y Canal 10 de Mar del Plata) con intereses además en el sector salud.
El núcleo de este último segmento es la Red BASA, que hasta hace tiempo tenía a cargo el gerenciamiento de la obra social de la UOM y de un fideicomiso del sindicato. Furlán impulsó la salida de BASA de esa gestión y creó en su lugar la Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), lo que derivó en un litigio con el Grupo Olmos.
El entorno del gremialista señala como indicio de vínculos del interventor con ese sector el hecho de que Biglieri publicó publicado columnas de opinión en BAE Negocios, uno de los medios del Grupo Olmos.
Para quienes analizan el escenario desde adentro del mundo gremial, la intervención tiene un objetivo de fondo que trasciende el resultado electoral anulado: redefinir la relación de fuerzas entre la conducción metalúrgica, las cámaras empresariales y el Estado en plena negociación salarial.
Con las paritarias suspendidas durante los 180 días de intervención, los convenios del sector quedan en pausa, algo que según Furlán beneficia directamente a los empleadores. “Han hecho pedazos el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. No nos permiten recomponer el salario“, sostuvo el dirigente.
Más allá de las lecturas coyunturales, en el mundo sindical se plantea también una hipótesis de mayor alcance: que sectores empresariales ligados a la siderurgia aspiren, eventualmente amparados en los márgenes que habilitaría la reforma laboral, a una reconfiguración profunda del escenario de representación gremial metalúrgico.
Se trata, por ahora, de una lectura que circula en el entorno gremial sin respaldo en hechos concretos. Lo que sí está sobre la mesa es que la intervención de la UOM concentra en un mismo punto la disputa por el modelo sindical, el conflicto distributivo en la industria y la tensión entre el gobierno de Milei, los operadores judiciales y políticos y el movimiento obrero organizado.
