El gobierno de Javier Milei envió 4 proyectos al Congreso, entre los que se encuentra su “Súper RIGI”, una iniciativa para que las empresas IA extranjeras paguen menos impuestos y que desconoce las normativas provinciales y municipales que limiten los proyectos. ¿Cuáles son los detalles del “Súper RIGI”?
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso cuatro proyectos de ley para su tratamiento parlamentario: el “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), una modificación a la Ley de Etiquetado Frontal, una Ley de Ludopatía y una Ley de Lobby.
El paquete representa la tercera tanda de iniciativas enviadas desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias, y el proyecto que mayor atención concentra es el Súper RIGI, una versión ampliada y con aún más beneficios que el régimen vigente, orientada específicamente a sectores que actualmente no operan en el país.
Entre los destinatarios aparecen empresas de inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada. Es que, pese a las promesas de empresarios del sector (que se limitaron a la posibilidad de instalar centros de datos en territorio nacional), por ahora no se materializaron inversiones notables en el país.
El envío se produce en un contexto particular: Recientemente, tanto el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo mantuvieron reuniones con Peter Thiel, dueño de Palantir, la empresa estadounidense de vigilancia e inteligencia artificial que busca desembarcar en Argentina.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la cláusula que establece que cualquier norma provincial o municipal que “limite o altere los incentivos previstos” por el régimen podrá ser considerada “nula de nulidad absoluta e insanable”.
Además, el esquema contempla una reducción significativa en el pago de Ganancias, IVA y derechos de exportación e importación para las empresas adheridas.
Seguridad, datos y vigilancia: ¿Qué hay detrás de la reunión reservada entre Milei y Peter Thiel?
¿De qué se trata el “Super RIGI”?
Previamente, el libertario había anunciado el proyecto, aunque los detalles se conocen recién ahora. Según el articulado, se pretende crear un régimen de incentivos exclusivo para proyectos de inversión en actividades que “no se desarrollen, produzcan ni presten en el país”, o cuyo nivel de desarrollo sea experimental o piloto.
No está claro qué tipo de inversiones podría habilitar la apertura a que se desarrollen pruebas experimentales en territorio, aunque el articulado aclara que quedan expresamente excluidas las ampliaciones o reconversiones de instalaciones existentes.
Las empresas interesadas tendrán cinco años para presentar solicitudes de adhesión, con la posibilidad de prorrogar ese plazo por un año adicional. Para ingresar al régimen, cada proyecto deberá canalizarse a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad creada exclusivamente para ese emprendimiento, con objeto y activos afectados de manera exclusiva.
El monto mínimo de inversión fijado es de 1.000 millones de dólares por proyecto, y al menos el 20% de ese monto deberá ejecutarse dentro de los primeros dos años desde la adhesión. Luis Caputo señaló que el nuevo esquema podría motivar decisiones de inversión de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en favor de Argentina.
En materia tributaria, el régimen ofrece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, lo que representa una mejora notable respecto al RIGI vigente, que lo redujo al 25%.
También incluye un esquema de amortización acelerada (60% en el primer año, 20% en cada uno de los dos años siguientes), la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades a partir del cuarto año de adhesión (el RIGI anterior la llevaba al 7%).
Para el pago del IVA sobre inversiones en activos computables, el proyecto prevé la utilización de Certificados de Crédito Fiscal. En cuanto a cargas laborales, el texto establece una alícuota única del 10% para contribuciones patronales en las nuevas relaciones de trabajo generadas a partir de la fecha de adhesión.
Los beneficios aduaneros incluyen la exención total de derechos de importación y exportación sobre los bienes del plan de inversión y los productos generados bajo el régimen.
En materia cambiaria, el esquema habilita la libre disponibilidad progresiva de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercero desde la primera exportación. Además, no existirá obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos o servicios vinculados al proyecto.
El proyecto garantiza 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Las disputas entre el Estado y los inversores podrán someterse a arbitraje internacional. En otras palabras, la normativa le quitará al Estado herramientas para modificar la situación de esas empresas en el futuro.
Para que un proyecto localizado en territorio provincial pueda acceder a los beneficios nacionales, cada provincia y municipio deberá adherir expresamente al régimen. El texto exige además que esas jurisdicciones asuman compromisos concretos de moderación fiscal y previsibilidad normativa. Es decir, que se plieguen a la quita de impuestos.
Entre los sectores mencionados como candidatos a sumarse figuran la cadena de valor del litio, proyectos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), producción de paneles solares y turbinas eólicas, vehículos 100% eléctricos, desarrollos petroquímicos, productos para la industria aeroespacial, etc.
Con el RIGI no alcanzó, así que ahora Milei anunció un “super RIGI” para las empresas extranjeras
Los otros tres proyectos presentados
Junto al Súper RIGI, el Gobierno impulsa otras tres iniciativas. La primera es la modificación a la Ley de Etiquetado Frontal, actualmente vigente, que obliga a las empresas alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías.
El Ejecutivo sostiene que el esquema actual “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores”. Lo cierto es que en la tropa libertaria la intención de eliminar los octógonos ya había sido expresada desde hacía tiempo.
También argumenta que la metodología de cálculo vigente, basada en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto, “produce resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados” en ciertos casos.
La segunda iniciativa es la Ley de Ludopatía, orientada a combatir las plataformas ilegales de apuestas en línea y a reforzar la protección de menores de edad. El proyecto busca “erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión” y “prohibir el acceso y uso de juegos de azar en línea a los menores de edad”.
En el plano penal, el texto propone elevar las penas de 3 a 6 años para quienes exploten, administren u organicen cualquier modalidad de captación de apuestas sin la autorización correspondiente.
La tercera iniciativa es la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby. El proyecto apunta a regular y transparentar los contactos entre privados y funcionarios públicos.
Para eso, propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso gratuito y digital, donde deberán inscribirse empresas, cámaras empresarias, ONGs, sindicatos y cualquier actor que busque influir en decisiones del Estado.
El texto define la gestión de intereses como “toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia (…) que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública”.
Se trata de una medida curiosa si se tiene en cuenta que varios funcionarios del gobierno son señalados por su participación en actividades que habrían beneficiado a privados de forma espúria. Cabe recordar que el propio Milei participó de la criptoestafa de $LIBRA, promocionando el activo desde su lugar como presidente.
Las actividades alcanzadas por el proyecto incluyen la elaboración y derogación de leyes, licitaciones, concesiones, asignación de subsidios y designaciones que requieran intervención del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
El Súper RIGI y la Ley de Lobby ingresaron por la Cámara de Diputados, mientras que los proyectos de Etiquetado Frontal y Ludopatía lo hicieron por el Senado. El envío de estos cuatro proyectos se concretó en la previa de una reunión de la mesa política del Gobierno en Balcarce 50, con la que la tropa libertaria pretende proyectar unidad en medio de los escándalos.
