Además del Presupuesto 2026, La Libertad Avanza planea discutir otros cinco proyectos durante las sesiones extraordinarias. Una por una, cuáles son las iniciativas que el gobierno de Javier Milei tiene previsto tratar.
Con las sesiones extraordinarias del Congreso ya confirmadas para el período del 10 al 30 de diciembre, el gobierno de Javier Milei ajusta los últimos detalles para impulsar el tratamiento del Presupuesto 2026 junto a otros cinco proyectos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el decreto presidencial con la convocatoria será publicado en el Boletín Oficial, dando inicio a un período legislativo acotado pero intenso. Entre tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, avanza con los últimos encuentros con gobernadores para procurarle los votos al oficialismo.
Sesiones extraordinarias: seis proyectos en tres semanas
El temario de extraordinarias contempla siete proyectos que la Casa Rosada considera prioritarios. En primer lugar, figura el Presupuesto 2026, una ley que el oficialismo considera fundamental ahora que se encuentra posicionado en el Congreso. La ley de leyes lleva 2 años de prórrogas.
Aunque el proyecto ya había obtenido dictamen durante las sesiones ordinarias, deberá volver a ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda debido a que su vigencia venció con el cierre del período legislativo anterior.
El oficialismo planea emitir dictamen el 15 o 16 de diciembre para aprobar la ley en la Cámara de Diputados antes de Navidad, específicamente el 17 de diciembre. Con La Libertad Avanza consolidada como primera minoría con 95 legisladores, el gobierno confía en sumar los votos necesarios con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales aliados.
También figura en la agenda el proyecto de inocencia fiscal, presentado en junio, que propone elevar los montos a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal, desde $1,5 millones actuales a $100 millones. La iniciativa busca fomentar el uso de divisas no declaradas y acortar los plazos con los que cuenta ARCA para exigir el pago de impuestos.
Otro punto a tratar será la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece la obligación de proyectar presupuestos equilibrados o superavitarios. El texto prevé penas de uno a seis años de prisión para funcionarios que aprueben gastos sin detallar las fuentes de financiamiento.
Aunque menos publicitada que otras iniciativas, se trata de una propuesta alarmante a nivel institucional, ya que obliga a los legisladores a plegarse al programa de gobierno de Javier Milei, que utilizó ese argumento para negarse a poner en práctica las leyes de emergencia pediátrica, emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, en una decisión sin precedentes.
El temario incluye además la reforma laboral (presentada por el oficialismo como “modernización” laboral), un proyecto que ni siquiera fue presentado formalmente y que el gobierno dará a conocer recién el próximo martes en el Consejo de Mayo.
Sin embargo, ya circula el borrador discutido por los miembros del consejo (que, vale recordar, fueron nombrados por decreto y de manera inconsulta con otros sectores). Los borradores circulantes apuntan a modificar el régimen de vacaciones, indemnizaciones, licencias por enfermedad y el cálculo de salarios.
Entre los cambios más controversiales figura la eliminación del pago de horas extra para implementar un banco de horas, la posibilidad de acordar salarios en moneda extranjera o a cambio de alimentos, y la declaración de servicios esenciales en sectores como radio, TV, fabricación de alimentos, transporte y actividades industriales, que en rigor limita el derecho a huelga.
La reforma del Código Penal, que propone un endurecimiento generalizado de las penas y la no prescripción de delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico. Finalmente, la modificación de la Ley de Glaciares, permitiría que cada provincia defina la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares.
Indemnizaciones, servicios esenciales y horas extras: ¿Qué dice el borrador de la reforma laboral?
Consenso para el Presupuesto, dudas sobre la reforma laboral
Las negociaciones por el Presupuesto avanzan con mayor solidez que las correspondientes a la reforma laboral. Diego Santilli, ministro del Interior, realizó casi 20 encuentros con mandatarios provinciales desde que asumió su cargo para asegurar los apoyos parlamentarios.
El acercamiento del gobierno a los gobernadores se concentró principalmente en mandatarios dialoguistas y aliados, dejando fuera a dirigentes opositores. La única excepción entre los peronistas críticos fue el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto, mientras que con mandatarios como Axel Kicillof la comunicación está completamente cortada.
Más allá de esto, el panorama se complica cuando se trata de la reforma laboral. La cúpula de la CGT mantuvo reuniones con gobernadores de Provincias Unidas para coordinar una respuesta al proyecto. El espacio de los mandatarios provinciales será clave ya que se hizo con la tercera minoría en la Cámara de Diputados.
Del encuentro en la casa de Chubut participaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a los triunviros cegetistas Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Pablo Gabriel Pagez y Pablo Flores.
El hermetismo con el que se elaboró el proyecto genera dudas sobre su viabilidad legislativa. Los gobernadores no tuvieron participación en la confección del texto, más allá de la presencia del mendocino Alfredo Cornejo (aliado del gobierno) en el Consejo de Mayo.
Esta exclusión alimenta las incertidumbres sobre el apoyo provincial a una iniciativa que enfrenta el rechazo de la CGT, especialmente en los puntos referidos a las limitaciones al derecho a huelga y las modificaciones en las cajas sindicales.
Casa Rosada encara el último tramo de las negociaciones con gobiernos provinciales que enfrentan un escenario fiscal complejo. El gobierno nacional redujo las transferencias a las provincias en casi un punto del PBI durante los dos años de gestión de Milei, reteniendo recursos que por ley les corresponden.
Durante noviembre, las transferencias automáticas federales mostraron una caída del 5% ajustada por inflación, con las provincias perdiendo cerca de $280.000 millones en el mes. La recaudación cayó un 8,7% en términos reales en noviembre, acumulando una baja por cuarto mes consecutivo debido a la recesión económica.
En este contexto, varios gobernadores expresaron su preocupación por la situación financiera provincial. “Estamos esperando que el poncho aparezca“, afirmó el salteño Gustavo Sáenz en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos desde el inicio de la era libertaria.
Más explícita fue la administración bonaerense, que realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que Nación pague los fondos que adeuda a los bonaerenses. “Que nos devuelvan lo que Milei nos robó”, lanzó el ministro de Gobierno Carlos Bianco durante una de sus conferencias.
Los mandatarios provinciales dialoguistas esperan que durante las negociaciones de diciembre el gobierno libere fondos para instituciones como el Hospital Garrahan, el área de discapacidad y las universidades, luego de negarse a poner en práctica las leyes sancionadas por el Congreso.
Sin embargo, con el gobierno cerrando 2025 con apenas 0,5% de superávit financiero y comprometido a alcanzar un 2,5% de superávit según el programa del FMI, el margen para concesiones parece limitado.
En algunas provincias dan por descontada la aprobación del Presupuesto, no como un logro del gobierno sino como una estrategia de los dialoguistas para evitar otro año de uso discrecional de fondos por parte del Ejecutivo.
