La mesa política del gobierno de Javier Milei se reúne para evaluar los cambios en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que Patricia Bullrich negoció con los aliados del oficialismo. Sin los votos garantizados, el libertario modificó su agenda para evitar un eventual desempate de Victoria Villarruel.
El Senado tratará este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica la Ley de Tierras, pero por ahora el Gobierno de Javier Milei no tiene garantizados los votos necesarios para su aprobación.
Ante ese escenario incierto, el oficialismo ya adelantó que introducirá cambios en el articulado original y el propio Presidente modificó su agenda de viajes al exterior para evitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel sea quien deba desempatar la votación, una muestra de lo ajustados que están los números en el Congreso.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone modificar el régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto original, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteaba eliminar prácticamente todas las restricciones actuales.
Sin embargo, la resistencia que generó el proyecto dentro y fuera del Senado (entre gobernadores, sectores de la Iglesia, organizaciones sociales y parte de la oposición dialoguista) obligó al oficialismo a negociar una versión más moderada, aunque sin resignar el objetivo de fondo: flexibilizar de manera sustancial el acceso de extranjeros a tierras rurales argentinas.
En ese contexto de votos ajustados, trascendió que Milei adelantó su viaje a Ecuador, previsto originalmente para el fin de semana, al miércoles por la noche, de modo que permanecerá fuera del país durante toda la jornada del jueves.
La consecuencia directa de esa decisión es que Villarruel, quien por ausencia del Presidente quedaría a cargo del Poder Ejecutivo, no presidirá la sesión del Senado. De esa manera, el Gobierno busca evitar que la vicepresidenta tenga en sus manos un eventual voto de desempate en caso de que la votación quede 35 a 35.
Según las proyecciones que circulaban en el Congreso hacia comienzos de esta semana, el oficialismo sumaba unos 32 votos a favor (los 21 de La Libertad Avanza, 7 radicales de Santa Fe, Corrientes y Mendoza, y los tres del PRO) frente a 33 en contra, entre ellos los 28 del bloque justicialista y varios senadores provinciales.
Este martes, la mesa política del Gobierno se reunirá en la Casa Rosada para terminar de definir los cambios que se introducirán al proyecto antes de su tratamiento en el recinto. El encuentro, previsto para las 13.
Estarán Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.
Uno de los ejes centrales de la reunión será el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, sobre el que el oficialismo negoció modificaciones con sectores aliados y colaboracionistas, así como con gobernadores.
Tras el cónclave, Bullrich encabezará desde las 16 una conferencia de prensa en el Senado, junto a sus pares Nadia Márquez y Agustín Coto, para presentar formalmente los cambios acordados y explicar los alcances del proyecto de cara a la sesión del jueves.
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Los cambios que negocia el oficialismo
De cara a la sesión, el bloque de La Libertad Avanza hizo circular un nuevo borrador del proyecto (ya serían más de quince versiones desde que comenzó el debate) con modificaciones respecto del texto original.
El cambio más difundido es la incorporación de un tope del 25% por provincia a la superficie rural que pueden adquirir extranjeros, tanto personas humanas como jurídicas.
La cifra representa una flexibilización frente al límite vigente desde 2011, que fija un 15% tanto a nivel nacional como provincial y departamental, pero implica un retroceso respecto de la intención inicial de Sturzenegger, quien pretendía eliminar cualquier tope a la extranjerización de tierras.
El nuevo esquema exigiría, además, la autorización conjunta del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente para las operaciones alcanzadas por la norma, y contemplaría restricciones específicas para personas jurídicas con participación estatal extranjera, directa o indirecta, salvo autorización expresa de ambas administraciones.
El proyecto establece también que esa facultad de autorizar no podrá delegarse en funcionarios de rango inferior a secretario de Estado.
Sin embargo, el punto que generó más cuestionamientos desde sectores críticos del proyecto es que el nuevo tope del 25% rige únicamente a escala provincial, mientras que el borrador elimina las restricciones que hasta ahora operaban a nivel municipal o departamental, así como los límites por cantidad de hectáreas por titular y los cupos por nacionalidad de origen.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, cuestionó ese punto en un mensaje difundido en la red social X: “La Ley vigente limita al 15% en tres niveles: nacional, provincial y departamental. El departamental es el que importa: ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva”.
“Sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar nuestros recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25% provincial”, explicó.
Como ejemplo, Vilar señaló que las localidades neuquinas de Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso representan apenas el 4,5% de la superficie de esa provincia, pero conforman casi la totalidad del departamento de Los Lagos, que con el nuevo esquema podría extranjerizarse por completo sin infringir el límite provincial.
El texto corregido también modifica el régimen de inscripción de las operaciones, que deberán registrarse en el registro inmobiliario de cada provincia, e incorpora nuevos requisitos de autorización provincial y nacional para adquisiciones en zonas de seguridad de frontera.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita al capítulo de tierras rurales: también introduce cambios en materia de desalojos, en la Ley de Expropiaciones, en el régimen de alquileres, en el manejo del fuego y en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Puertas adentro del Gobierno, la negociación no está exenta de tensiones. Fuentes libertarias señalaron que Sturzenegger no está de acuerdo con las concesiones negociadas por Bullrich y considera que el proyecto pierde su esencia con los cambios introducidos.
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Los indecisos definirán la votación
A pocos días de la sesión, el resultado sigue siendo incierto y depende de un grupo reducido de senadores indecisos.
En la Casa Rosada cuentan como votos propios a los 21 senadores libertarios, los 3 del PRO y al menos 7 de los 10 integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical que conduce el correntino Eduardo Alejandro Vischi, además de legisladoras que responden a gobernadores alineados, como la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la tucumana Beatriz Ávila.
Del otro lado, el rechazo está encabezado por los 21 senadores del peronismo que conduce José Mayans, junto a los 3 legisladores de Convicción Federal que responde a Carolina Moisés.
A ese bloque se sumarían el radical bonaerense Maximiliano Abad y la cordobesa Alejandra Vigo, además de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Sin embargo, el oficialismo necesita al menos 37 votos (la mitad más uno del total de la Cámara) para garantizarse tanto el quórum como el resultado favorable en la votación, un número que hasta ahora no tiene asegurado. Por eso la disputa se concentra en una decena de senadores indecisos que no fijaron públicamente su posición.
Entre ellos aparecen los representantes misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut, divididos por la interna de su espacio provincial entre el gobernador Hugo Passalacqua, que llama a votar en contra, y el líder del sector, Carlos Rovira, alineado con la Casa Rosada.
También figuran en esa lista los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Elena Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal, y la chubutense Edith Elizabeth Terenzi, del monobloque Despierta Chubut, cercana al gobernador Ignacio Torres.
A ellos se suma el correntino Carlos “Camau” Espínola, del bloque Provincias Unidas, y los radicales Daniel Kroneberger, de La Pampa, y Flavio Fama, de Catamarca, sobre quienes también ejerce presión la conducción nacional de la UCR para que no acompañen la iniciativa oficialista.
La interna radical es, en ese sentido, uno de los frentes más visibles: mientras el Comité Nacional de la UCR difundió un documento de rechazo al proyecto por considerar que favorece la extranjerización de tierras, cada senador del bloque mantiene autonomía para definir su voto, lo que explica buena parte de la incertidumbre que persiste a horas de la sesión.
En paralelo al debate legislativo, distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas convocaron a una movilización para el jueves frente al Congreso, en la misma jornada en que está prevista la votación, en la que participará el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y el PJ bonaerense.
Con ese cuadro de negociaciones abiertas, cambios de último momento y una diferencia de votos que se cuenta en unidades, el Gobierno evalúa también, como alternativa, postergar nuevamente la sesión hasta el próximo 13 de agosto si no logra cerrar los apoyos necesarios antes del jueves.
