El oficialismo avanza con su proyecto para desregular la compra de territorio argentino por parte de extranjeros bajo la excusa de proteger la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, pero la iniciativa únicamente apunta a proteger las tierras de extranjeros y millonarios.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Esta semana el Senado de la Nación fijó fecha para el tratamiento en el recinto del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, se votará el 15 de julio, una semana después del Día de la Independencia. El gobierno de Javier Milei todavía negocia algunos detalles para garantizar su aprobación en la Cámara Alta, pero el contenido del proyecto ya está bastante definido.
En concreto, la norma propone desregular la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, modificar la Ley de Manejo del Fuego para permitir actividades productivas en territorios afectados por incendios, ampliar las causales legales de desalojo de inquilinos y restringir los criterios que habilitan expropiaciones estatales.
El texto sostiene que busca “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad”, de ahí el nombre del proyecto. La autoría no sorprende: sale de la pluma del Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ya había intentado avanzar sobre la Ley de Tierras con el Decreto 70/2023.
El proyecto tiene dictamen desde mayo, pero su tratamiento se fue postergando, primero por las negociaciones con la oposición dialoguista y luego por la crisis de Manuel Adorni, que se llevó puesta la agenda oficialista. Un dato llamativo: pese a las numerosas modificaciones que sufrió el texto, no se convocará a comisiones. Los cambios se revelarán directamente en el recinto.
Uno de los puntos que se modificó fue el referido a la Ley de Tierras. El borrador más reciente habría incorporado la prohibición de adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, y establece restricciones para empresas con participación estatal extranjera, salvo que cuenten con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Para la venta de terrenos a empresas foráneas regiría además el “silencio administrativo” por 180 días: si no hay una negativa expresa, se da por aceptada la operación.
Extranjerización de tierras en Argentina
La Ley de Tierras vigente establece que personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales del país, a nivel nacional, provincial y municipal. Ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15%, y ningún titular extranjero puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo (o su equivalente según la región).
La norma actual considera “extranjeras” no solo a las personas de esa nacionalidad, sino también a empresas con más del 51% de capital extranjero, empresas controladas en más de un 25% por capital foráneo, y otras figuras como fideicomisos o sociedades de hecho con participación extranjera relevante. También prohíbe la venta a extranjeros de tierras que contengan o linden con grandes cuerpos de agua permanentes, o que estén ubicadas en zonas de seguridad de fronteras.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, estimó que casi el 5% del territorio nacional (más de 13 millones de hectáreas, una superficie comparable a Inglaterra) está en manos extranjeras.
Sin embargo, en 36 distritos el límite legal ya está excedido y en algunos casos la extranjerización llega al 50%. El ejemplo más conocido es el de Joe Lewis, que compró alrededor de 12 mil hectáreas en El Bolsón durante los ’90, en torno al Lago Escondido (que se convirtió en su lago personal).
¿Qué propiedad se protege y de quién?
Lo primero que llama la atención de las “correcciones” que introdujo el gobierno es la limitación exclusiva para Estados y empresas estatales extranjeras.
Habrá que ver qué dice el texto final, pero por lo pronto esto revela una concepción bastante particular sobre dónde está el problema de la extranjerización de tierras: para La Libertad Avanza no hay inconveniente en que una empresa privada extranjera compre territorio sin control alguno.
Sin embargo, vivimos un momento histórico en el que las corporaciones multinacionales más grandes operan casi como países independientes, con intereses geopolíticos propios que vuelven razonable pensar en algún tipo de control.
La iniciativa se complementa, además, con los intereses que abre el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que impulsa el oficialismo. El problema es qué herramientas le quedarán a la Argentina para recuperar tierras que terminen en manos extranjeras si en el futuro hiciera falta.
El otro punto que merece discusión es el argumento de las “restricciones ilegítimas”. ¿Por qué serían ilegítimas si literalmente son leyes vigentes, sancionadas por el Congreso? En principio, son legítimas, guste o no. Lo que está en juego, en realidad, es qué entendemos por “propiedad privada”.
¿Hablamos de una dinámica en la que cualquiera con dinero puede comprar lo que quiera y el Estado debe simplemente convalidarlo? Pero ¿Qué pasa cuando un actor extranjero se queda con territorios que contienen recursos estratégicos? Además, ¿Cómo garantiza el Estado el cumplimiento de la ley en esos territorios una vez transferidos?
Hay algo más que resulta llamativo: esta lógica de flexibilizar el acceso a la tierra se aplica con generosidad a empresas y multimillonarios, pero se endurece notablemente cuando se trata de casos mucho más chicos, que no tienen nada que ver con la especulación o la sobreexplotación, sino simplemente con la necesidad de tener un lugar donde vivir.
Ahí aparecen las modificaciones que amplían las causales de desalojo de inquilinos. Quizás el problema de fondo no sea la propiedad privada en sí, sino el concepto de propiedad privada que aceptamos, casi sin discutirlo, como sociedad.
Cuando la política se monta en el éxito ajeno
El otro tema de la semana fue la repercusión del triunfo de la Selección Argentina de fútbol frente a Egipto en el marco de la Copa del Mundo 2026. Más allá del resultado, lo llamativo fue la reacción del presidente Javier Milei, que puso el tema en el centro de su agenda y encadenó una serie de entrevistas con medios afines para presentarse como un hincha más.
Empezó con publicaciones en redes sociales, algo que no resulta extraño en su caso. Pero después llamó a Radio Mitre, donde se declaró “absolutamente termo de Messi”, y más tarde dio una entrevista a Alejandro Fantino en la que apareció notablemente afónico, explicando que “hubo que gritar un poco”, pese a que minutos antes había hablado sin ningún problema.
La intencionalidad política de esto quedó clara cuando intervino Karina Milei en la conversación y Fantino fue armando una relación entre la selección y el gobierno. “Es la repetición de la búsqueda cuando las cosas no están bien, pueden estar peor pero no están bien, y terminan dando alegría”, dijo él.
Y Karina le respondió: “Argentina no se rinde nunca, este pueblo es así”. Poco después, el ecosistema de cuentas libertarias arrancó a repetir esa frase y hasta el presidente compartió una frase atribuyéndosela a la hermana. Luego dio una entrevista más, esta vez a Luis Majul, donde puso a disposición la Casa Rosada para que vaya el plantel, prometiendo que él no iba a estar en la foto, que no iba a haber “interferencia política”.
Detrás de ese compromiso hay un interés concreto: lograr la postal que no tuvo Alberto Fernández en el Mundial 2022, sin cargar con el costo de una politización explícita. También hay una cuestión de “batalla cultural”: el oficialismo no cuenta con ídolos populares dispuestos a identificarse con su causa, y cuando figuras públicas se expresan, suelen hacerlo en contra. De ahí el intento de acoplarse a cualquier expresión popular que no le sea abiertamente hostil.
Esto plantea una pregunta de fondo: ¿el Estado se puede alejar del deporte? Días atrás, Donald Trump llamó a la FIFA para reclamar por una sanción a Folarin Balogun, a quien le habían sacado roja por un pisotón.
La FIFA se lo concedió, Balogun jugó y Estados Unidos igual terminó perdiendo 4-1 contra Bélgica. Pero ese es el ejemplo más viciado de la intromisión de la política en el deporte, también hay un aspecto virtuoso de esta correlación que es justamente el que Milei pretende destruir.
Se trata del financiamiento estatal dedicado al desarrollo deportivo del país, sobre todo en disciplinas donde los atletas dependen de ese apoyo, como ocurre en los Juegos Olímpicos a través del ENARD. Lo cierto es que el Presupuesto Nacional para el Deporte de 2026 cayó un 8% interanual en términos reales, y un 66% si se lo compara con 2023.
A esto se suma el ajuste indirecto sobre los clubes de barrio (cuna de buena parte de los jugadores de la selección) golpeados por el aumento de tarifas y por un sistema de reempadronamiento que dificulta el acceso a subsidios existentes.
Quedan, entonces, tres maneras posibles de vincularse con el deporte desde el poder: la demagogia de apropiarse de triunfos ajenos, la intervención directa al estilo Trump, o la inversión sostenida para impulsar su desarrollo. Hasta ahora, Milei eligió la primera.
