Javier Milei presentó el proyecto para reformar el Banco Central en una breve y repetitiva cadena nacional: Aunque el libertario habló de proteger a la entidad de los vaivenes políticos, en los hechos los cambios servirán para condicionar al próximo gobierno.
Javier Milei presentó este jueves por cadena nacional un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un mensaje grabado en Casa Rosada y de tono más bien técnico, que repitió sus lugares comunes y sus críticas a las gestiones kirchneristas.
En un mensaje de 15 minutos, el mandatario detalló los cambios que impulsará en el Congreso y, curiosamente, reemplazó sus ataques a “la casta” por la expresión “la alta política” para referirse a los dirigentes que, según él, utilizaron históricamente al Banco Central para financiar el gasto público.
En su repetitivo discurso, estuvo acompañado por todo el equipo económico: el ministro Luis Caputo, el titular del BCRA Santiago Bausili, el secretario de Política Económica José Luis Daza, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
Más allá de los objetivos que el Gobierno declaró perseguir con la reforma, distintas voces de la oposición y del ámbito económico señalaron durante la jornada una serie de contradicciones entre el discurso de independencia institucional que plantea la Casa Rosada y el comportamiento que exhibió el propio Banco Central durante la gestión libertaria.
Otro discurso técnico y repetitivo de Milei
Milei calificó a la iniciativa como “el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años” y sostuvo que la reforma busca terminar con lo que definió como la “estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
El Banco Central es, por definición, la única entidad autorizada a emitir moneda de curso legal en el país, por lo que la elección del término “falsificación” para describir una función que la propia ley le asigna al organismo es -cuanto menos- curiosa.
El Presidente utilizó buena parte de su intervención para apuntar contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de haber “robado” junto a la extitular del Central, Mercedes Marcó del Pont, la suma de US$10.000 millones a través del Fondo del Bicentenario en 2010.
También cuestionó la reforma de la Carta Orgánica de 2012, impulsada durante el kirchnerismo, que había ampliado los objetivos del organismo para incluir el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo.
En ese repaso, el mandatario ofreció una cifra tan abstracta como inútil e incomprobable: La inflación acumulada del Banco Central desde 1935. El libertario repitió dos veces un porcentaje de 20 dígitos, aunque no está claro qué pretendía probar con ello.
Milei también apuntó contra el Congreso, al que responsabilizó por sostener presupuestos deficitarios a lo largo de la historia argentina, en línea con el otro anuncio de la noche: un proyecto de “grillete fiscal” que contempla un mecanismo de shutdown para la administración pública en caso de déficit.
Ese esquema, que prevé la paralización de actividades no esenciales del Estado y la suspensión de salarios para el Presidente, el vicepresidente, legisladores y funcionarios durante el período de incumplimiento. En rigor, se trata de una forma de sostener por ley el modelo libertario y condicionar al próximo gobierno.
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Los puntos centrales del proyecto del BCRA
El texto que el Gobierno enviará al Congreso el próximo martes contempla cinco ejes principales.
El primero establece un mandato único para el Banco Central: preservar el valor de la moneda, en reemplazo de los cinco objetivos vigentes desde la reforma de 2012, entre ellos el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo.
Milei resumió el cambio afirmando que “se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda”.
El segundo punto es la prohibición absoluta de financiar al Estado nacional, a las provincias y a los municipios, además de vedar la compra de títulos públicos en el mercado primario. El propio Presidente lo planteó en estos términos:
“Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”.
El proyecto también incorpora sanciones penales para los funcionarios del Ejecutivo, legisladores y directores del Banco Central que convaliden decisiones consideradas violatorias de su autonomía.
El tercer eje eleva los requisitos para remover a las autoridades de la entidad: la destitución del presidente del BCRA y de su directorio requerirá dos tercios de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Milei explicó que la medida busca “blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política”.
En otras palabras, el objetivo del libertario es atornillar al titular del Banco Central a su puesto ante la posibilidad de que cambien los gobierno. El puesto ahora lo ocupa Bausili, quien está ahí gracias a (justamente) un decreto de “la política”.
El cuarto punto introduce restricciones al giro de utilidades del organismo hacia el Tesoro. Según el proyecto, se prohibirá la distribución de ganancias contables que no representen ingresos efectivamente realizados y las ganancias operativas solo podrán aplicarse a la cancelación de deuda pública o a la integración de reservas técnicas.
El quinto eje elimina el esquema de Letras Intransferibles, el instrumento utilizado históricamente para que el Tesoro tomara reservas del Banco Central a cambio de pagarés. Milei sostuvo que con este cambio se “elimina la estafa de las letras intransferibles”.
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Las contradicciones del discurso oficial
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dirigido por Hernán Letcher, difundió un informe en el que cuestionó varios de los fundamentos de la reforma. En primer lugar, el trabajo señaló que el mandato único que propone el Gobierno constituye una excepción dentro de la comparación internacional.
Solo el Banco Central de Reserva del Perú y el Banco de la República de Colombia presentan un esquema similar, mientras que la mayoría de los bancos del mundo (entre ellos los de Estados Unidos, Israel, Brasil, México, Uruguay, Chile, Inglaterra y la Unión Europea) contemplan objetivos adicionales, como crecimiento económico, pleno empleo o estabilidad financiera.
El informe también remarcó que el proyecto argentino toma como modelo explícito al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cuya Carta Orgánica calificó como “la más restrictiva de la región”, pero que la propuesta de Milei “lo excede en varios aspectos”.
Según el CEPA, la reforma local no contempla la cláusula que sí conserva Perú para la compra acotada de títulos de deuda en el mercado secundario, y además incorpora sanciones penales por emisión monetaria que el esquema peruano no prevé.
En materia de utilidades, el organismo también señaló que Milei no solo restringe la capacidad de transferencia al Tesoro, sino que “pretende condicionar la aplicación de los fondos”, algo que (de acuerdo al informe) tampoco figura en la legislación peruana.
Uno de los ejes centrales del documento apunta a las transferencias de utilidades realizadas por el propio Gobierno durante su gestión. Según el CEPA, entre 2024 y 2026 esos giros ya totalizan el equivalente a USD 24.200 millones, unos $36,4 billones de pesos.
En 2025, por el resultado del ejercicio 2024, las transferencias ascendieron a $11,7 billones, equivalentes al 40% de la Base Monetaria de ese momento, fondos que (según el informe) se destinaron a pagar deuda en pesos a inversores que no refinanciaron y a comprar los dólares liquidados por la baja transitoria de retenciones.
En 2026, el monto de las transferencias llegó a $24,4 billones, de los cuales $18,4 billones (unos USD 13.500 millones) se aplicaron a la cancelación de Letras Intransferibles y el resto se giró a la cuenta del Tesoro en el Central.
El informe del CEPA describe ese proceso como el resultado de sucesivos cambios contables. En mayo de 2024 se modificó la valuación de las Letras Intransferibles; en abril de 2025 el Gobierno tomó deuda con el FMI utilizando esas letras como argumento.
Y en mayo de 2026 empleó la ganancia contable no realizada del Banco Central para recomprar esos instrumentos con una quita del 40% para el Tesoro. Según el documento, ese esquema generaría además una nueva ganancia contable para el BCRA en 2027, de al menos $6 billones.
El trabajo también cuestionó la independencia real de la entidad monetaria durante la actual gestión.
El hecho más señalado ocurrió el 5 de octubre de 2025, cuando el propio Milei reconoció en una entrevista con Luis Majul haber convocado al equipo económico a Olivos para definir el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI): “Convoqué a todo el equipo económico a Olivos (…) Yo los convencí y empezamos a limpiar las LEFI”, relató el mandatario.
El informe también recordó que Bausili y Caputo fueron socios previamente en la consultora Anker Latinoamérica, que fue el propio ministro (y no una autoridad del BCRA) quien explicó públicamente en julio de 2024 el traslado de parte de las reservas de oro de la entidad, y que Bausili participó en reuniones de Gabinete en al menos cuatro oportunidades durante 2025 y 2026.
A esto se suma que Bausili y buena parte del directorio ejercen sus cargos “en comisión”, sin acuerdo definitivo del Senado.
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“No se utiliza en prácticamente ningún país del mundo”
La presentación del proyecto generó reacciones de la oposición y de exfuncionarios. El diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, sostuvo que “el esquema de ‘shutdown’ tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado”.
También sostuvo en su cuenta de X que el “grueso de las reformas anunciadas” corresponde en realidad a la Carta Orgánica vigente desde 1992, y no a la de 2012, y agregó que “el modelo propuesto por el presidente no se utiliza en prácticamente ningún país del mundo”.
El expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli cuestionó en particular el requisito de los dos tercios para remover a las autoridades del organismo, al que describió como un “caballo de Troya” para la próxima gestión.
Vanoli también puso en duda la independencia actual de la entidad, al recordar que Bausili y Caputo “fueron socios” antes de asumir sus cargos, y afirmó que “no existe ningún país que criminalice la emisión monetaria”, al tiempo que recordó que el propio Gobierno recurrió a esa herramienta y a las utilidades del Banco Central durante su gestión.
El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó por su parte el anuncio del “grillete fiscal” y afirmó que “muchos servicios esenciales ya no se están garantizando” por el ajuste y los despidos en la administración pública.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA será enviado formalmente al Congreso el próximo martes, junto con las iniciativas de desregulación del mercado de capitales y del sector de seguros anunciadas en la misma cadena nacional.
Se trata de una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para la segunda mitad del año, en momentos en que la administración libertaria busca reforzar su programa económico de cara a lo que resta de su gestión y las elecciones de 2027.
