La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevó adelante su segunda sesión, en la que los legisladores ratificaron los expedientes que piden el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Además, durante la sesión se escuchó el relato de una sobreviviente de la última dictadura que denunció que Horacio Rosatti es responsable de encubrir a su torturador.
Luego de una primera sesión en la que se enumeraron los 14 proyectos presentados para remover a los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; legisladores, abogados y representantes de organismos de derechos humanos realizaron una nueva sesión en la que ratificaron sus denuncias.
Durante el transcurso de la misma, Patricia Isasa (sobreviviente de la última dictadura) denunció que Rosatti encubrió a su torturador mientras se desempeñaba como Intendente de Santa Fe.
Mal desempeño y falta de idoneidad moral
La primera en tomar la palabra fue Paula Oliveto. La Diputada de la Coalición Cívica se refirió a su denuncia contra Ricardo Lorenzetti, la cual se sustenta “en su mal desempeño, su falta de idoneidad moral y por eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones“, según explicó.
Asimismo, aclaró que “no vamos en contra de su rol, sino por el manejo de los fondos“, particularmente, “por el rol que tuvo Lorenzetti como presidente de la Corte”. En ese sentido, la legisladora explicó que:
“Debido a sus competencias, de él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre el presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico del Poder Judicial”.
La denuncia presentada por Oliveto contra el magistrado pone énfasis en 29 hechos que se le imputan. Además, entre sus argumentos para el pedido de juicio político está su rol como “articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de las competencias” y “la evidente falta de transparencia” en su gestión al frente de la Corte Suprema.
A esto se suma su rol a la hora de “cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia.”
El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, agregó que esta denuncia “es una ampliación del proyecto de su preopinante” y, en la misma línea que Oliveto, puso énfasis en “el poder de influencia de Lorenzetti sobre los distintos actores para que se sancione la Ley del Consejo de la Magistratura“.
Federalismo y derechos humanos
Por su parte, el representante del Frente de Todos, Eduardo Valdés, se refirió a su pedido contra los cuatro integrantes del máximo tribunal y consideró que “el mal desempeño es contra el federalismo y contra los derechos humanos“.
Además de basarse en los artículos de la constitución que los jueces habrían violado, detalló que:
“La denuncia es por irregularidades en la gestión de la obra social de la Corte, por abuso de autoridad, y por tráfico de influencias, entre otros fundamentos”.
Sobre Rosatti en particular, expresó que el cortesano habría cometido el “delito en la comisión de sus funciones“. Asimismo, recordó que el “proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores” y fue “presentado en esta cámara con la firma de 15 diputados nacionales“.
En ese contexto, el Diputado apuntó al fallo de la Corte con respecto a la distribución de los fondos coparticipables, en el que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de las demás provincias del país. “Distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores“, dijo al respecto.
Por otro lado, apuntó a la decisión de Rosatti de no escuchar a los gobernadores que pidieron presentarse como amicus curiae en la medida judicial pedida por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño.
“¿Por qué no escuchó a los gobernadores?, ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?”, expresó.
Organismos de derechos humanos
Finalmente, fueron los representantes de los organismos de derechos humanos quienes ratificaron su denuncia a través del abogado Pablo Llonto, quien explicó que:
“El hecho es que esperamos hasta el 22 de enero si Horacio Rosatti convocaba a la comisión interpoderes, creada frente al enorme problema para reanudar y acelerar causas de lesa humanidad y que era imposible que avanzaran“.
Sobre la comisión, recordó que “no sesionó y no fue convocada jamás” durante la presidencia de Rosatti, y acusó al juez de cometer “uno de los hechos más graves porque el mensaje con ese silencio es un mensaje que llega a todos los jueces“.
También tomó la palabra la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien expresó sobre los magistrados que “si tuvieran un mínimo de dignidad en este momento ya estarían renunciando al cargo“.
Encubrir a un torturador
Durante la sesión también se pudo escuchar el relato de Patricia Isasa, ex detenida-desaparecida, quien relató cómo el juez Horacio Rosatti encubrió a su torturador mientras se desempeñaba como intendente de Santa Fé.
Según explicó, en 1976 y con 16 años de edad, fue detenida, torturada y violada en la ciudad de Santa Fé. En este contexto, Eduardo Alberto Ramos estuvo entre los participantes del aberrante hecho.
Posteriormente, mientras Rosatti era el intendente (1995-1999), mantuvo al torturador como empleado municipal.
“Todo el mundo me decía que era el matón de Rosatti, que era el intendente de la ciudad de Santa Fe”, recordó Isasa, “vos podés ser el intendente pero podés no saber quiénes son tus empleados“.
Además, comentó que “aunque los conozcas, por ahí no conocés el currículum de tus empelados”, por lo que “me pareció que lo que correspondía era entrevistarse con él y decirle realmente quién era Ramos”.
Sin embargo, a pesar de explicarle al actual presidente de la Corte los hechos en los que participó Ramos, el entonces intendente ignoró sus antecedentes y lo mantuvo en sus funciones.
“Lo detienen a Eduardo Alberto Ramos a fines de 1977“, recuerda Isasa, “trabaja en la represión en el 76 completo y 77 hasta fines de noviembre de 1977”. Además, señaló que:
“Ahí es detenido por hechos comunes: privación ilegal de la libertad, robos reiterados y abusos. Es condenado por estos hechos a 16 años de prisión. Se lo muestro a Rosatti. También tenía causas por corrupción de menores. Si lo comparamos con Robledo pucho, este es un bebé de pecho”.
Cabe recordar que Ramos fue condenado y detenido en 2005 por delitos de lesa humanidad, a partir de la ley 25.779 (que anuló las leyes de impunidad en 2003). Según los organismos de derechos humanos, es una ley que Rosatti quiere frenar.
“Además de esto”, dijo, “es la persona que me secuestró, que entró a mi casa a cara descubierta, que nos torturó“. “No le conté lo de la violación porque me costó décadas hablar de esto”, recordó sobre su entrevista con el Intendente.
Asimismo, recordó comentarle a Rosatti que por falta de idoneidad y por haber sido juzgado por un delito doloso, Ramos no podía desempeñarse como empleado en la Secretaría de la Cultura.
“Ramos era amo y señor de ese lugar, me hizo de todo, pero de todo. Apenas entré me ató de todas maneras, me puso una capucha, nos pateaba, nos maltrataba. Un compañero se logró desatar, abrió la ventana y se quiso matar”, añadió.
“Dijo qué barbaridad o algo así pero no hizo nada“, agregó en relación a la reacción del Juez al escuchar su relato. “Yo no me quedé con eso y seguí denunciando“, aclaró ella.
Finalmente, explicó que su denuncia se presenta con la intención de proteger los intereses públicos, no como una búsqueda de castigo contra el Juez.
“Soy argentina, amo este país. Nos merecemos gente proba en la Corte. Las hay. Hay muchísima gente proba. No nos merecemos una persona como Rosatti“, concluyó.
