Diego Santilli se reunió con Gustavo Sáenz y se aseguró el apoyo de los legisladores que responden al gobernador salteño a la reforma laboral que impulsa Javier Milei, que sumó a CAME a la lista de detractores. Desde la cámara de la mediana empresa advirtieron que la reforma generará “mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral“.
Diego Santilli prosiguió esta semana con su gira por las provincias en busca de respaldos legislativos para la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En su visita a Salta, el ministro del Interior obtuvo el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, quien le garantizaría al oficialismo tres votos en Diputados y uno en el Senado.
Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que agrupa a las PyMEs, solicitaron la eliminación de cinco artículos vinculados a los convenios colectivos, advirtiendo que podrían generar mayor conflictividad laboral.
Este escenario se desarrolla en un contexto industrial cada vez más precario, con sectores clave mostrando caída del empleo registrado pese al crecimiento económico. En este marco, el gobierno de Javier Milei apuesta a blanquear el trabajo precarizado para mostrar mejores números de empleo.
Santilli suma el apoyo del gobernador Sáenz
El encuentro entre Santilli y Sáenz se concretó este lunes en la Casa de Gobierno de Salta y se extendió por dos horas. Se trata del quinto encuentro del funcionario nacional con gobernadores aliados en lo que va del año, tras reunirse con Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).
Durante la conferencia de prensa conjunta, el ministro aseguró que la iniciativa no busca quitar derechos sino incorporar al sistema formal a millones de trabajadores. En esencia, las modificaciones implican flexibilizar las relaciones laborales para presentar a más trabajadores como empleados formales.
“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, dijo el funcionario.
Este es el principal argumento de La Libertad Avanza, aunque no está claro cómo la iniciativa generaría empleo privado. De hecho, esa es una de las críticas del peronismo opositor, que recuerda que durante los años ’90 y el macrismo la flexibilización laboral no derivó en mejoras en los números de empleo.
Sea como fuere, Sáenz expresó su disposición a avanzar con la “modernización” laboral. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando“, afirmó el mandatario salteño, quien además destacó tener “voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.
El gobernador de Salta cuenta con tres legisladores que le responden en la cámara baja y con Flavia Royón en el Senado, quien fue su vicegobernadora y exfuncionaria del gobierno libertario.
Desde la Casa Rosada se mostraron optimistas: “(Las negociaciones) están muy bien, es un proyecto que va a salir. Todos los gobernadores con los que hablamos están de acuerdo”, aseguró una fuente con despacho en el gobierno nacional.
La agenda de Santilli continuará esta semana con viajes a Neuquén el miércoles, para encontrarse con Rolando Figueroa, y a Entre Ríos el jueves, para reunirse con Rogelio Frigerio, uno de los principales aliados de Nación.
El ministro también quiere reunirse con Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, el único de los mandatarios provinciales abiertamente opositores que recibió invitaciones de Casa Rosada. Cabe recordar que los demás gobernadores de Unión por la Patria fueron totalmente aislados de cualquier negociación.
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El capítulo tributario tensiona las negociaciones
Pese a las señales de buena voluntad recogidas por Santilli en sus recorridas, el proyecto enfrenta un escenario de desconfianza con los gobernadores, fundamentales para garantizar los votos en el Senado. En general, los mandatarios provinciales reclaman gestos concretos en materia de fondos, obra pública y deudas previsionales antes de comprometer su respaldo legislativo.
El principal foco de conflicto radica en el capítulo tributario del proyecto, específicamente en la reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades, que los gobernadores advierten impactará de manera directa en la coparticipación federal.
Esta modificación generaría una disminución de los recursos que las provincias reciben de la Nación, afectando sus arcas en medio del ya asfixiante ajuste fiscal que viene impulsando el gobierno nacional. Hasta ahora, la estrategia de Nación consiste en presionar a las provincias aliadas para que respalden el proyecto sin mayores compensaciones inmediatas.
Aunque en el entorno de Santilli se mostraron permeables a activar algún tipo de compensación para los gobernadores, como podría ser un reparto más flexible de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por el momento solo apelan a prometer una reactivación económica en el largo plazo.
“Lo que las provincias pierden por Ganancias lo van a terminar recuperando el próximo año con la recuperación de la economía y el empleo, que los hará recaudar más”, aseguran en la sede del gobierno nacional.
Esta postura, según fuentes de la Casa Rosada, surge de la mesa chica de la secretaria General Karina Milei, integrada por sus dos principales operadores políticos: el armador Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
Más allá de esto, dentro de Casa Rosada se discute entre dos posiciones: Por un lado, el equipo económico liderado por el ministro de Economía Luis Caputo plantea avanzar con la reforma tal como fue redactada; por el otro, un sector más dialoguista pide tener en cuenta las demandas de las provincias.
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Advertencias y objeciones en el sector PyME
La CAME, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), elevó al Senado un documento donde solicita de manera “imperiosa” la supresión de los artículos 126 al 132 del proyecto, argumentando que su implementación podría contrariar el espíritu de la reforma.
Aunque se mostraron abiertas a cambios en la legislación, las organizaciones que representan a las PyMEs alertaron sobre las modificaciones en los convenios colectivos que podrían generar mayor inestabilidad y disputas en el ámbito laboral.
“El artículo modificatorio de la ley de negociación colectiva vigente desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”, sostiene el comunicado.
El cuestionamiento central recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, excluyendo las obligacionales.
Para la CAME, esta modificación entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al introducir una regresión injustificada en derechos laborales consolidados.
Otro punto sensible es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias, mientras preserva los de los sindicatos. Las cámaras calificaron esta medida como desigual y discriminatoria, ya que podría debilitar la representación patronal a nivel nacional y desequilibrar las negociaciones colectivas.
Las objeciones se extienden a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad. Para la organización, esto fragmentaría el marco regulatorio de las actividades económicas, introduciendo disparidades salariales injustificadas y vulnerando el principio de igual paga por igual labor.
Finalmente, el artículo 132 fue criticado por otorgar al Estado la potestad de suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Las tres cámaras advirtieron que esta facultad discrecional añade un elemento de imprevisibilidad que perjudica la planificación tanto de empresas como de empleados.
El texto, firmado por el presidente de la CAME, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, enfatizó que estas recomendaciones buscan forjar una ley que asegure “estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad”.
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El deterioro del empleo registrado en sectores clave
Cabe recordar que Milei firmó el decreto que oficializa el llamado a sesiones extraordinarias, que iniciarán el 2 de febrero y se extenderán hasta el 27 del mismo mes. En el temario se incluyen la “modernización” laboral, la reforma a la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo apunta a lograr la media sanción el 11 de febrero.
La convocatoria se da en medio de un contexto industrial marcado por la pérdida de empleo registrado en diversos sectores de la economía. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) analizados por la consultora EconViews, varios sectores económicos que mostraron crecimiento hasta octubre expulsaron mano de obra registrada.
En el área de minería y petróleo, la pérdida de empleo registrado alcanzó el 7,6% del total; Servicios Financieros, el 2,7%; actividades Inmobiliarias y de Alquiler, el 5,3%; y Servicios técnicos y/o profesionales a empresas, el 3,9%.
Los sectores tradicionales también sufrieron caídas significativas: la industria Textil perdió el 15,2% de su plantilla; Automotores y neumáticos, afectados por las importaciones, el 6,3%; y la construcción, el 16,1%, con la paralización de la obra pública.
Quienes en términos relativos aportaron más empleo registrado fueron Actividades Informáticas, con el 5,5%, y las agropecuarias y pesca, con el 2,8%. Según la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desocupación cayó al 6,6% en el tercer trimestre, frente al 6,9% del mismo período de 2024 y la economía creció 3,3%.
La pregunta es cómo se explica la convivencia entre esta caída de la desocupación y la pérdida de empleo registrado. Especialistas del mercado de trabajo destacan el cuentapropismo como factor de esta baja paradójica.
En otras palabras, los empleados expulsados del sistema formal recurren a empleos de menor calidad o altamente precarizados para generar ingresos y no caer en el desempleo. Esto se traduce en una baja de la desocupación, pero en un aumento de la precarización que el gobierno nacional quiere acompañar con la ley de reforma laboral.
Lo más curioso de los datos oficiales es que los números negativos alcanzan incluso a los sectores más pujantes de la economía en la actualidad, como la minería y el petróleo, que marcaron una caída del empleo privado de más del 7%.
