La Fiscalía pidió formalmente que se abra una investigación penal para determinar si el gobierno de Javier Milei usó fondos públicos para facilitar el escape de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos través de Argentina tras las elecciones.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió formalmente a la jueza María Eugenia Capuchetti que se abra una investigación penal para determinar si el gobierno de Javier Milei usó fondos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, con paso por la Argentina.
El planteo es un nuevo paso en un expediente que hasta ahora estaba en etapa preliminar. Por el momento, la fiscal no imputó a ningún funcionario.
La principal sospecha es un posible uso irregular de recursos estatales: autos oficiales, personal, viáticos y otros bienes del Estado que habrían servido para asistir al dirigente brasileño. La investigación busca establecer si hubo colaboración desde el Estado argentino, quiénes intervinieron, qué recursos se emplearon y con qué autorización.
Ochoa también pretende reconstruir si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si existieron instrucciones políticas para facilitar el operativo. Otra línea es determinar si algunos funcionarios omitieron deliberadamente los controles que les correspondían.
Además, se intenta saber si las autoridades conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro en su país y si hubo irregularidades en los controles migratorios. Las denuncias que originaron la causa mencionan posibles delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El requerimiento se suma a las medidas dispuestas el 29 de octubre por Capuchetti, a pedido de la fiscal. La jueza ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de las áreas de Migraciones y Aduana, correspondientes a los movimientos de Bolsonaro y su familia.
También pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los registros de ingreso y egreso, los controles a los pasajeros y el avión privado utilizado. A la Cancillería y al Ministerio de Seguridad les requirió datos sobre alertas, comunicaciones o pedidos de cooperación de las autoridades brasileñas.
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La fuga de Bolsonaro vía Argentina
Cabe recordar que el senador y excandidato presidencial brasileño ingresó al país la noche del 27 de octubre junto con su esposa y sus dos hijas, por el puente que une Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, en Misiones.
Horas después abordó un avión privado de Baires Fly que partió hacia Guayaquil, Ecuador, desde donde siguió rumbo a Miami. Habría entrado con su documento brasileño y salido con su pasaporte italiano.
El episodio quedó bajo la lupa porque el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, había dispuesto la retención de sus pasaportes y le había prohibido abandonar el territorio brasileño, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.
Sin embargo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que Bolsonaro entró con documentación válida y que no había ninguna alerta de Interpol que obligara a impedirle el tránsito. La Dirección Nacional de Migraciones informó, por su parte, que él y sus familiares no registraban impedimentos para ingresar.
La causa de Comodoro Py nació de la denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien apuntó contra Milei y otros integrantes del Ejecutivo por presunto encubrimiento. A ella se sumó una presentación del diputado Esteban Paulón, que en un primer momento fue asignada al juzgado de Daniel Rafecas.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano denunció los hechos ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú. En ese expediente, el fiscal Fabián Martínez había pedido informes sobre controles migratorios, registros de pasajeros y el vuelo privado, además de preservar imágenes de cámaras.
Más tarde, sin embargo, desestimó la causa al considerar que no se había configurado un delito durante el tránsito. Vale aclarar que esa decisión no implica el cierre de la investigación en Comodoro Py.
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Otro frente judicial: La causa $LIBRA
No es el único frente abierto del gobierno en la Justicia. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó este miércoles la queja de los damnificados en la causa $LIBRA, que buscan ser reincorporados como querellantes. La decisión fue de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, con la disidencia de Guillermo Yacobucci.
El expediente había quedado en el limbo después de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a todos los acusados, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, duramente cuestionado durante toda la investigación por su inactividad.
En julio, el magistrado había apartado como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, al considerar que no estaba acreditada la estafa y que, por lo tanto, no había damnificados.
Los afectados apelaron, pero la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificó esa decisión. Ante este escenario, la única expectativa de los damnificados era la Casación.
En su planteo sostuvieron que el apartamiento afectaba la garantía constitucional de acceso a la jurisdicción “en un expediente centrado en la promoción inicial del activo a cargo del Presidente de la Nación, la cual generó un masivo volumen de operaciones previo a un colapso abrupto de su cotización en una típica maniobra de manipulación de mercado”.
El próximo paso de la Casación será escuchar a las partes y resolver si dispone el reingreso de las víctimas como querellantes. De concretarse, podrán impulsar la acción penal, aportar pruebas y apelar las decisiones que se adopten.
