El Gobierno de Javier Milei decidió modificar su propuesta para reformar el Código Penal, aumentando las penas por delitos comunes al tiempo que reduce los castigos para casos de corrupción y eleva el piso desde el que se arrancan a perseguir delitos de lavado de dinero.
En medio de los escándalos judiciales que involucran a figuras del gobierno de Javier Milei (entre ellos los casos $LIBRA y ANDIS, que alcanzan a Karina Milei), el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsó un giro en la reforma del Código Penal.
El proyecto que reemplazaría al elaborado durante dos años reduce las penas para delitos de corrupción, eleva el umbral para que el lavado de dinero configure delito e incorpora cambios probatorios con potencial impacto en causas judiciales en curso, mientras endurece las sanciones para delitos vinculados a la seguridad urbana.
Cambio de planes con la reforma penal
El punto más controvertido del nuevo texto (a cuyo borrador accedió La Nación) es la modificación en la penalidad por corrupción de funcionarios públicos. En el proyecto anterior, esos delitos no solo contemplaban penas más altas, sino que se proponía declararlos imprescriptibles. Ambas iniciativas quedaron descartadas en la versión de Mahiques.
En paralelo, el piso para perseguir el delito de lavado de dinero pasaría de 150 salarios mínimos (unos 52 millones de pesos) a 5.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 4 millones de dólares. El cambio dejaría fuera del alcance penal una porción significativa de los casos actualmente en investigación.
El nuevo texto también introduce modificaciones en materia probatoria que restringen algunos mecanismos de incorporación de evidencia, lo que podría afectar la validez de pruebas en causas como el caso $LIBRA, ya que habilitaría planteos de nulidad sobre pruebas ya recolectadas.
Además, el capítulo sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que figuraba en el borrador anterior desaparecería. Aunque la imprescriptibilidad de esos delitos no se modifica formalmente, juristas advierten que el nuevo enfoque genera zonas de interpretación que podrían ser aprovechadas en presentaciones judiciales de condenados por crímenes de Estado.
En el otro extremo, la reforma endurece las penas para una serie de delitos comunes. Las estafas piramidales tendrán penas de entre tres y doce años. Los robos con modalidades como entraderas, salideras bancarias y motochorros incorporan agravantes y escalas que llegan hasta los doce años.
Las picadas ilegales podrán acarrear hasta seis años de prisión, con agravantes en caso de muerte. El grooming y la explotación sexual infantil también recibirán un tratamiento más severo, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad. Se tipifica específicamente la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
En materia migratoria, el ingreso ilegal al país y la violación de prohibiciones de reingreso tras una deportación pasarían a ser delitos contemplados en el Código Penal, con penas de hasta 20 años en los casos más graves.
El proyecto también incluye un capítulo sobre incumplimiento de obligaciones alimentarias, con penas de hasta seis años en casos reiterados o de evasión fraudulenta, y reformula los delitos de maltrato animal incorporándolos directamente al Código Penal con penas más elevadas.
Otro punto central es la incorporación de un supuesto “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligaría a jueces y fiscales a ponderar los derechos de las víctimas con mayor amplitud y les otorga un rol más activo en decisiones clave del proceso.
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Hacer la vista gorda con delitos de corrupción
La reforma del Código Penal venía desarrollándose desde hacía dos años. El borrador original fue elaborado por una comisión de juristas coordinada por el camarista Mariano Borinsky, y luego revisado por el exministro Mariano Cúneo Libarona y quien entonces era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En octubre pasado, Milei y Bullrich anunciaron públicamente la inminente presentación de un nuevo Código Penal. Ese texto nunca llegó al Congreso de forma formal.
Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia (designado por decisión de Karina Milei) el proyecto acumulado fue desplazado en pocas semanas. El nuevo ministro se reunió con los tres ministros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) y confirmó que elevará un informe a Milei antes de cualquier presentación formal al Congreso.
El contraste entre el discurso oficial y las decisiones concretas no pasó desapercibido dentro del propio gobierno. “Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país“, dijo un funcionario al tanto de las discusiones internas.
“En el proyecto de reforma que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso se dejó de lado”, agregó. “La reforma recorta por arriba y endurece por abajo“, comentó por su parte un legislador opositor sobre el proceso legislativo.
Es que, durante la campaña electoral, Milei hizo de la lucha anticorrupción uno de sus ejes centrales. La versión actual de la reforma abandona esa línea y apuesta al punitivismo en delitos de calle, mientras afloja las herramientas legales para perseguir delitos de cuello blanco.
El cambio se produce en el momento en que tres de sus figuras más visibles (Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni) enfrentan sospechas judiciales por hechos vinculados a enriquecimiento ilícito y corrupción.
En el caso de los hermanos Milei, la principal fuente de preocupaciones es la causa $LIBRA. Luego de que se peritara el teléfono del empresario cripto Mauricio Novelli, quedó claro que ambos estaban al tanto de la operación y tenían una relación con Novelli desde hacía años, que aparentemente incluía pagos no declarados y contratos para monetizar la imagen del libertario.
En el caso de Adorni, en los últimos días se conoció que utilizó el avión presidencial para transportar a su esposa a Nueva York y que durante los feriados de carnaval pagó un avión privado para ir a Punta del Este. En medio del escándalo, también se conoció que tiene propiedades que no figuran en sus declaraciones juradas.
