Patricia Bullrich aseguró que tiene un acuerdo “95% cerrado” con sus aliados para avanzar con la Reforma Laboral en el Senado, aunque reconoció que debieron aceptar cambios en el texto en medio de los reclamos de los gobernadores por el capítulo impositivo.
El oficialismo avanzó en la convocatoria a sesión especial del Senado para tratar la reforma laboral el próximo miércoles 11 de febrero. Tras una reunión entre Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, y los principales dirigentes de bloques dialoguistas, se acordó la fecha para el debate en la Cámara Alta.
Sin embargo, aunque Bullrich aseguró tener cerrado el 95% del proyecto, el capítulo impositivo continúa siendo motivo de tensión con los gobernadores. Las modificaciones tributarias afectarían la distribución de la coparticipación federal, pero los mandatarios provinciales hasta ahora no han logrado articular una posición unificada para negociar con el Gobierno nacional.
Bullrich reconoció que el proyecto no está cerrado al 100%
Tras el encuentro con los jefes de bloque dialoguistas, Patricia Bullrich se mostró optimista respecto al respaldo que tendría la reforma laboral. “Creemos que tenemos los votos. Si no, no convocaríamos”, afirmó la ex ministra de Seguridad, aunque reconoció que el acuerdo estaría cerrado en un 95%.
Es por esto que comentó que aceptaron cambios en la iniciativa, aunque intentó mantener el hermetismo sobre qué implicarían las modificaciones. “Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios, pero los vamos a dar a conocer recién en el recinto”, declaró.
La funcionaria agregó que decidieron “trabajar sin hablar de los cambios sobre los que llegamos a un acuerdo” y que mantienen las modificaciones “bajo cuatro llaves”. También mencionó que el Gobierno está dispuesto a realizar ajustes en los artículos que anulan la preeminencia de los convenios colectivos de trabajo nacionales, así como en el que elimina la ultraactividad.
La jefa del bloque oficialista afirmó que llevaría las alternativas acordadas a la mesa política del Gobierno, integrada además por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Santiago Caputo (asesor presidencial), Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Luis Caputo (ministro de Economía) y Diego Santilli (ministro del Interior).
A Eduardo Vischi evidentemente no le llegó el mandato de mantener el hermetismo, porque al salir de la reunión el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) comentó que aún está en vilo el capítulo fiscal.
“Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando“, expresó Vischi tras la reunión.
“Hasta ahora, estamos en duda”, dijo sobre el capítulo fiscal, “es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias”. El senador agregó que están trabajando en el tema, que tienen “algunas alternativas” y que la definición dependerá “de las últimas reuniones que podamos tener”.
El bloque radical, con 10 votos clave, resulta fundamental para que el oficialismo alcance el quórum de 37 senadores necesario para la sesión y la posterior media sanción del proyecto. El oficialismo cuenta con 20 legisladores en su bloque, por lo que necesita el respaldo de los bloques dialoguistas.
Arrancan las sesiones extraordinarias mientras el oficialismo aún intenta destrabar la reforma laboral
Las idas y vueltas por el capítulo fiscal de la reforma laboral
Cabe mencionar que el encuentro se desarrolló en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado, el mismo ámbito donde ya se había realizado un primer intercambio la semana anterior.
Esta vez participaron, además de Bullrich y Vischi, los presidentes de bloque Martín Goerling Lara (PRO), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Luis Juez (Frente Cívico por Córdoba), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Beatriz Ávila (Independencia).
La reunión se dio en medio de negociaciones intensas por el contenido del texto y por el impacto fiscal que algunos artículos podrían generar en las provincias. “Estamos todo el tiempo discutiendo. Nada va contra nuestra bandera fundamental que es la del superávit fiscal“, sostuvo Bullrich a la salida del encuentro.
En un intento por mostrar fortaleza, la jefa del bloque oficialista había afirmado previamente que el acuerdo con los bloques dialoguistas “está consolidado” y que habían reunido 44 voluntades.
Sin embargo, esta cifra incluiría a todos los senadores menos los peronistas, lo que significa que estaría contando votos que claramente no tiene asegurados, como los de los provincialismos que responden directamente a gobernadores con reclamos sobre el capítulo impositivo.
El principal punto de conflicto radica en el título XXIV del proyecto, que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias. Específicamente, el artículo 131 altera el artículo 73 de dicha norma, que regula el pago del Impuesto a las Ganancias de las sociedades.
La cuestión central es que estos tributos son coparticipables, lo que se traduce directamente en una merma de recursos para las arcas provinciales. Los gobernadores han manifestado su preocupación sobre el impacto que tendría la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades.
Desde el gobierno del salteño Gustavo Sáenz apuntaron que su provincia perdería alrededor de $80.000 millones. “No estamos para resignar más fondos“, había advertido Sáenz tras reunirse con Santilli y sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
Ante la resistencia, el ministro de Economía Luis Caputo inicialmente se había negado a quitar la baja de ganancias del proyecto. Sin embargo, aparentemente ahora ofrece una alternativa: que la reducción del impuesto esté atada al crecimiento económico, como una especie de cláusula gatillo que se activaría cuando la economía alcance un crecimiento del 4%.
El argumento del ministro es que con ese nivel de expansión económica, las provincias no perderían recursos porque mejoraría la recaudación por el impulso de la actividad. Sin embargo, esta propuesta tampoco convence a los gobernadores.
Asesores de los mandatarios señalan que los cálculos están mal y que el propio Gobierno espera que el crecimiento esté impulsado por actividades como la minería. El problema es el Régimen de Incentivos para Grandes Empresas (RIGI).
La normativa había sido impulsada por el oficialismo y, desde su aprobación, los proyectos mineros se plegaron a ella. Sin embargo, lo que había sido presentado como una forma de atraer inversiones ahora le juega en contra tanto a Nación como a las Provincias, porque los proyectos tienen reducción del impuesto a las ganancias y no mejorarían la recaudación provincial.
En las provincias sospechan que Caputo propone la cláusula gatillo como una maniobra para postergar indefinidamente la baja tributaria. Esta lectura cobra sentido considerando que en enero la recaudación impositiva cayó 7,4% en términos reales, encendiendo alarmas en las finanzas del Gobierno nacional.
Otro punto de tensión es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo esquema de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSES. Algunos senadores propusieron limitar su alcance al menos a las pequeñas y medianas empresas, aunque este punto parece generar menos resistencia que el capítulo impositivo.
Como alternativa de compensación, el trío de gobernadores del norte (Sáenz, Jaldo y Jalil) le acercó al Gobierno una propuesta: coparticipar el impuesto al cheque, cuya recaudación actualmente queda 100% para la Nación. Sin embargo, esta iniciativa también enfrenta obstáculos debido a la caída de la recaudación provocada por el propio gobierno nacional.
La caída de la recaudación tensa aún más las negociaciones entre Nación y los gobernadores por la reforma laboral
Los gobernadores no consolidan una posición unificada
Paralelamente a la reunión de Bullrich con los bloques dialoguistas, estaba prevista para el mismo día una cumbre de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en la zona de Puerto Madero. El objetivo era analizar los pormenores de la reforma laboral y, principalmente, discutir el impacto del capítulo impositivo en la coparticipación federal.
Sin embargo, la convocatoria finalmente se canceló por falta de quórum. Varios mandatarios (casualmente, todos dialoguistas) se excusaron argumentando “cuestiones de agenda”.
Entre quienes avisaron que no asistirían estaban Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba). Rolando Figueroa (Neuquén) también dudaba de su participación.
“Si se hace, no van a ir todos. Y tampoco vemos que salga algo de ahí“, habían anticipado desde una gobernación dialoguista antes de la cancelación. La decisión de muchos mandatarios de mantenerse en suspenso respondía al temor de generar una foto que les complicara las negociaciones individuales con la administración de Javier Milei.
Los más interesados en motorizar el encuentro eran los peronistas, quienes ven en los espacios colectivos de debate la única forma de canalizar sus reclamos, dado que tienen los puentes dinamitados con la gestión libertaria. Para este sector, la estrategia grupal aminora el peso de las herramientas con las que la Casa Rosada seduce individualmente a los jefes provinciales.
De hecho, el único gobernador peronista alejado del mileísmo que fue recibido por funcionarios nacionales fue Sergio Ziliotto (La Pampa), quien se reunió el martes con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.
A la salida, el pampeano se expresó sobre la reunión de gobernadores: “Mañana está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no“, declaró. Horas después, la cumbre fue cancelada.
Ziliotto fue claro al adelantar que los legisladores de su sector no acompañarán el proyecto oficial. También vienen criticando la reforma Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), todos ellos ignorados por Casa Rosada.
Mientras tanto, el ministro Santilli continúa su tour federal (ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes, con un viaje pendiente a Misiones) manteniendo conversaciones diferenciadas con cada distrito, la estrategia de Milei para romper las posibilidades de que os mandatarios provinciales actúen en conjunto.
Algunos, como el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Frigerio, brindaron un respaldo sin fisuras. Frigerio incluso habló de “apoyo contundente” de Entre Ríos. Menos entusiastas se mostraron Figueroa y Torres. Ni Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ni Llaryora (Córdoba) han confirmado su apoyo al proyecto, aunque hablaron de la necesidad de una reforma laboral.
