Finalmente, Javier Milei declaró la emergencia ígnea en las provincias afectadas por incendios ante la presión de la oposición y los gobernadores, y luego de las críticas que recibió por priorizar su agenda personal en Mar del Plata e ignorar la catástrofe ambiental.
El gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás ante la presión de la oposición, los gobernadores y la opinión pública, y finalmente declaró la Emergencia Ígnea en las provincias patagónicas. En paralelo, destrabó fondos para los bomberos voluntarios que combaten los incendios forestales en el sur del país.
La Casa Rosada había resistido durante semanas los reclamos de ayuda, mientras el Presidente participaba de eventos en Mar del Plata, donde se dedicó a impulsar su agenda personal junto a militantes y su expareja, Fátima Florez, lo que generó un fuerte rechazo social que terminó forzando la mano del gobierno libertario.
Sin embargo, la principal preocupación de Milei no es tanto el impacto en la opinión pública, sino destrabar los apoyos de los gobernadores dialoguistas a su reforma laboral, que deberá tratarse en el Congreso durante las sesiones extraordinarias que comienzan el 2 de febrero.
El envío de fondos a las provincias afectadas funciona, en la práctica, como una forma disimulada de compensar a los mandatarios aliados sin que parezca parte directa de las negociaciones legislativas.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentan contener el malestar de los mandatarios provinciales que amenazan con retirar su apoyo a la reforma si no se elimina o compensa el capítulo impositivo que reducirá significativamente la coparticipación federal.
Apurado por las críticas, Milei declaró la emergencia ígnea
Luego de semanas de presión, el gobierno nacional publicó este viernes el Decreto 73/26, firmado por todo el gabinete libertario, que declara la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La medida permite a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) poner en marcha una serie de acciones destinadas a combatir los incendios que hasta el momento del DNU habían consumido casi 230.000 hectáreas entre las cinco provincias afectadas.
Puntualmente, La Pampa registraba 168.000 hectáreas afectadas, Chubut sumaba 45.000 hectáreas, Río Negro contabilizaba 10.000 hectáreas, Neuquén alcanzaba las 6.000 hectáreas y Santa Cruz apenas 700 hectáreas.
Curiosamente, esta última provincia quedó excluida de la declaración de emergencia, a pesar de que su gobernador, Claudio Vidal, había sido parte activa de la presentación del proyecto conjunto de los cinco mandatarios patagónicos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmó además la Resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial, que establece un desembolso de 100 mil millones de pesos para 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado en todo el país.
Los fondos se utilizarán para adquirir equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego. Adicionalmente, se asignaron alrededor de 7 mil millones para entidades de segundo grado provinciales y otro monto similar para programas de capacitación.
En el texto del decreto, el gobierno admite que “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”, lo que hace “necesario e imperioso declarar la Emergencia Ígnea” para “adoptar medidas urgentes“. La declaración rige por un año en las cuatro provincias incluidas, que también fueron declaradas zona de desastre.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, impulsor principal de la cumbre de mandatarios patagónicos, recibió además $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una partida extraordinaria que refuerza la hipótesis de que el envío de fondos responde también a criterios políticos vinculados con las negociaciones legislativas en curso.
La cumbre política que analizó la declaración de emergencia ígnea se realizó en el despacho del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Participaron Karina Milei, Santilli, Caputo, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el asesor presidencial, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se conectó vía Zoom.
La reforma laboral sigue trabada y deja expuestas las dificultades de Milei para gestionar acuerdos políticos
Los gobernadores dialoguistas condicionan su apoyo
El pasado jueves, Diego Santilli tuvo que sumarse de urgencia a un encuentro que mantenían Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) en la Casa de Salta. El ministro del Interior viajó para intentar contener a estos gobernadores, que vienen advirtiendo que no acompañarán el proyecto si no se elimina el capítulo de Ganancias.
Finalmente, el neuquino Rolando Figueroa no participó del encuentro y el misionero Hugo Passalacqua se excusó por razones de salud. La reunión se extendió por más de dos horas, aunque sin definiciones concretas sobre el punto más conflictivo.
“Lo que estamos seguros es que no vamos a votar ninguna ley que signifique seguir disminuyendo los recursos de las provincias“, advirtió Jaldo antes de ingresar a la cumbre. El mandatario tucumano detalló:
“Nosotros ya no tenemos margen. La recaudación nos bajó por el IVA porque el consumo no levanta. Ahora, con esta reducción de alícuota evidentemente van a coparticipar menos ganancias, entonces vamos a tener problemas económicos y financieros, que ya lo tenemos”.
El problema central radica en que la reforma laboral incluye una reducción de 3 puntos porcentuales en el Impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales, que pasarían del 35% al 31%, además de la eliminación de impuestos internos a artículos suntuarios.
Según estimaciones del diputado peronista Guillermo Michel, esto significaría “una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 puntos porcentuales del PBI” en la recaudación de Ganancias, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias. Otras fuentes estiman la pérdida para las jurisdicciones provinciales en más de $1,1 billones anuales.
“Cuando nosotros pedimos recursos, no pedimos recursos que son de la Nación, pedimos recursos que por ley nos corresponden a las provincias”, agregó Jaldo, mostrándose más firme que su colega salteño. Sáenz, por su parte, manifestó disposición a votar la rebaja de ganancias a las empresas siempre que exista “algún sistema de compensación” para las provincias.
Los gobernadores también pusieron sobre la mesa “el estado crítico de las rutas nacionales por la falta de mantenimiento y conservación”, sumando otro tema de preocupación a las negociaciones. A la salida del encuentro, todos calificaron la reunión como “positiva”, aunque sin avances sustanciales.
Cerca de uno de los mandatarios señalaron que las conversaciones se extienden desde hace semanas. “Al margen del diálogo, de la predisposición, ya queremos empezar a concretar algunos temas. No puede seguir pasando el tiempo, seguir conversando y, como decimos en el interior, el poncho no aparece. Queremos respuestas concretas“, declaró el tucumano.
Los gobernadores patagónicos se unieron para reclamar por la Ley de Emergencia Ígnea
Las alternativas de Caputo para salvar la reforma
Ante la imposibilidad de retirar el capítulo fiscal de la reforma laboral, Luis Caputo comenzó a explorar alternativas de compensación que permitan mantener el apoyo de los senadores sin que Milei tenga que retroceder públicamente.
El mayor temor del gobierno es que el Presidente deba ceder ante los reclamos de sus aliados, lo que se percibiría como una derrota política incluso más grave que el eventual naufragio de la ley, amplificada por el contexto positivo que vive a nivel político (luego de imponerse en las elecciones y recibir guiños de la administración estadounidense).
La propuesta que Caputo planteó a los gobernadores consiste en compensar la quita de Ganancias con la coparticipación del impuesto al cheque, una idea que el propio Sáenz había mencionado a la prensa.
Se trata, sin embargo, de un atajo complicado: el gobierno buscaría compensar la merma de recursos en un impuesto coparticipable en un 50% con la coparticipación de un tributo que actualmente captura la Nación en su totalidad.
Según los cálculos de Michel, sería necesario coparticipar “un 20 por ciento” del impuesto al cheque para compensar a las provincias. “En el presupuesto 2026 el gobierno proyecta recaudar por impuesto al cheque $16,7 billones, el equivalente a 1,62 puntos del PBI”, dijo y detalló:
“Para compensar a las provincias se debería coparticipar, al menos, un 20 por ciento de la recaudación total del impuesto al cheque”.
Es una incógnita si la compensación se haría efectiva en el mismo momento de la media sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta o si requerirá otro trámite parlamentario. Por definición, cualquier debate sobre cuestiones tributarias debe iniciarse en Diputados, lo cual diferirá los plazos para la compensación prometida.
Esta incertidumbre genera desconfianza en los aliados del oficialismo. Según fuentes cercanas a un gobernador de Provincias Unidas, se está preparando una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, el ámbito donde se reúnen los jefes de las 24 jurisdicciones provinciales, para coordinar una posición conjunta.
Aparentemente, en la cumbre con el trío de mandatarios Santilli deslizó que las compensaciones se podrían discutir luego de la aprobación de la reforma, una promesa por demás sospechosa.
En las provincias sospechan que esa negociación posterior se hará revisando la nómina de legisladores que apoyen o rechacen la propuesta oficial, es decir, que el reparto se condicionaría a cómo vote cada bloque provincial.
El día anterior, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se había reunido con jefes de bloques aliados sin lograr acordar modificaciones. La exministra prometió regresar la semana próxima con más información tras conversar con representantes del Ejecutivo y, específicamente, con Caputo.
La respuesta libertaria a los planteos provinciales es que la recuperación económica que supuestamente generará la reforma será suficiente para compensar las pérdidas en la coparticipación. Sin embargo, los gobernadores son conscientes de que la quita será inmediata mientras que el eventual rebote económico, en el mejor de los casos, tardará tiempo en materializarse.
Sea como fuere, Santilli continúa su gira por el país como escucha, consciente de que la decisión final es responsabilidad de la mesa chica del Ejecutivo. Este viernes el ministro estará en Corrientes, provincia gobernada por Juan Pablo Valdés, quien asumió en diciembre y viene expresando los problemas que enfrenta su administración por la caída de la coparticipación.
En la agenda del Ministro también figura una visita a Misiones, donde Passalacqua le dejó un pliego de reclamos a finales del año pasado que aún no se terminan de resolver. La estrategia del funcionario apunta a reunir apoyos no solo para la reforma laboral, sino también para la ley de glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil.
